La Laguna

Los exediles Godiño y Caballero, absueltos de nombrar de forma ilegal a funcionarios

El juez sentencia que "no quedó acreditado que actuasen dolosamente", en respuesta a la denuncia de un trabajador municipal

28.01.2016 | 14:11
Antonio Pérez Godiño durante un pleno del anterior mandato.

El Juzgado de lo penal nº5 de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto a los exconcejales de La Laguna de Obras e Infraestructuras y Presidencia y Planificación, Manuel Benito Caballero Ruano y Antonio Miguel Pérez Godiño, respectivamente, de un delito de nombramiento ilegal de funcionario. Así, la sentencia especifica que "no ha quedado acreditado que los acusados actuasen dolosamente", ya que "se limitaron a firmar la propuesta o las resoluciones de nombramiento".

De esta manera, el juez resalta que "no puede exigirse a los representantes públicos un control exhaustivo de todos los documentos que firman diariamente" y añade que "son los técnicos los que tienen que velar por que los acuerdos de las entidades públicas cumplan con todos los requisitos normativos".

Además, el juez explica que "no es exigible que todo cargo político conozca todas las normas administrativas, o que se encargue de la adscripción concreta de los puestos de trabajo de los funcionarios. Ello excede de lo racional y de los límites del control humano". "Y menos aún se puede sancionar, penalmente, este desconocimiento". Sin embargo, en el documento se aclara que "el Ayuntamiento de La Laguna vulneró no solo el derecho del querellado, sino también los principios básicos de la función pública"., añade la sentencia. La acusación particular había solicitado la imposición de una pena de siete meses de multa y suspensión de empleo público durante un año y el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Según la sentencia, queda probado que el Ayuntamiento lagunero creó en 2003 la plaza de Jefatura de Negociado de Vías Públicas para la que se requería que el funcionario que la ocupase tuviera una titulación de arquitecto técnico y en enero de 2004 se adscribió a un funcionario interino.

El querellante, un funcionario de carrera, interpuso un recurso administrativo porque "los interinos solo podían ser asignados a los puestos que no fueran cubiertos por funcionarios de carrera". Pero al Ayuntamiento no resolver dicho recurso, interpuso un contencioso administrativo. En concreto, para el mismo puesto se realizaron hasta tres adscripciones provisionales, con preferencia sobre el funcionario titular y, según aparece en la sentencia, "sin que concurriesen los requisitos exigidos para su nombramiento".

Esta sentencia, en la que también se declaran las costas procesales de oficio, no es firme, por lo que se puede interponer un recurso en la Audiencia Provincial de Santa Cruz.

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