Santa Cruz

Las contradicciones del 'mamotreto'

El equipo de Gobierno posee cuatro informes en los que se dan opiniones distintas sobre cómo se debe ejecutar la sentencia

29.02.2016 | 11:30
El inacabado edificio de aparcamientos y locales comerciales de Las Teresitas, más conocido como ´mamotreto´.

El futuro del edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas quedaba sentenciado en febrero del 2014, fecha en la que el Juzgado de lo Penal número 5 daba a conocer el fallo en el que condenaba no solo a los implicados en la construcción irregular del conocido como mamotreto, sino que, además, ordenaba su demolición a cargo de los procesados. Nueve meses después, en noviembre del mismo año, la Audiencia Provincial dictaba un fallo firme en el que establecía la obligación de "demoler todo lo construido". No obstante, en dicha sentencia se especificaba que "excepcionalmente se permite que en ejecución de sentencia pudiera dejarse sin efecto el derribo de la parte que no invade servidumbre de protección, en el caso que se acreditara una modificación del planeamiento que haga innecesaria dicha demolición al posibilitar la legalización de la obra".

El hecho de que en el fallo firme se hablara la posibilidad de mantener parte de los aparcamientos trae de cabeza al equipo de Gobierno de la capital tinerfeña –formado por nacionalistas y populares–, pues las opiniones de los técnicos municipales no son unánimes a la hora de afrontar el derribo del edificio inacabado. Así, mientras unos aseguran que no hay planeamiento que pueda mantener el mamotreto en pie, otros insisten en que la demolición total del mismo podría conllevar un delito de malversación.

No obstante, estas no son las únicas discrepancias que existen en los cuatro informes que posee el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre cómo ejecutar dicho fallo judicial. Los técnicos tampoco se ponen de acuerdo en si es vinculante o no el hecho de que en el Plan General de Ordenación (PGO) –aprobado de manera parcial en junio del 2013– se contemple la construcción de un aparcamiento en la playa de Las Teresitas, un espacio que quedará ordenado mediante la redacción de un Plan Especial, que ya está elaborando la empresa pública Gestur.
Pese a que nacionalistas y populares ya han manifestado su intención de dar cumplimiento a la sentencia, lo cierto es que las discrepancias existentes en los cuatro informes –que han sido encargados para poder ejecutar el fallo judicial– solo han servido para que el equipo de Gobierno aún le esté dando vueltas a cómo ejecutar dicha sentencia judicial. Los cuatro documentos municipales son:
Servicios jurídicos de la Gerencia. A principios del pasado noviembre, el Ayuntamiento recibía un oficio del Juzgado de lo Penal número 5 mediante el que se instaba al Consistorio a demoler "a la mayor brevedad posible" el edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas. Este documento ordenaba al Ayuntamiento a derribar la parte del edificio que invade la zona de servidumbre de protección y dominio público marítimo terrestre, es decir, 420 metros cuadrados de los 4.000 totales que ocupa el inmueble.

Tras recibir dicho oficio, Bermúdez encargaba al área de Infraestructuras y Obras que iniciara el expediente para dar cumplimiento al requerimiento del Juzgado de lo Penal número 5, en aquella parte de la construcción que invadía la zona de servidumbre y también ordenaba a los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo que emitieran un informe en el que se aclarara si la parte del inmueble que no invadía la zona de servidumbre podría permanecer en pie.

De la misma manera, el regidor municipal también pedía que le informaran de los pasos que se habían dado para aprobar el Plan Especial que ordenará la playa y solicitaba la opinión de los técnicos sobre el hecho de que en el Plan General de Ordenación figure un aparcamiento en Las Teresitas, es decir, lo que Bermúdez preguntó es si el aparcamiento que aparece en el Plan General debe figurar también en el Plan Especial.

Los servicios de la Gerencia emitían el pasado diciembre un informe en el que contestaban a todas las dudas planteadas por el primer edil de la capital tinerfeña y concluía que la sentencia del Juzgado de lo Penal número 5 "es firme y tiene valor de cosa juzgada". "No existe impedimento físico o jurídico para el cumplimiento del fallo en sus estrictos términos", añade.

Asimismo, en el informe se especifica que "conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo una previsible modificación de la normativa o del planeamiento no es razón para no cumplir la sentencia en todo su alcance y contenido". Por tanto, la futura aprobación del Plan Especial no servirá para mantener el inmueble en pie.

