La Laguna

La Comisión de Patrimonio insular deja de controlar las obras menores del casco

La consejera del área, Josefa Mesa, cree que la medida zanja la polémica con el Consistorio lagunero sobre las licencias del centro histórico

01.03.2016 | 11:46
Vista panorámica del casco histórico lagunero.

La Comisión de Patrimonio del Cabildo tinerfeño ha decidido dejar de supervisar las solicitudes de licencia de obra menor del casco histórico lagunero. No obstante, la excepción solo se aplicará a los inmuebles que no estén declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) y que hayan sido construidos con posterioridad a los años 60, siempre y cuando, los trabajos no afecten a las fachadas. La medida busca zanjar la polémica abierta con el Ayuntamiento lagunero hace un mes, cuando se filtró a los medios un documento interno de la Institución insular, en el que se acusaba a la Administración local de haber obviado su obligación legal de pedir autorización previa a la Comisión antes de permitir que se mueva una sola piedra en la ciudad protegida por la Unesco.

La consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, explicó ayer que el detonante del conflicto fue la Ley de Patrimonio de Canarias. "La normativa establece que todos los expedientes de obras de los cascos históricos deben pasar previamente por la Comisión de Patrimonio para que dé su conformidad. Es obligatorio para La Laguna pero también para Los Silos, La Orotava y Tegueste. Lo que pasa es que todos tienen en vigor planes especiales de protección, que, a su vez, fueron aprobados con el visto bueno del área de Patrimonio. Por tanto, creemos que la ley impone un celo excesivo y debe ser modificada", enfatizó.

El Cabildo justifica que las licencias tengan que pasar el doble filtro de la Gerencia de Urbanismo y de la Comisión de Patrimonio insular basándose en la normativa regional, aunque Josefa Mesa admite que "en otras comunidades autónomas esto no se hace cuando hay un Plan Especial de Protección –como el que tiene el casco lagunero–, que es la herramienta de trabajo que regula de forma suficiente la concesión de licencias".

El Plan Especial de Protección (PEP) de la ciudad se aprobó en julio de 2005. Su redactora fue la arquitecta María Luisa Cerrillos, quien también asumió la dirección de la oficina de gestión del casco desde entonces hasta 2014. El dictamen interno del Cabildo denunciaba al aprobar el PEP –en 2005– que el Ayuntamiento dejó de remitirle los expedientes de licencias que tramitó la oficina dirigida por Cerrillos. "Multitud de actuaciones permitidas por el Ayuntamiento han sido llevadas a cabo sin obtener ni autorización ni previa conformidad, con lo que, inevitablemente, en muchas intervenciones que han variado la fisonomía del conjunto histórico de La Laguna, no ha existido control alguno de este Cabildo", prosigue el documento.

Este dictamen fue enviado al Ayuntamiento y respondido por las autoridades locales con otro informe realizado por la Universidad de La Laguna, en el que expertos independientes daban la razón al Consistorio, al interpretar que no había existido ningún incumplimiento jurídico. Atendiendo a ese nuevo análisis de la situación, Josefa Mesa asegura que las diferencias entre ambas administraciones "han quedado aclaradas". "En la Unidad Técnica hemos acordado que lo mejor es delegar en el Ayuntamiento la gestión de las obras menores, que representan la inmensa mayoría de los expedientes que se tramitan y que tienen que ver con pequeños arreglos de tuberías o alicatados. Debemos aligerar los trámites para que sean también más ágiles y que los ciudadanos no tengan la sensación de que tener una vivienda en el casco histórico es una condena", afirmó.

Según indicó, con ningún otro municipio, de los cuatro que tienen cascos protegidos, surgió la controversia que ha tenido la Comisión de Patrimonio con el Consistorio lagunero. "Los demás, en general, nos mandan todos los expedientes para que les demos nuestra conformidad", aseveró la socialista Josefa Mesa y añadió que esto representa "un volumen importante" de trabajo para el área que dirige y admite que no tiene personal suficiente para asumirlo con la rapidez esperada.

"Necesitamos ampliar la Unidad de Patrimonio para poder responder a todo el trabajo que tenemos", dijo. En este sentido, detalló que "los recortes que se hicieron con la crisis y las plazas libres que no se han cubierto" han mermado la capacidad de respuesta que tiene la Institución insular, retrasando los trámites que se ven obligados a hacer los vecinos. "Debemos agilizar los procesos y contar con más personal", insistió Mesa.

La consejera confía en que las licencias de obras menores puedan resolverse con mayor celeridad en el ámbito municipal y los vecinos no sientan que la administración ejerce un rol obstruccionista al eliminar el requisito de contar con la autorización del Cabildo. "El Ayuntamiento de La Laguna argumentaba que el órgano gestor del PEP era el que debía tramitarlas y es lógico que lo haga salvo cuando se trate de inmuebles declarados BIC o edificios singulares, que el Cabildo seguirá tutelando porque la ley obliga a que en estos casos cualquier permiso de obra pase previamente por la Comisión de Patrimonio", matizó.

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