Caso Arona

Un exedil desvela una cita en la finca de un promotor para desbloquear licencias

El antiguo concejal socialista Pablo Hernández dice que González Reverón y otros acusados intentaron implicar a su grupo, en la oposición, en las concesiones ilegales

17.02.2016 | 01:41
El exalcalde de Arona José Alberto González Reverón.

El empresario Pedro Suárez celebró una reunión en una finca de su prioridad en la que se trató el desbloqueo de licencias urbanísticas. Así lo aseguró el exedil socialista Pablo Hernández, a quien le tocó pasar ayer por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en calidad de testigo por el caso Arona. Según reveló el antiguo concejal en la sesión decimocuarta del juicio, varias fueron las personas que acudieron a ese encuentro. Aparte de este promotor, responsable de una de las empresas de construcción que supuestamente se beneficiaron del beneplácito del Consistorio, también estuvieron presentes varios acusados y miembros del Partido Socialista (PSC), en la oposición por aquel entonces, en 2008.

Fue en ese año cuando tuvo lugar esa cita, corroborada incluso por la Guardia Civil durante las diligencias de esta causa. Según recoge en un informe, este tipo de contactos formaban parte de una estrategia liderada por el exalcalde José Alberto González Reverón e "impuesta por la abogada Olga López [que representa a los siete políticos procesados]" para implicar a la formación de la rosa roja en la aprobación de autorizaciones con informes jurídicos desfavorables.

Si en ese documento se habla de hasta al menos tres encuentros diferentes con el objetivo de desbloquear permisos e intentar que el portavoz socialista de aquel momento, Francisco García Santamaría, "caiga en la trampa de aprobar las licencias con informes desfavorables", su compañero de partido Pablo Hernández ratificó ayer esa supuesta confabulación.

Su declaración, sin embargo, solo la centró en la reunión que según él tuvo lugar en la finca de Pedro Suárez, dueño de la empresa Gomasper. Aunque dijo desconocer quién había propiciado la cita, sí señaló que él fue uno de los que acudió a ese encuentro ya que García Santamaría había sido invitado y "no quería ir solo". Aparte de ellos dos, en la mesa de ese día también se sentaron el empresario; su yerno, que pretendía "asesorarnos" en calidad de arquitecto; el nacionalista González Reverón; y los también acusados por dos piezas separadas del caso Arona Antonio Sosa y el guardia civil José Manuel Rodríguez, el supuesto intermediario en estos hechos. En ella, "vi que se tocaron temas sobre el desbloqueo de varias licencias porque se necesitaba llegar a acuerdos", aseguró el testigo, para agregar que el propósito del exalcalde era conseguir el apoyo de los miembros del PSC en los plenos para evitar así su denuncia.

Eso encaja con la declaración de su compañero de partido en aquel entonces José Antonio Reverón, que durante su paso por la Sala comentó que el propósito del Gobierno era dar luz verde a las licencias desde los plenos para así involucrar a la oposición, mientras que las más de 200 que se investigan en esa causa fueron aprobadas entre 1999 y 2007 por la Junta de Gobierno.

El tema era que "si votábamos a favor, después no podíamos reclamar", especificó ayer Pablo Hernández. Aunque a la oposición le "costaba acceder a la documento, afirmó que el Ejecutivo puso a disposición del PSC "los expedientes" en un encuentro "informal" después de mantener ese contacto en la finca de Pedro Suárez. Una vez que el grupo tuvo constancia de los detalles, pidió asesoramiento al socialista José Antonio Valbuena como arquitecto y, si las licencias se hubieran llevado a pleno, su partido "votaría que no", subrayó.

Pero Pablo Hernández tuvo otro encuentro con el exalcalde, en el que hablaron sobre las autoconstrucciones en Parque de la Reina, entre ellas las de Pedro Suárez, según apuntó. "Le dije que votaría a favor de las personas que no tienen donde vivir, pero no a esos empresarios", sentenció el testigo.

Precisamente Genoveva Perdigón fue una de las que solicitó una licencia al Ayuntamiento para hacer una casa "chiquita en esa zona", pero el Consistorio le contestó que "no estaba dando" autorizaciones. Ante la negativa, preguntó al antiguo regidor en diversas ocasiones de la razón, ya que no entendía "por qué" a ella no se la daban "si allí ya había casas", lamentó la testigo.

En la sesión de ayer también tuvo que declarar la exconcejal nacionalista María Candelaria Padrón, encargada en 2007 de Economía y Hacienda. La Fiscalía centró sus preguntas en las conversaciones telefónicas recogidas por la Guardia Civil entre ella y González Reverón respecto al supuesto fraccionamiento de contratos, el abono de los honorarios, el aval para una urbanización en la Montaña de Guaza y de la supuesta donación de un coche que hizo Pedro Suárez.

Por la Sala, además, pasaron la mujer y el hijo del acusado Félix Sierra, para el que el Ministerio Público pide una de las mayores penas de cárcel de entre los 13 procesados en total. Ambos se acogieron a la dispensa legal de no declarar por la vínculo que les une al investigado.

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