Sobre la tramitación del plan, la Gerencia advierte al Consistorio que no le va a dar tiempo de cumplir los plazos previstos para sacarlo adelante, pues para poder tener lista la ordenación de la playa dicho plan tenía que haber sido enviado en diciembre al Gobierno para que pudiera "proponerse la aprobación inicial en marzo del 2016".

En cuanto al hecho de que en el PGO figure un aparcamiento y si es obligatorio que dicha instalación también sea recogida en el futuro Plan Especial, los técnicos explican que "el Plan Especial debe respetar por vinculante la red de aparcamientos como elemento principal de la estructura general viaria, movilidad y aparcamientos del Plan General". "La red tiene una previsión, dentro del ámbito del Plan Especial, de dos sistemas de aparcamientos: Uno subterráneo y otro en superficie, con forma y capacidad indicativas que el Plan Especial deberá estudiar, para, en su caso, proponer una redistribución de la ordenación no vinculante del fichero de aparcamientos", se especifica en el documento.

"El Plan Especial de Las Teresitas no es instrumento ni constituye norma para legalizar las obras acometidas y declaradas judicialmente ilegales", concluye el informe de la Gerencia.

Asesoría jurídica. A principios de este año, los servicios jurídicos del Consistorio remitían al alcalde de Santa Cruz su informe sobre el futuro del edificio inacabado de aparcamientos y locales comerciales. En dicho documento, que consta de más de 40 páginas, se aclara que en el fallo de la Audiencia se abre la puerta a mantener en pie la parte del edificio que no invade la zona de servidumbre de protección, es decir, 420 metros cuadrados.

"Entendemos que la Audiencia Provincial efectúa ´un juicio de legalización condicionado´ a la acreditación en fase de ejecución de sentencia de una modificación del planeamiento que permitiera la legalización", se explica en el informe para añadir: "La Audiencia Provincial admitió que, en ejecución de sentencia, pudiera dejarse sin efecto la demolición, únicamente respecto a la parte de las obras que no ocupan zona de servidumbre de protección si se acreditara una modificación del planeamiento que hiciera innecesaria la demolición al posibilitarse la legalización de la obra. Pero es evidente, en consonancia con el criterio jurisprudencial y doctrinal analizados, que tal innovación normativa se debía producir, en su caso, en un plazo prudencial".

No obstante, pese a reconocer que el fallo deja la puerta abierta a mantener una parte del mamotreto, también especifica que "no existe en la fecha de emisión del informe una ordenación pormenorizada completa y precisa –diferida al Plan Especial– que permitiera aplicar la excepcionalidad contemplada en el fundamento jurídico décimo de la sentencia de la Audiencia Provincial". "En el momento de evacuar este informe, aún cuando los trámites para la elaboración del Plan Especial del frente de playa ya se han iniciado, habiéndose adjudicado a Gestur el contrato para la redacción del documento, es imposible determinar la fecha de entrada en vigor del plan", añade.

Por ello, concluye que "no concurre en la actualidad ninguna circunstancia fáctica o jurídica que ampare plantear un incidente de imposibilidad legal de ejecución" de sentencia.

Secretaría General del Pleno. En el mismo mes en que los servicios jurídicos municipales daban a conocer su informe, el secretario del Pleno también emitía su opinión sobre el edificio de aparcamientos.

Una de las principales diferencias con respecto al elaborado por los servicios jurídicos de la Gerencia de Urbanismo es que el secretario del Pleno considera que el Plan Especial de Las Teresitas deberá recoger que en la cabecera de la playa va un aparcamiento, tal y como figura en el PGO. Por tanto, el Ayuntamiento tendrá que volver a construir el aparcamiento cuando lo demuela.

Así, el secretario asegura que "el PGO en el ámbito del frente de playa de Las Teresitas, y por lo que se refiere a los aparcamientos como dotaciones vinculadas a una zona de concentración de actividades, prevé dos actuaciones de 800 y 450 plazas respectivamente, ambas de titularidad pública y uso rotatorio".

"Las determinaciones de la ordenación pormenorizada se centran en la obligatoriedad de redactar un Plan Especial con arreglo a las condiciones establecidas en el fichero del PGO", insiste el secretario, quien manifiesta que el hecho de que el Consistorio no tenga redactado el Plan Especial impide "legitimar ninguna actuación de ejecución material de urbanización, edificación o uso del suelo".

