Del Rosario afronta peticiones de cinco años de cárcel y el pago de 42,5 millones

Visto para sentencia el juicio contra el empresario

27.02.2016 | 02:00

El único procesado que queda por explotar los barrancos de Güímar sin control ya espera por sentencia. Desde que a finales de enero los otros tres encartados por los mismos hechos asumieran su culpabilidad y fueran castigados a un año y tres meses de prisión y a restaurar el terreno perturbado, Francisco Javier del Rosario ha afrontado las distintas sesiones del juicio en solitario para defender su inocencia, sobre todo, bajo el argumento de que él no es el responsable de la empresa que durante años extrajo material de manera ilegal, Áridos del Atlántico SL. Si su abogado solicitó ayer su absolución, la Fiscalía y las otras acusaciones mantuvieron sus peticiones de condena –cinco años de cárcel y que rehabilite la zona afectada–, mientras que el Ayuntamiento optó por rebajar hasta los 42,5 millones de euros la indemnización que reclama. Ahora, será el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial el que dicte si el investigado cometió un delito contra los recursos naturales y el medioambiente.

Después de que ocho testigos y peritos pasaran ante la Sala para dar cuenta de los hechos que ellos conocen sobre este asunto, el Ministerio Público, representado por Jaime Serrano-Jover, fue el primero en exponer sus conclusiones. Primero, afirmó que existen diferentes documentos que acreditan que esa entidad privada "continuó con la extracción" hasta 2007 pese a ser "precintada en 2004". Para él, esa "agresión" al paraje natural debido a la actividad realizada en las tres canteras que dependían de esa empresa supuso un "gran impacto visual" en el área hasta el punto de dejar "pulverizado" el Valle.

Ese ataque al entorno, en segundo lugar, también implicó la "desaparición irreparable" del suelo y subsuelo, con la consecuente "afección que conlleva para la biota", y el "peligro" generado para las personas. De hecho, especificó que la cantera de El Llano II, la de mayor vaciado de acuerdo a la declaración de ayer de varios de los citados, ocasionó daños al Camino Real al lindar con esta vía de tránsito, usada sobre todo por los titulares de las fincas agrícolas de los alrededores que también quedaron en mal estado hasta el punto de ser "un peligro para la seguridad".

Aunque el abogado del acusado, Rafael Sancho, defiende que su representado no era administrador de Áridos del Atlántico, sino un mero trabajador que "seguía órdenes de su jefe", supuestamente Miguel Reyes, el fiscal recordó que los testigos que pasaron por las diferentes sesiones "no sabían ni que esa persona existía". "A Miguel Reyes ni se le conoce ni se le espera" y fue utilizado porque el procesado "previó este escenario": Ser denunciado y enjuiciado por explotar el terreno "sin licencia". Para reforzar esta situación de ilegalidad, aludió a un fragmento del auto que dictó la Audiencia Provincial. "La clandestinidad se identifica con la ausencia o realización de la actividad evitando el control de la administración", recordó.

Si bien es cierto que ese sujeto figura en algunos de los documentos, el representante del Ministerio Público concluyó que "era un nombre que había que poner", y prueba de ello para él es que este reconoció ante el tribunal que "no tiene conocimiento en la materia" y que el padre del encartado procedió a "cederle de manera gratuita" la explotación con la que "ganaron miles de millones", aparte de que los citados que mantuvieron algún tipo de contacto con Áridos del Atlántico indicaron que con el que se "negociaba" era con Francisco Javier del Rosario, puntualizó Serrano-Jover.

Las otras partes

De acuerdo a su tesis, Miguel Reyes funcionaría como presunto testaferro, y esa es la misma línea que siguieron ayer las acusaciones particular y popular, representadas por el abogado Carlos Álvarez. Para intentar convencer a los magistrados sobre ese papel, aseveró que incluso el propio letrado que hoy defiende al investigado "sobreseyó la imputación de Miguel Reyes", además de que en los recursos posteriores el acusado "no cuestionó" su figura dentro de la empresa. "No entiendo que ahora vaya contra sus propios actos", criticó en referencia a Rafael Sancho, que sí que fue uno de los jueces instructores de esta causa.

Para Carlos Álvarez, esa persona era el supuesto hombre de paja "que apareció cuando el pueblo de Güímar se comía a los areneros", allá por la década de los 90, según sus cálculos. En autos de 2005, sin embargo, Francisco Javier del Rosario "aparece como administrador único y demandado" y "no se discute su habitualidad como administrador de hecho" de acuerdo a los relatos de los distintos testigos.
El abogado dejó atrás los indicios sobre la explotación ilegal, pues el "Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya dijo que no tenía licencia y que no cumplía con la normativa", pero no olvidó el impacto que la actividad causó en el paisaje. "No ha habido tal ataque" contra el medioambiente en el Archipiélago "como el que tuvo lugar en Güímar" durante al menos 15 años y "los areneros han sido un cáncer" para el municipio, dijo con vehemencia Carlos Álvarez, que ha llevado este caso durante los 11 años de proceso.

Por su parte, el letrado del encartado no solo defendió a su cliente, sino también a él mismo ante las menciones de las acusaciones particular y pública. Aparte de asegurar que no hay auto firmado por él en el que conste ese sobreseimiento, pues de hecho dijo haber "ordenado que Miguel Reyes prestara declaración como imputado", pidió la absolución para su cliente ya que sostiene que era un mero trabajador de Áridos del Atlántico que se "limitó a hacer lo que el jefe le decía".

"Todo lo que hizo Francisco Javier del Rosario fue ratificado por Miguel Reyes, el que debería haber estado sentado aquí", subrayó Rafael Sancho en alusión al banquillo. En su opinión, "no hay indicios suficientes para acreditar" que el procesado sea el administrador de la empresa y, aunque admitió que esa entidad nunca tuvo licencia municipal, añadió que fue "la única que pidió todos los permisos".
La causa prosigue contra los cuatro areneros por su supuesta responsabilidad civil y, al menos ayer, el abogado del Ayuntamiento, como parte afectada, decidió reducir la indemnización que solicita al acusado en casi 20 millones de euros, al pasar de los 62,4 a los 42,5 millones.

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