Santa Cruz

El Gobierno local estudia un informe contrario al derribo del 'mamotreto'

La directora general de Infraestructuras establece que se debe pedir la inejecución de la sentencia y que el edificio de aparcamientos de San Andrés debe mantenerse

08.02.2016 | 13:27
Edificio de aparcamientos y locales comerciales de Las Teresitas.

Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife estudian un nuevo informe municipal sobre la demolición del edificio de aparcamientos y locales comerciales de Las Teresitas, conocido popularmente como mamotreto, en el que se concluye que el Consistorio debe interponer un incidente de inejecución de sentencia y que debe solicitar al Juzgado una prórroga o aplazamiento de la ejecución de la sentencia. Se trata de un informe elaborado por la directora general de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio, Verónica Patricia Rodríguez, cuyo contenido es totalmente diferente a los ya emitidos por la Secretaría General del Ayuntamiento y por los Servicios Jurídicos, en los que se establece que se debe proceder sin duda alguna al derribo total de esta construcción.

El alcalde de la capital tinerfeña, el nacionalista José Manuel Bermúdez, prefiere no pronunciarse sobre el contenido de este nuevo informe, aunque sí dice que se tendrá que estudiar junto a los otros dos y tomar una decisión. "De momento, nada ha cambiado, pues el proyecto de la demolición se sigue redactando por parte de Gestur", indicó el regidor. El pasado 22 enero, el Ayuntamiento envió un comunicado oficial en el que se indicaba que los dos últimos informes jurídicos de la Corporación local, solicitados por el propio José Manuel Bermúdez, dejan claro que se debe proceder al derribo completo del inmueble y descartar la demolición parcial. Dichos documentos establecen que no se puede legalizar dicha infraestructura. Sin embargo, ahora aparece este nuevo informe de una técnica municipal con el que dicho panorama cambia completamente.

El Consistorio chicharrero recibió el pasado 10 de noviembre de 2015 un oficio del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife que le obligaba, en cumplimiento de la sentencia firme de noviembre de 2014, a demoler "a la mayor brevedad posible" el edificio de aparcamientos y de locales comerciales de la playa de Las Teresitas, aunque el coste debe ser asumido por los condenados, tres exconcejales nacionalistas y tres exfuncionarios.

En el escrito se ordenaba al Ayuntamiento que procediera al derribo de la parte del inmueble que invade el dominio público marítimo terrestre, la cual ocupa una superficie de 0 metros cuadrados de los 4.000 totales. Con respecto al resto del mamotreto, el Juzgado estableció que también debía demolerse si no había una norma o planeamiento que pudiese legalizarlo. A raíz de este oficio, el Gobierno local (CC-PP) encarga varios informes.

En el último, y a pesar de que en los anteriores se deja claro que debe derribarse, se determina que no es posible llevar a cabo ninguna intervención en el edificio en tanto no se apruebe definitivamente el deslinde del dominio público marítimo terrestre de Las Teresitas por parte de Costas. Asimismo, el informe dice que el Ayuntamiento no puede demoler un inmueble del que es titular sin que exista pronunciamiento alguno contra él, "máxime cuando se ha hecho una importantísima inversión de fondos públicos pertenecientes a todos los ciudadanos, porque de hacerlo, incurriría en una malversación de fondos públicos".

"Esto es, el Consistorio, tras padecer los daños que ha venido sufriendo sobre su patrimonio con motivo de la actuación de personal que estuvo a su servicio, está obligado a buscar la forma, si fuera posible, de mantener toda la edificación existente", indica la directora general de Infraestructuras. Y por este motivo, añade, "procede solicitar al Juzgado la incoación del incidente de inejecución de sentencia".

"Todo ello unido a que se está redactando el Plan Especial del Frente de la Playa, que se ha iniciado, lo que constituye un hecho nuevo, y si tenemos en cuenta que las determinaciones del Plan General en relación al edificio forman parte de la ordenación estructural y tienen carácter vinculante, solo sería cuestión de aplazar la ejecución hasta que hubiera una aprobación provisional del Plan Especial y se pudieran pedir las pertinentes licencias provisionales, cosa que hasta hoy no se ha hecho, para intentar mantener una infraestructura municipal. Todo ello desligando las condenas penales y la actuación individual de los condenados del verdadero interés público de preservar un patrimonio municipal necesario en el que se ha invertido dinero público", concluye la directora general de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio en su informe.

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