Infraestructuras. El informe elaborado por el área de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio no solo es el último que se ha dado a conocer, sino que también es el que más se aleja de las conclusiones que se formulan en los tres anteriores. Así, en este documento, se le advierte al equipo de Gobierno que podrían incurrir en un delito de malversación de fondos públicos si demuele el mamotreto.

"El Ayuntamiento como encargado de la gestión del patrimonio de la ciudad, que encarna la defensa del interés público, no ha sido condenado hasta el momento y, por lo tanto, ninguna obligación puede apremiársele en este momento sobre su patrimonio como consecuencia de la sentencia", se afirma en el escrito de Infraestructuras para añadir: "la sentencia de la Audiencia Provincial impone a los condenados penalmente la obligación de un bien que no es suyo. Parece evidente que la demolición de un bien es una actuación de tal intensidad que hace desaparecer la cosa, y difícilmente se explica que se pueda imponer la obligación de demolición a quien no es titular del bien, salvo los supuestos de ejecución subsidiaria que no es el caso".

Por tanto, se precisa que "los condenados no podrán asumir una demolición de un bien que no es suyo incluso aunque quisieran, so pena de incurrir en un delito de daños". "Si los acusados no pueden intervenir en la propiedad ajena para destruirla, al margen de las infracciones que sobre el asunto hayan cometido y por las que han sido condenados, tampoco puede la Corporación municipal demoler el edificio de aparcamientos del que es titular sin que exista pronunciamiento alguno contra él. Máxime cuando ha hecho una importantísima inversión con fondos públicos pertenecientes a todos los ciudadanos, porque de hacerlo, incurriría en una malversación de fondos públicos". Estos son los argumentos que se utilizan en este informe para proponerle al equipo de Gobierno que solicite al Juzgado la inejecución de sentencia.

Asimismo, se hace hincapié en el hecho de que el Consistorio no ha tomado parte en el proceso judicial del denominado caso mamotreto, una decisión que le ha impedido defender sus intereses. Pese a que el Ayuntamiento no estuviese presente en dicha causa, "el Juzgado ha acudido rápidamente al Ayuntamiento para que coopere, lo cual no constituye sino la confesión de que la obligación que ha impuesto a los condenados es de contenido imposible para ellos". "Motivo este por el que provoca la intervención del Consistorio, ya que si se tratara de una mera colaboración, en primer lugar, no se haría de forma directa sin intimar previamente a quien tiene impuesta una obligación, en segundo lugar, el hecho de involucrar al Ayuntamiento para intervenir en un bien que es de su titularidad no es sino para subsanar el galimatías procesa que se ha generado", dice.

Por tanto, en el informe se especifica que "la intervención del Ayuntamiento como colaborador no procede ni siquiera en los términos planteados porque realmente parece consistir en vincularse a un procedimiento en el que hasta ahora no se ha personado como parte, y del que van a empezar a derivársele consecuencias negativas".

Por estos motivos, se recomienda al equipo de Gobierno que se persone en el procedimiento de ejecución de la sentencia, solicite su inejecución y que "valore incluso si debe ser la Comunidad Autónoma, titular de la servidumbre de protección, quien debería subrogarse en el papel que ha sido asignado a este Ayuntamiento".

En el documento se considera que "el edificio de aparcamientos sin terminar puede ser autorizado en la actualidad". Así, aclara que "con respecto a la parte que invade la servidumbre de protección, nada impide que el Gobierno canario otorgue una concesión en la zona de servidumbre, ya que tal y como se ha informado por su parte, ´los usos que plantea el Ayuntamiento de aparcamiento y locales son usos autorizables siempre que se aporte un proyecto básico´ vista la decisión municipal, ya que el PGO contempla en su ordenación estructural la necesidad de ubicar un aparcamiento en la playa".

Fuera de la servidumbre

En cuanto al resto del edificio, es decir, la parte que no está en zona de servidumbre explica que su futuro "depende únicamente de la voluntad municipal" y "con la adecuada tramitación del Plan Especial puede ampararse la construcción cuya ilegalidad ha sido declarada por adolecer en el momento del juicio de las formalidades que hoy pueden subsanarse para la defensa del interés público".

Asimismo, alerta de que el edificio de aparcamientos deberá volver a levantarse si se llegara a demoler, propone que se exija a Costas que aclare los errores producidos en el deslinde y, además, plantea la necesidad de que se solicite al Juzgado "una prórroga o aplazamiento de la ejecución de la sentencia hasta que finalice el deslinde actualmente en vigor, ya que las obras de edificación y demolición debe aplazarse".

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