Caso Arona

Ansorena: "Invertimos todo nuestro patrimonio y nos llevaron a la ruina"

La acusación particular afirma haber sufrido extorsión para el pago de comisiones ilegales a cambio de licencias

02.02.2016 | 19:28
Los acusados del caso Arona, ayer, durante la sesión décima del juicio.
Ansorena: "Invertimos todo nuestro patrimonio y nos llevaron a la ruina"

Las defensas del caso Arona no lograron desarmar ayer a la familia Ansorena, una de las piezas principales de esta causa al haber denunciado la presunta trama para el cobro de comisiones ilegales. La Fiscalía pide para el exedil de Urbanismo Félix Sierra, el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, el aparejador del Ayuntamiento Roberto de Luis y el empresario Arsenio Zamora las penas de cárcel más duras al considerar que los cuatro se dedicaron a cobrar dinero a promotores a cambio de agilizarles y desbloquearles licencias. Tanto el padre, José Ramón Ansorena Ormazábal, como el hijo, José Ramón Ansorena Carrera, fueron víctimas de esta supuesta red de corrupción hasta el punto de negarse a abonar las cuantías que les exigieron algunos de ellos, una decisión que este último aseguro llevarles "a la ruina" después de haber invertido "todo el patrimonio" en un proyecto de construcción que nunca llegó a ver la luz.

La declaración de ambos era una de las más esperadas del juicio, sobre todo por la prueba que presentaron en la causa, una grabación en la que Zamora, el presunto intermediario entre los promotores y los miembros del Ayuntamiento involucrados en esa supuesta red, pide a Ansorena Carrera 45 millones de pesetas a cambio de agilizarle los trámites del expediente urbanístico en Costa del Silencio.
Durante unas cuatro horas, tanto el hijo como el padre respondieron a las preguntas de las partes con concordancia y se mantuvieron firmes a la hora de denunciar la implicación de los cuatro acusados en esta presunta trama. La realidad, sin embargo, es que solo establecieron una participación directa en Zamora y Eliseo de la Rosa, ya que coincidieron en que ambos les pidieron dinero en unas reuniones que celebraron para acelerar los permisos urbanísticos de esa construcción. Después de acceder al pago de ciertas cuantías y ver que el presunto intermediario seguía solicitando más, ambos manifestaron haberse negaron a realizar más ingresos y aseveraron que eso llevó a la Junta de Gobierno, formada por los 13 políticos procesados en esta causa, a bloquear las licencias necesarias para poder hacer esa edificación.

Ante esta situación, los Ansorena comunicaron a "todos" los concejales, e incluso al secretario municipal, la supuesta extorsión "horrible" que estaban sufriendo, pero además les advirtieron de la existencia de una grabación como prueba. Tanto el padre como el hijo narraron durante esas cuatro horas su visión de los hechos desde el inicio del expediente, en 2001, hasta que este último informó de la tenencia de esa famosa cinta en la fase de instrucción del caso, en 2007.

Si por aquel entonces la causa giraba en torno a unas 300 licencias y contrataciones ilegales otorgadas por la Junta de Gobierno, el proceso adquirió un mayor peso al sumarse este presunto cohecho.

Inicio

Estos dos testigos respondieron ayer a las partes desglosando el desarrollo de los acontecimientos y la exposición más extensa fue la del hijo, Ansorena Carrera, que ejerce la acusación particular en el proceso. Siempre bajo la versión de ambos, todo comenzó en 2001, cuando este último pidió, en representación de la empresa Conale 2000 SL, en la que su padre también era socio, una licencia de obra en el Ayuntamiento para construir un complejo de 206 viviendas.

El progenitor detalló que en ese entonces ya conocía por reuniones "lúdicas" a Zamora, que se movía "como Pedro por su casa" en el Consistorio. En una ocasión que coincidió con él en la Corporación, este le ofreció su ayuda para mediar con la Administración porque dijo conocer " a todos". El presunto intermediario de la supuesta trama estuvo en diversas reuniones celebradas entre la familia y miembros del Ayuntamiento, como el exconcejal Félix Sierra y los otros dos funcionarios acusados en este caso. Estos indicaron en todas ellas que "se podía fabricar tranquilamente" y, aunque era necesario un cambio de uso, Ansorena Ormazábal apuntó que no le "preocupó" porque contaba con la palabra de los procesados.

Petición de cuantías

Tanto el padre como el hijo aseguraron que el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa solicitó en un primer momento 6.000.000 pesetas (36.000 euros) a cambio de agilizar los trámites del expediente. Esta petición fue desatendida, pero posteriormente Zamora requirió un millón de pesetas y luego otros 1,5 millones para supuestamente adelantar el proceso de esa modificación puntual del Plan de Ordenación, a lo que sí accedieron los denunciantes. Eso no quita para que esa segunda vez ya le extrañara "mucho" a Ansorena Ormazábal, pero como había otras construcciones colindantes con el mismo o peor hándicap que esta edificación y habían salido adelante, pues volvió a confiar en el Consistorio y en su amigo.

Esos casos correspondían a una misma empresa, Gomasper, que incluso llegó a sugerir "una cosa que no quise hacer" para contar con el visto bueno del Ayuntamiento, agregó el padre. Otro hecho que también le llevó a fiarse fue que el propio secretario municipal "compró dos apartamentos".

Detonante

Después de dar ese dinero, Zamora volvió a pedir 45 millones de pesetas (270.455,45 euros), a lo que se negó la familia y lo que detonó el caso Arona tal y como se conoce hoy. Siempre bajo la versión de estos testigos, el presunto intermediario hizo esta solicitud al padre, comunicándole que primero había que poner la mitad para gestionar la licencia y para que la Junta de Gobierno la metiera en una sesión con "cosas sin importancia". Como Ansorena Ormazábal se negó al abono, aseguró que los miembros del Ayuntamiento involucrados pasaron a bloquearle el proyecto.

La prueba

Tras contarle lo sucedido a su hijo, este quedó con Zamora para grabar la conversación, donde consta la petición de esa misma cuantía. El acusado, sin embargo, defendió que la voz de esa cinta no es la suya. Según los denunciantes, al final Roberto de Luis y el secretario emitieron informes favorables y la Junta de Gobierno dio la autorización porque les comunicaron que tenían esa prueba. El complejo, no obstante, nunca llegó a hacerse y los testigos declararon que tuvieron que devolver los 300.000 euros que los compradores pagaron por unas viviendas que no se ejecutaron.

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