´Caso de Las Teresitas´

La exarquitecta municipal defiende ante la juez que la playa solo valía 19 millones

Pía Oramas ratifica que el Ayuntamiento pagó a los empresarios Plasencia y González por la playa 33 millones más y que había un inventario donde el frente de Las Teresitas tenía titularidad municipal

25.02.2016 | 13:38
La exarquitecta municipal defiende ante la juez que la playa solo valía 19 millones
Pía Oramas, exarquitecta municipal del Ayuntamiento de Santa Cruz.

La exarquitecta municipal Pía Oramas defendió ayer ante la juez, durante la primera sesión del juicio civil del caso Las Teresitas, que el valor de los aprovechamientos de las 11 parcelas de la santacrucera playa era de solo 19,2 millones de euros, a pesar de que finalmente el Ayuntamiento de Santa Cruz en 2001 pagó más de 52,5 millones a Inversiones Las Teresitas, empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, para adquirir dichos terrenos, es decir, abonó 33,3 millones más de lo establecido entonces por la técnica del Consistorio, que hoy trabaja en el Cabildo. Oramas, que declaró como testigo, no pudo incluso ocultar su enfado ante algunas de las preguntas del abogado de los empresarios, el letrado Ángel Luis Guimerá, asegurando que en ningún caso ella realizó tasaciones en el Ayuntamiento por debajo de los valores del mercado y dejando claro que lo que hizo fue tasar los aprovechamientos de los terrenos y no el valor del suelo, que fue lo que le encargaron en la Corporación local.

Asimismo, la exarquitecta municipal manifestó ante la juez que le sorprendió que en aquel entonces el Ayuntamiento encargara tasaciones externas para "criticar" el informe que ella había elaborado. Indicó también que en ningún momento le facilitaron los datos de los registros de propiedad, por lo que ni siquiera sabía que se iba a llevar a cabo una operación de compraventa de las parcelas de la playa por parte del Consistorio a Inversiones Las Teresitas. De lo único que tenía conocimiento, declaró, era de un inventario de bienes en el que el frente de la playa aparecía como de titularidad municipal a raíz de un convenio firmado en 1967 con la Junta de Compensación de Las Teresitas, el órgano que aglutinaba a algunos de los primeros propietarios de las parcelas de la playa. Precisamente, en la causa penal de Las Teresitas, para cuyo juicio aún no hay fecha, y en la que están imputadas 13 personas, entre ellas el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo, el actual equipo de Gobierno defiende que incluso entonces la Corporación pudo comprar unos terrenos que ya eran municipales.

En el juicio de la causa civil de Las Teresitas, que arrancó ayer en la sala siete del Juzgado y que se prolongará durante varios días, el cual se celebra a raíz de que el Tribunal Supremo declarase en 2007 la nulidad de la operación de compraventa porque precisamente no se tuvieron en cuenta las tasaciones realizadas por técnicos municipales, el Ayuntamiento intenta ahora recuperar los 52,5 millones que pagó en 2001 a Plasencia y González, más los intereses. Esto supondría que el Consistorio tendría que devolver las 11 parcelas a Inversiones Las Teresitas. Sin embargo, los letrados de los empresarios defienden que estos terrenos, que "tenían una edificabilidad de 179.000 metros cuadrados en 2001", ya no son recuperables porque no tienen ningún valor inmobiliario, por lo que exigen una indemnización de 116 millones.

Precisamente, el abogado del Ayuntamiento de la capital, Juan Luis Estévez, quiso utilizar el informe de Oramas y su declaración para demostrar que ya se sabía en aquel entonces que los aprovechamientos de estos terrenos eran limitados porque parte de los mismos eran de dominio público y porque estaban afectados por la moratoria turística. Por lo tanto, y según dichos argumentos, pierde fuerza la excusa que utilizó entonces el Consistorio chicharrero para adquirir las parcelas: evitar que se edificaran nueve hoteles en la playa, además de otras infraestructuras.

Pía Oramas explicó ayer que eran varias las posibilidades que tenía el Ayuntamiento en relación a estos terrenos, como la expropiación; transferir los aprovechamientos o la compra de los mismos, que fue por lo que se optó finalmente. Indicó que realizó su tasación siguiendo todos los criterios de legalidad y teniendo en cuenta todas las hipótesis posibles. Insistió en que su valoración se llevó a cabo en función de los aprovechamientos de las parcelas y que tuvo en cuenta otras tasaciones, como la realizada por la Universidad Carlos III de Madrid. Incluso, comentó que si se hubiesen tenido en cuenta todos los impedimentos con los que se tropezaban estos terrenos, la valoración hubiese sido de solo dos millones de euros. También admitió que en los estudios hubo una tasación que alcanzó lo 54 millones, "teniendo en cuenta el mejor de los casos".

Durante su declaración, la exarquitecta manifestó que había 9.000 metros cuadrados afectados por el dominio público; que en el momento de la compraventa los terrenos estaban afectados por la moratoria turística que impedía construir hoteles; que el proyecto de urbanización ni siquiera estaba aprobado; que había entonces dudas sobre la titularidad de los terrenos; y que lo que ella estaba valorando era suelo urbano no consolidado. Precisamente, en este sentido, el abogado de los empresarios intentó comparar las tasaciones realizadas con los solares de la Avenida Tres de Mayo, pues incluso se habló de una permuta con las parcelas de la playa, pero Pía Oramas dejó claro que "no se pueden comparar peras con manzanas porque estos últimos sí eran suelo consolidado".

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