'Caso de Las Teresitas'

El Ayuntamiento defiende que Plasencia y González deben entregarle 104 millones

El Consistorio pretende recuperar los 52,5 millones, más intereses, que pagó a los empresarios en 2001 por 11 parcelas y devolverles terrenos de la playa en los que se podría construir un hotel y comercios

26.02.2016 | 19:03
Un momento de la última sesión del juicio civil de Las Teresitas, celebrada ayer.
El Ayuntamiento defiende que Plasencia y González deben entregarle 104 millones

El abogado del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Estévez, defendió ayer en las conclusiones del juicio civil de Las Teresitas que los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia deben devolverle al Consistorio los 52,5 millones de euros que este pagó a Inversiones Las Teresitas (ILT) en 2001 por 11 parcelas de la playa, más los intereses, lo que supondría unos 104 millones de euros.

Sin embargo, el letrado de ILT, Ángel Luis Guimerá, manifestó que la empresa no tiene por qué devolver ni un solo euro al Ayuntamiento a no ser que este le entregue los 11 terrenos con la posibilidad de construir en ellos 11 hoteles, "algo que ya no es posible, porque el Consistorio compró algo para después destruirlo, porque ya no se puede construir nada". En este sentido, el letrado municipal aseguró que el Ayuntamiento sí puede devolver terrenos de la playa a ILT, en los que además, y según el Plan General de Ordenación (PGO), se prevé la construcción de un hotel de 40.000 metros cuadrados y 2.962 metros cuadrados para comercios, "los cuales tienen un valor superior a lo que en su día se vendió". El Gobierno canario, a petición de la Fiscalía en la causa penal, ha tasado estos terrenos en 54 millones.

Ayer, y a pesar de que en un principio estaban previstas seis sesiones, finalizó el juicio de la causa civil del caso Las Teresitas, el cual se celebró a raíz de que el Tribunal Supremo declarase en 2007 la nulidad de la operación de compraventa del frente de la playa llevada a cabo entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas en 2001 porque no se tuvieron en cuenta las tasaciones realizadas por los técnicos municipales. El letrado de ILT recordó en sus conclusiones que este juicio se ha celebrado a petición de sus clientes para que se determinen las consecuencias de un contrato extinguido entre las dos partes.

La juez Carmen Serrano indicó ayer, tras acabar el juicio civil, en el que han declarado como testigos los peritos Pía Oramas, Elías Medina, Berta Álvarez, Javier Domínguez Anadón y Jordi Duatis, que ahora tendrá que decidir si dicta sentencia o si espera a que concluya la causa penal, para cuyo juicio aún no hay fecha y en la que están imputadas 13 personas, entre las que se encuentra el exalcalde Miguel Zerolo. En esta se investiga la operación de compraventa por la que el Consistorio pagó a los empresarios Plasencia y González 52,5 millones por las 11 parcelas de la playa, con el supuesto fin de evitar que se construyera en las mismas, 33 millones más del valor fijado en la tasación de la extécnica municipal Pía Oramas.

El letrado de ILT, que se niega a que se vincule la causa civil con la penal, quiso dejar claro que en la civil ya no es posible lo que pretende el Ayuntamiento. El Consistorio, debido a la declaración de la nulidad de la compraventa por parte del Supremo, quiere recuperar todo el dinero que pagó a los empresarios en 2001 por el frente de la playa y, por lo tanto, tendría que devolver el terreno a ILT. Sin embargo, y según explicó Guimerá, la Corporación tras adquirir las parcelas eliminó el aprovechamiento edificatorio de las mismas, que "era de 179.000 metros cuadrados", por lo que "estas no se podrían devolver". "Dice el Ayuntamiento que ahora hay casi 43.000 metros cuadrados de edificabilidad, pero es que en el PGO se remite al desarrollo de un Plan Especial que ni siquiera se ha realizado. Ese suelo en la actualidad está congelado y nada se puede hacer. Además, el Consistorio tendría la posibilidad de reducir dicha edificabilidad", dijo.

Por lo tanto, apuntó el letrado de ILT, esta entidad no solo se niega a devolver el dinero, sino que pretende quedarse con el mismo y también exige una indemnización al Ayuntamiento porque "el negocio ha sido declarado nulo por su causa, por no presentar una tasación municipal cuando se realizó la operación", lo que supondría unos 106 millones de euros. "Cómo pretende el incumplidor, según el Supremo, sacar negocio de algo que hizo mal", añadió Guimerá. Asimismo, si finalmente el valor de los terrenos que se vendieron en su momento es mayor, ILT exige esa diferencia. El letrado de los empresarios también manifestó que en todo este juicio el Consistorio no ha presentado ni una sola prueba ni "una tasación municipal", pues "de lo que ha hablado la extécnica son de borradores, ya que su dictamen final, en el que tasaba los terrenos por 19 millones, sigue sin aparecer, pues parece que no les interesaba que apareciera".

Proyecto de urbanización

Con respecto al proyecto de urbanización, según el cual los testigos de ILT han realizado sus dictámenes dando un valor superior a las parcelas que el que finalmente se pagó, y sobre el que la jueza preguntó "porque nadie lo ha visto", el letrado de los empresarios explicó que este sí existe, que se tramitó y que incluso fue aprobado por el pleno.

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