´Caso áridos de Güímar´

Los agricultores culpan a los areneros de secar el Valle y destrozar el Camino Real

El exalcalde y el exsecretario señalan a Del Rosario como responsable de una de las empresas extractoras

26.02.2016 | 10:39
El acusado durante su declaración por el caso áridos de Güímar.

Aunque el quid del juicio por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar ha pasado a ser si el acusado que queda, Francisco Javier del Rosario, es el auténtico responsable de la entidad explotadora de tres terrenos, parece inevitable hablar durante las sesiones del destrozo que los cuatro empresarios causaron al espacio natural durante al menos 15 años. Varios agricultores pasaron ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y todos coincidieron a la hora de contar los daños que sufrieron sus fincas debido a esta actividad. Algunos de ellos, incluso, culparon a estas personas de secar el Valle y de romper el Camino Real, una vía de tránsito que precisamente linda con una de las canteras con las que se relaciona al procesado.

De los productores que pasaron por la Sala, Francisco Hernández fue el más vehemente. Según contó, hace unos 18 años tenía una parcela en el Barranco de Badajoz en la que tenía plantadas 400 naranjeras, pero por culpa de las extracciones tuvo que "abandonarla por el peligro" que suponía "acercarse a ella", ya que la vía de acceso tenía una profundidad de "50 metros" al estar pegada a uno de esos hoyos, y porque la "polvareda" dañó sus árboles frutales. "Dejé de ir y tuve que venderla porque me afectaba la contaminación que producía la tierra ", lamentó, para después denunciar las consecuencias en el Camino Real, cerrado debido al riesgo de desprendimientos pero por el que aún así pasan personas, tal y como ratificó ayer la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro.

Hernández lo tiene claro: "El que vaya por ahí se juega la vida porque se viene abajo", advirtió a preguntas del fiscal Jaime Serrano-Jover. Además de todo eso, el agricultor aseveró que el cauce de los barrancos se ha visto perjudicado y que los hoyos y el polvo producidos secaron "todo aquello", una situación que fue puesta en conocimiento de las administraciones y que, según criticó, no hicieron nada, sino que más bien "nos tomaban el pelo".

Este afectado vino a corroborar la declaración de Mónica Díaz, representante de la asociación ecologista Tabona. "Fueron tantos los hoyos, la polución y el ruido que les obligaron a vender sus fincas", aseguró la testigo ante el tribunal. Pero estos cuatro areneros, tres de ellos ya condenados tras asumir que cometieron delitos ecológicos, también "se llevaron el cauce" de los barrancos con las extracciones, lo que deja al Puertito de Güímar en un "grave riesgo de inundación", advirtió ella. Pero la explotación fue tal que, siguiendo su declaración, incluso dejaron "en el aire la autopista", agregó.

Mónica Díaz recordó que esta situación llevó a la asociación a denunciar el caso ante las administraciones públicas, pero "nos dábamos contra los muros a pesar de que reconocían a veces que era un delito". En vez de actuar, lo que se hizo fue "declarar el suelo de interés público para poder expropiar las fincas" y ahora la consecuencia es el "caos" que existe en el territorio, en el que "no hay cauce por ningún lado y junto al que han urbanizado sin tener en cuenta esto", avisó.

Eustaquio Villalba, el portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), siguió la misma línea a la hora de denunciar el papel permisivo que jugaron las instituciones públicas y, de hecho, indicó que Tenerife aún hoy carece de un plan de extracciones y cuenta "con una sola cantera legal". El Ayuntamiento, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias son "cómplices" de los delitos ecológicos cometidos por los tres condenados y, en el caso de Francisco Javier del Rosario, presuntos, ya que aún afronta el juicio desde el banquillo aunque está previsto que las conclusiones de las partes tengan lugar hoy.

Para Villalba, las administraciones "consintieron" las actividad sin licencia y recordó la riada que sufrió el municipio en 1826, algo que, según advirtió, podría volver a suceder e incluso con consecuencias mayores, ya que "el aluvión provocaría que se colapsaran los hoyos" hasta el punto de producir "un tsumani", de ahí que aseverara que los núcleos poblacionales "corren un grave riesgo si no se reconstruye el espacio".

El procesado

Si tres de los cuatro areneros se declararon culpables antes de que arrancara la vista oral, Del Rosario quiso seguir adelante con el proceso porque defiende que él no es el responsable de la empresa que explotó las canteras de El Llano I, El Llano II y El Fregenal, Áridos del Atlántico SL. Mientras, las acusaciones pública y particular defienden su responsabilidad a la vez que intentan demostrar que Miguel Reyes, que figura como administrador, fue utilizado como testaferro. El exalcalde de Güímar Rigoberto González y el antiguo secretario municipal Domingo Hernández señalaron al procesado como representante legal de la entidad y afirmaron que en ningún momento este dijo o hizo constar lo contrario. Esta tesis, además, fue refrendada ayer por los dos denunciantes del caso, el agricultor Jesús Segundo Jorge y el exedil Francisco Javier Hernández.

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