El juez ve indicios de delito para sentar a Benítez en el banquillo por tercera vez

Recoge en un auto que el exalcalde dio de baja a una familia de Montaña Carbonero en el padrón "a sabiendas de su injusticia"

15.02.2016 | 13:35
El juez ve indicios de delito para sentar a Benítez en el banquillo por tercera vez

El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ve indicios de delito para sentar en el banquillo al alcalde durante 32 años de El Rosario, Macario Benítez. Sería la tercera vez que el antiguo líder de los socialistas debe afrontar una vista oral por prevaricación. Si por las otras dos ya ha sido condenado al intentar urbanizar una zona protegida y enchufar a más de un centenar de personas en el Ayuntamiento, la causa de esta ocasión tiene que ver con la baja del padrón municipal de cuatro vecinos de una misma familia que se opusieron a la operación urbanística prevista para Montaña Carbonero, otro de los asuntos polémicos en los que se ha visto envuelto el exregidor.

Si bien es cierto que el septuagenario dijo adiós a la política en mayo de 2015, justo antes de que se celebraran las elecciones municipales, la realidad es que no podría ejercer ningún tipo de actividad pública aunque quisiera durante al menos 12 años, cinco por emplear de forma irregular a 145 familiares y conocidos en la Corporación local y otros siete por el llamado caso Varadero. Fue en el pasado mes de septiembre cuando tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados por este último juicio, mientras que para el otro proceso consiguió llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Provincial a través del que asumía su culpabilidad, lo que llevó aparejado una sentencia in voce que le ahorró el trago de presenciar las distintas sesiones previstas para las declaraciones de testigos e implicados.

En esta ocasión, si el exalcalde no logra consenso con el Ministerio Público, no le quedará más remedio que volver ante la Justicia para dar explicaciones por un tercer caso de presunta prevaricación administrativa. Fue en 2014 cuando el organismo estatal denunció supuestas irregularidades en la tramitación de los expedientes de baja de oficio de cuatro vecinos (José Antonio González Gil, Carlos Juan González Gil, Yanira González González e Iballa González González), unos hechos que se remontan a 2006.

Según recoge su escrito, en mayo y agosto de ese año se cursaron los expedientes de alta en el registro por parte de los ciudadanos afectados "con la oportuna inscripción sin que la Corporación municipal apreciara ninguna anomalía u obstáculo procesal". Sin embargo, "el 3 de octubre de 2006, el alcalde dictó decreto por el que se iniciaba de oficio procedimiento para causar baja en el padrón de esas personas".
Para el Ministerio Público, "el decreto fue dictado apartándose de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública" y relaciona esta actuación por parte del exregidor con la resistencia de estos vecinos "a la formación de una junta de compensación en unos terrenos que se encontraban afectados por una unidad de actuación en la que también se encontraban otras fincas propiedad" de Macario Benítez.

Tampoco pasa por alto que entre el alta y la baja de los perjudicados transcurrieron "escasamente 47 días, amparándose para ello en una denuncia anónima y en un informe policial insuficiente a efectos probatorios y enormemente vago en su contenido para entender que esas personas no residían en El Rosario".

Ya en 2007, el socialista hizo "caso omiso" a golpe de decreto de "los razonables argumentos de los interesados" y pidió al Consejo de Empadronamiento del Instituto Nacional de Estadística la emisión del dictamen preceptivo en cada uno de los expedientes abiertos a los interesados, "trámite necesario siempre que se pretenda cursar la baja de un padrón sin aquiescencia de los afectados". Ese órgano acordó excluirles y el investigado puso punto final al asunto con otro decreto en el que se acordaba esa misma decisión.

La familia optó por acudir ante la Justicia y ya el Contencioso Administrativo le dio la razón. Las sentencias del Juzgado Número 1 de Santa Cruz de Tenerife y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) revocaron "por vulneración de derechos fundamentales" la determinación de Macario Benítez de excluirlos del padrón, reconociendo a las víctimas "el derecho a seguir empadronados en El Rosario".

La finca de esta familia estaba afectada por el proyecto de urbanización de Montaña Carbonero y también decidieron acudir a los tribunales por este asunto, ya que los hermanos González Gil defendían el uso agrícola de la parcela, de unos 165.000 metros cuadrados, mientras que el exalcalde tenía "interés" en construir, según advirtieron. Como ellos se opusieron a la recalificación, se les puso en el "ojo del huracán" hasta el punto de ser expulsados del registro, pero una vez más consiguieron el apoyo de la Justicia, ya que en 2013 el TSJC anuló esa operación y el propio Plan General de Ordenación del municipio.

Ahora, para buscar responsabilidad penal por darles de baja en el padrón, los afectados denunciaron estos hechos ante la Fiscalía Provincial y esta, a su vez, los remitió a los juzgados al encontrar indicios de criminalidad. La misma percepción que el Ministerio Público tiene el propio Juzgado de Instrucción Número 4, que a finales del pasado mes dictó un auto para transformar la instrucción en procedimiento abreviado, paso previo para la celebración del juicio oral.

En ese escrito deja claro que de la investigación practicada se desprende que Macario Benítez, "aprovechándose en ese momento de su cargo y a sabiendas de su injusticia", así como actuando por motivos distintos "a los que eran propios en la función pública", cursó las bajas de las cuatro miembros de esa misma familia haciendo "caso omiso a los argumentos de los perjudicados". Para justificar su decisión, se amparó en una denuncia anónima y en un informe policial "absolutamente insuficiente a efectos probatorios y de contenido para entender que las personas afectadas no residían en el municipio, a pesar de residir en el mismo y estar localizables en él".

En el auto recuerda que las víctimas "han manifestado que tenían profundas discrepancias por cuestiones urbanísticas al mostrarse contrarios a la formación de la junta de compensación en unos terrenos familiares que les querían expropiar y que se encontraban afectados por una unidad de actuación en la que también se encontraban otras fincas propiedad del investigado y que iban a ser objeto de recalificación". Por todo ello, el Juzgado establece un plazo de 10 días para que la Fiscalía y la acusación particular (representada por el letrado Pedro Fernández Arcila) formulen escrito de acusación contra el exregidor y pidan la apertura de juicio, pues de la investigación se desprende que esos hechos "pudieran ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa".

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