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El Gobierno da prioridad a la construcción de un nuevo edificio judicial en Santa Cruz

El Plan de Infraestructuras del Ejecutivo canario recoge que los proyectos de las sedes del municipio chicharrero y de Puerto del Rosario serán los primeros a ejecutar

22.02.2016 | 12:07
Solares en Cabo Llanos, en Santa Cruz de Tenerife.

La construcción de una nueva sede judicial en la capital chicharrera es ya una prioridad para el Gobierno de Canarias. Así lo ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Ejecutivo canario, Aarón Afonso, quien es consciente de la necesidad de dotar al municipio de esta infraestructura, pues hay importantes causas judiciales, como la penal del caso Las Teresitas, que están sufriendo retrasos por falta de espacio. Este ha indicado que en el Plan de Infraestructuras de la Comunidad Autónoma para los próximos ocho años los edificios judiciales de Santa Cruz de Tenerife y de Puerto del Rosario (Fuerteventura) aparecen como las primeras actuaciones que se deben llevar a cabo. En este sentido, y en relación al de la capital chicharrera, el Gobierno de Canarias ya está trabajando en la búsqueda de los terrenos necesarios.

La nueva sede judicial de Santa Cruz de Tenerife estará situada en Cabo Llanos, próxima al actual Palacio de Justicia, en uno de los solares que se encuentran en la zona de El Corte Inglés, aunque aún se está barajando en qué parcela concreta se realizará la obra. Uno de estos solares ya está reservado en el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio para el futuro edificio judicial, aunque, y según fuentes del Gobierno de Canarias, se trata de un terreno muy pequeño. Por esta razón, el Ejecutivo canario está estudiando la posibilidad de recurrir a la permuta con otro de los solares, en concreto con el que pertenece a la Consejería de Educación, que "es bastante más grande".

Por lo tanto, parece que por fin la construcción de un nuevo edificio judicial en Santa Cruz de Tenerife dejará de ser un proyecto guardado en un cajón. El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad insiste en que el Gobierno de Canarias está intentando buscar una solución en cuanto a la disponibilidad de los terrenos para convertir en realidad este proyecto lo antes posible. La nueve sede no solo es necesaria para evitar que se sigan retrasando importantes juicios por falta de espacio, sino también, y según apunta Aarón Afonso, para acabar con la dispersión de sedes.

La pasada semana, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, mantuvo una reunión con el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario para plantearle precisamente la necesidad de que la capital cuente de manera urgente con un nueva sede judicial. El edil socialista solicitó el encuentro tras conocer que la celebración del juicio de la causa penal de Las Teresitas, prevista para los meses de mayo o junio, se retrasará hasta final de año por falta de sala. "No se puede seguir permitiendo que haya causas judiciales que sufran retrasos por la falta de infraestructuras en el municipio chicharrero", ha manifestado Martín.

El portavoz socialista en el Consistorio capitalino celebra que por fin el Gobierno de Canarias se ponga a trabajar para desbloquear este asunto y que considere la construcción de un nuevo edificio para los juzgados en Santa Cruz de Tenerife como una prioridad para la Comunidad Autónoma.

José Ángel Martín aprovecha para recordar que la celebración del juicio de la causa penal de Las Teresitas se ha retrasado por falta de espacio porque para este caso es necesario disponer de un lugar amplio, ya que tienen que declarar 13 imputados, entre los que se encuentran el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo, y medio centenar de testigos. En este procedimiento judicial se investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Ayuntamiento de Santa Cruz pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia, Inversiones Las Teresitas, por 11 parcelas de la playa chicharrera, 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas. En el auto que dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife el pasado 25 de septiembre de 2015 se anunció la apertura del juicio oral y se exigió una fianza a los 13 imputados de 109 millones de euros.

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