Santa Cruz

El Ayuntamiento debe indemnizar con 9.003 euros a Telefónica España

El Consejo Consultivo de Canarias establece en un dictamen que el Consistorio superó las prórrogas legales del contrato para el servicio de telecomunicaciones fijas

10.02.2016 | 11:37
Dependencias municipales en el Parque de La Granja.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife debe indemnizar a la empresa Telefónica de España con 9.003 euros por haberse visto obligada a seguir prestando los servicios de telecomunicaciones fijas en el Consistorio a pesar de que ya había finalizado el contrato y las prórrogas legales establecidas. Así lo ha establecido el Consejo Consultivo de Canarias a raíz del dictamen solicitado por el propio alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

En el informe del Consejo Consultivo de Canarias se indica que el Ayuntamiento de Santa Cruz realizó una "contratación verbal" una vez acabado el plazo de las prórrogas legales, "algo que está prohibido, salvo que el contrato tenga el carácter de emergencia". En este caso esto no se produce, pues únicamente se otorga tal carácter, según determina el Consejo Consultivo, a aquellos contratos cuya celebración fuese necesaria para que "la administración responda ante acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

El 26 de julio de 2010, la Junta de Gobierno Local adjudicó definitivamente el contrato de servicios de telecomunicaciones fijas del Ayuntamiento de Santa Cruz a Telefónica España, por un importe de algo más de un millón de euros, el cual se formalizó el 30 de septiembre de 2010. La cláusula tercera del contrato fijaba que el plazo de ejecución del mismo era de dos años. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno se produjo una primera prórroga para el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2012 y el 20 de septiembre de 2013. Después se acordó una segunda prórroga hasta el 30 de septiembre de 2014. De esta manera, se habían agotado también las prórrogas posibles.

El 25 de agosto de 2014, y tras haberse convocado un nuevo concurso público, se formalizó un nuevo contrato del servicio de telefonía fija del Consistorio con un adjudicatario diferente, Vodafone España. Esta empresa disponía de tres meses para la implantación de los servicios contratados. Sin embargo, y debido a que los trabajos no se acabaron en dicho plazo, el jefe de la sección de Informática y Telecomunicaciones emitió un informe planteando la necesidad de que Telefónica de España continuara ofreciendo los servicios durante abril y junio de 2015. A la vista de este informe, el entonces concejal de Tecnología ordenó que se mantuviese la prestación del servicio de telefonía con la entonces actual suministradora, "por ser la única habilitada para la prestación del mismo, por el tiempo imprescindible para culminar las labores de implantación que se están llevando a cabo por V.E.". El concejal sentenció que si no tomaba esta decisión se pondría en "grave riesgo la prestación de gran parte de los servicios públicos del Ayuntamiento, con los daños que para el ciudadano ello pudiera suponer".

Sin embargo, el Consejo Consultivo de Canarias en su dictamen ha dejado claro que el Consistorio ya no podía prorrogar más el contrato y por eso debe declararse la nulidad del mismo. Asimismo, y según dicho dictamen, el Ayuntamiento de Santa Cruz debe indemnizar a Telefónica España de los perjuicios derivados de la prestación realizada, mediante el abono de los servicios prestados a favor de la misma. "Obviamente, de no hacerse así, la administración obtendría un enriquecimiento injusto", determina el Consejo Consultivo de Canarias.

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