´Caso Arona´

Un cuarto testigo afirma que le pidieron 150.000 euros por una licencia de obras

El vecino dice que "dos señores", sin identificarlos, fueron a su casa a exigir el dinero que nunca dio

16.02.2016 | 02:00
Los 13 acusados por el ´caso Arona´ durante una de las sesiones del juicio.

Ya son cuatro las personas que aseguran haber sufrido extorsiones para el pago de dinero a cambio de licencias de obras. Marcos Brito se sumó ayer a esa lista de testigos que ratifican la presunta trama de corrupción que encierra el caso Arona, consistente en el cobro de supuestas comisiones ilegales desde el Ayuntamiento por desbloquear y agilizar trámites urbanísticos. Durante su declaración en la sesión decimotercera del juicio, este vecino del municipio sureño manifestó ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que "dos señores", a los que no identificó, acudieron a su casa para decirle que si quería que el Consistorio le autorizara una construcción que hizo en suelo rústico tenía que pagar "25 millones de pesetas" (150.252 euros).

Esos fueron los únicos detalles que dio sobre esa oferta, ya que no solo no reconoció a esos hombres sino que además tampoco estableció una conexión directa con los 13 acusados en esta causa. Según reconoció, en una finca de su propiedad ejecutó diversos trabajos en contra del planeamiento, como "un medio hotel, pero fueron "echados abajo por estos señores" [refiriéndose a los miembros de la Corporación municipal que se sientan en el banquillo].

De una forma ambigua, especificó que "dos señores", que no sabe quiénes eran, fueron por su vivienda para pedirle el abono de esos 25 millones de pesetas a cambio de darle la licencia para esas actuaciones, pero el testigo manifestó que finalmente nunca llegó a pagar por la autorización.
Los esfuerzos de la Fiscalía Provincial y de la acusación particular, representada por el letrado Santiago Martínez, se centraron sobre todo en intentar arrancar a Marcos Brito si desde el Ayuntamiento se intentó construir un colegio en un terreno de su titularidad con suelo rústico. Si en un primer momento este negó los hechos e incluso llegó a decir que ni siquiera conocía a Manuel Alexis Hernández, el arquitecto que él mismo había contratado, posteriormente rectificó y admitió que él quería que se hiciera el centro educativo, aunque "al final no" se edificó. De acuerdo a su declaración, fue ese profesional privado el que se reunió con el edil de Urbanismo entre 2003 y 2007, el acusado Manuel Barrios, para tratar ese asunto. "Alexis fue al Ayuntamiento a ver si se podía" construir, especificó el testigo, para puntualizar que ese encuentro fue antes de que le pidieran los 25 millones de pesetas a cambio de la licencia de obras.

Con este relato, ya son cuatro las personas que aseguran que desde el Consistorio se solicitaba dinero por conceder permisos urbanísticos. Si el último en ratificar esa presunta trama para el cobro de comisiones ilegales ha sido Marcos Brito, a él hay que añadir al padre y el hijo de la familia Ansorena, que denunciaron estos hechos, y a José Tavío, otro vecino de Arona. Pero las supuestas víctimas podrían ser más, ya que el abogado Luis Villodre declaró ayer que algunos de sus clientes le llegaron a decir "que les pedían dinero por las licencias".

Este letrado externo fue otro de los testigos que pasaron por la Sala en la sesión decimotercera ya que fue contratado por los Ansorena para intentar desbloquear la autorización que la familia solicitó a la Corporación local para construir una urbanización en Costa del Silencio. Mientras que desde el Ayuntamiento se la negaban porque consideraba el suelo de uso hotelero, algo que los denunciantes achacaban a su negativa a pagar por el permiso, tanto ese abogado como su compañero profesional Luis Eugenio Gutiérrez señalaron que en ese espacio predominaba el uso residencial, llegando incluso a darse licencias con este último fin en fechas "recientes" a la que los Ansorena solicitó la suya.

Ambos juristas, que cobraron 600.000 pesetas por sus informes para los Ansorena, aseveraron que en ese territorio "cabía el uso mixto" y recordaron que así lo acabó reconociendo el Cabildo de Tenerife y el Gobierno canario. Los dos reconocieron que el expediente de esta familia ha sido uno de los más complejos que han tratado y que tenían constancia de la supuesta extorsión que sufría por boca del propio cliente, aunque apuntaron que nunca quisieron saber del tema.

Un cuarto testigo en la sesión de ayer, Ernesto Martínez, ratificó la versión de los denunciantes al indicar que el arquitecto municipal acusado en esta causa, Eliseo de la Rosa, acudió a la obra de Costa de Silencio para advertirles de que "jamás" tendrían el permiso. La familia Ansorena defiende que esa negativa se debe a su rechazo a pagar comisiones ilegales. Según mantiene la Fiscalía y la acusación particular, este funcionario era uno de los cabezas de esa presunta trama.

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