'Caso Arona' Sesión novena

José Antonio Reverón ve sospechoso que una empresa pagara viajes al arquitecto local

El edil, uno de los denunciantes, envió a la Fiscalía un extracto bancario con el coste de los billetes P "La concesión de licencias fue un suicidio que pagamos ahora", asegura

28.01.2016 | 14:11
José Antonio Reverón ve sospechoso que una empresa pagara viajes al arquitecto local

José Antonio Reverón, una de las personas que denunciaron el caso Arona en la Fiscalía Provincial, fue el protagonista ayer de la novena sesión del juicio contra los 13 políticos, empresarios y funcionarios. Más de media hora duró la declaración del aún concejal, ahora en el Gobierno, y con ella salieron hechos que hasta ahora no habían sido mencionados. Según dijo durante su intervención, "todo el mundo sabía" por aquel entonces que la Junta de Gobierno (formada por los siete exediles acusados en esta causa) concedió entre 1999 y 2007 casi 300 licencias y contratos supuestamente ilegales. Tampoco pasó por alto "los rumores" que existían sobre la presunta trama para el cobro de comisiones ilegales que encabezaban el arquitecto y el aparejador municipales, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, junto al antiguo responsable de Urbanismo Félix Sierra. De hecho, recordó que apareció en el buzón de su casa "una carta con un extracto bancario de viajes que supuestamente eran pagados por una empresa a Eliseo de la Rosa", algo que le pareció del todo "sospechoso".

Después de consultarlo con su abogado, el testigo informó de que llevó esa documentación ante el Ministerio Público, ya que la entidad privada que aparece ahí es Gomasper, precisamente una de las empresas que presuntamente se beneficiaron de esos tratos de favor. Si bien el abogado de Eliseo de la Rosa, José Manuel Fernández del Torco, no negó la veracidad de los viajes, sí quitó importancia al asunto preguntando a José Antonio Reverón si desconocía que el arquitecto municipal tenía la compatibilidad para trabajar fuera del municipio y que precisamente realizó trabajos para Gomasper.

Tal y como consta en el sumario del caso, uno de los itinerarios costeados por la empresa no solo fue supuestamente para De la Rosa, sino también para miembros de su familia con destino a Inglaterra, pero estos pagos no son lo único que le llamó la atención al denunciante sobre el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de desbloquear y agilizar licencias urbanísticas. El nivel de vida del aparejador tampoco pasó desapercibido para él, tal y como dijo ayer, porque "todos sabíamos lo que cobrábamos" en el Ayuntamiento, y sin embargo este acusado tuvo "hasta cuatro coches distintos de alta gama en esos años". "Lo veía yo y los que trabajábamos allí", subrayó.

Según mantienen la Fiscalía y la acusación particular, los dos funcionarios se encargaban de emitir informes favorables sobre esos permisos, mientras que a la Junta le correspondía darles luz verde en contra del punto de vista negativo de los juristas municipales. "No sorprendía" que ese órgano de Gobierno otorgara en las unidades de actuación licencias "muy alegremente a determinadas empresas, que solían ser las mismas", o que se autorizaran edificaciones "residenciales" cuando el suelo era de "uso hotelero", como pasó en Costa del Silencio, puntualizó.

Para el denunciante, las concesiones ilegales "eran masivas" refugiándose en el parecer favorable "continuado de los técnicos" y pese a que los informes jurídicos "siempre" eran negativos. Tal y como declararon los propios secretarios accidentales, ellos mismos leyeron en las sesiones de la Junta de Gobierno el sentido de esos documentos y reflejaron en las actas su punto de vista contrario a dar esos permisos al hacer suyas las propuestas de resolución para denegar esas autorizaciones.

Si bien los siete políticos acusados defendieron no haber leído las actas, José Antonio Reverón dijo que "claro" que sí lo hizo y hasta advirtió en los plenos de las presuntas irregularidades. "Era evidente y todo el mundo lo sabía. Fue escandaloso y había que tomar medidas", señaló en relación a los exconcejales.

El testigo incluso manifestó que el exedil de Urbanismo de 2008 intentó hacer una encerrona a la formación política a la que pertenecía por aquel entonces (Partido Socialista) con el propósito de involucrarla en ese asunto. "En 2008 intentaron llevar a las comisiones las licencias de obra. Como fue sospechoso, el concejal dijo que era para que emitiéramos nuestro parecer, pero le dije que no estuviera implicando al resto de compañeros", relató.

Para José Antonio Reverón, el otorgamiento de esas casi 300 autorizaciones urbanísticas y contrataciones supuestamente ilegales fue "un suicidio", y se preguntó por ello a los acusados "en los plenos" y se les avisó "en la prensa". "Las consecuencias" de ese proceder "las estamos sufriendo ahora", sentenció.

Casiano José Feo, representante de Guaza Motor, otra de las presuntas empresas beneficiarias, declaró ayer como testigo pero pocos datos aportó al respecto, aunque sí reconoció que había comprado unos terrenos rústicos que con el Plan General de Ordenación pasaron a ser urbanos.

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