'Caso Áridos' Sentencia firme

Los condenados irán a prisión si en dos años no cumplen con los planes de restauración

Los tres areneros declarados culpables corren el riesgo de entrar en la cárcel si de forma injustificada no adoptan medidas para rehabilitar el entorno natural dañado

29.01.2016 | 12:30
Los condenados irán a prisión si en dos años no cumplen con los planes de restauración
Los condenados irán a prisión si en dos años no cumplen con los planes de restauración

Los tres empresarios condenados por extraer áridos de forma ilegal en los barrancos de Güímar corren el riesgo de entrar en prisión si de manera injustificada no cumplen, en el plazo de dos años, con la sentencia firme de la Audiencia Provincial. El tribunal de la Sección Segunda emitió ayer su fallo de conformidad después de que el expresidente de los constructores de Tenerife, Antonio Plasencia, y los representantes de las entidades Extracsa y Hermanos Morales Martín SL, Pedro Sicilia y José Enrique Morales respectivamente, reconocieran haber cometido un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. Aunque cada uno queda castigado con un año y tres meses de cárcel, se ha acordado "la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas por el plazo de dos años", pero "condicionadas al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten" a cargo de sus bolsillos .

Esta consideración solo es aplicable para los tres areneros que admitieron su responsabilidad delictiva, mientras que el cuarto investigado, Francisco Javier del Rosario, ha preferido afrontar el juicio para defender su inocencia. Mientras que él declaró ayer ante la Sala sin eludir las preguntas del Ministerio Público y de las acusaciones particular y popular, representadas por el abogado Carlos Álvarez, los condenados solo tuvieron que acudir a la Sección Segunda de la Audiencia para firmar el acuerdo de conformidad que consensuaron con las otras dos partes, a través del que se libran de entrar en prisión al asumir una pena inferior a los dos años y no tener antecedentes. Si evitar las rejas es una de las dos caras de la moneda, la otra es que quedan obligados a pagar la rehabilitación del entorno natural dañado.

Serán la administraciones públicas implicadas (el Ayuntamiento sureño, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias) las que determinen las cuantías a abonar por los condenados a través del desarrollo de un plan de restauración para las áreas afectadas. Un informe pericial encargado por la Fiscalía fijó en 279 millones el coste de la recuperación del espacio, pero según fuentes consultadas el expresidente de los constructores solo podría poner 52 de los 66,4 millones que le corresponderían a él y el resto se declaró insolvente.

Una vez que los implicados mostraron la conformidad al acuerdo, el tribunal dictó sentencia contra Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y José Enrique Morales y a lo largo del mes de febrero, según las estimaciones, dirigirá las sesiones de la vista oral contra el cuarto procesado que no quiso sumarse a ese pacto.

Para el caso de los tres primeros, los magistrados de la Sección Segunda ratificaron ayer esa resolución y dictaron la condena firme contra ellos como autores "criminalmente responsables de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente". Al considerarlos culpables de extraer áridos durante más de 15 años de manera ilegal, la Sala establece para cada uno las penas de un año y tres meses de cárcel, la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de ese mismo tiempo y una multa de nueve meses que tendrá una extensión diaria de 30 euros para Antonio Plasencia y de 10 euros para los otros dos acusados, todo ello con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

La Audiencia Provincial, de igual forma, determina la inhabilitación especial de estos tres empresarios para profesión u oficio que guarde relación con la actividad minera durante un año y seis meses y fija en el último lugar la condena de mayor impacto, el pago de la restauración del entorno que ha quedado dañado por uno de los mayores atentados paisajísticos de Canarias.

A este castigo hay que sumar la causa abierta contra los cuatro areneros por su posible responsabilidad civil, por la que el Ayuntamiento pide una indemnización de 209 millones de euros como parte afectada.

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