´Caso Arona´ | Sesión octava

Los secretarios tumban el alegato político al ratificar la lectura de los informes en la Junta

Cinco funcionarios que ejercieron de forma accidental esa labor coinciden en que los siete concejales conocían el punto de vista desfavorable del servicio jurídico

27.01.2016 | 12:56
Los secretarios tumban el alegato político al ratificar la lectura de los informes en la Junta
Una de las testigos que declararon ayer ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

Cinco secretarios accidentales en el Ayuntamiento de Arona pasaron ayer por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y todos ellos ratificaron uno de los puntos más relevantes del caso Edén: que el sentido de los informes técnicos y jurídicos eran leídos en las sesiones de la Junta de Gobierno. Uno a uno fue desmontando el alegato de la mayoría de los políticos que están acusados de dar unas 300 licencias y contratos ilegales entre 1999 y 2007 e incluso dos de los funcionarios aseguraron haber advertido de la responsabilidad en la que podían incurrir los siete miembros de ese órgano local si finalmente otorgaban esas autorizaciones. Estas afirmaciones, sin embargo, chocan de lleno con las mantenidas por cuatro de los procesados, quienes aseguraron durante sus interrogatorios que el parecer de los servicios municipales no era comunicado antes de la votación de esas concesiones.

El exconcejal de Urbanismo Félix Sierra llegó incluso a decir que ni siquiera tenía constancia de que los informes jurídicos fueran negativos, pero las cinco personas que en etapas diferentes ejercieron como secretarios accidentales en el Consistorio dejaron bien claro ayer que las propuestas de resolución para denegar esas licencias eran leídas por ellas mismas en las sesiones, una valoración contraria que además hicieron suya porque el servicio argumentaba en esos documentos que iban contra la norma.

El más directo durante su declaración como testigo fue Pedro Javier Hernández Velázquez, que en periodos entre 2004 y 2005 asumió esa responsabilidad fiscalizadora. A preguntas de la Fiscalía Provincial, informó de que en las Juntas de Gobierno "se solía leer el área expositiva de los informes y se decía si eran desfavorables". Llama la atención, según ponen de manifiesto a lo largo de las sesiones de este macrojuicio las acusaciones particular y popular, que en los expedientes investigados dentro del caso Edén (también conocido como caso Arona) los puntos de vista jurídicos y técnicos eran contrarios, ya que los primeros eran negativos y los segundos positivos para cumplir así, como denuncian ambas partes, con una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de desbloquear y agilizar licencias en la Corporación.

Ante esta disparidad de criterios, de la que el funcionario dijo tener constancia, Hernández Velázquez recordó que hizo suyo los informes jurídicos y que realizó las pertinentes advertencias de "responsabilidad", un aviso que expresó para cumplir con su "responsabilidad como funcionario público" porque veía que podía alcanzarse un acuerdo "no acorde con la norma", puntualizó. ¿Pero este secretario accidental emitió algún informe de legalidad? En respuesta a uno de los abogados de la defensa, el testigo indicó que no porque nunca fue pedido por los concejales de la Junta, pero, no obstante, subrayó que las observaciones las hizo "a viva voz" al compartir el parecer jurídico negativo respecto al otorgamiento de esas licencias. El problema es que "no se podía conceder" en unidades de actuación que "no estaban desarrolladas", añadió.

Respecto al casi centenar de contrataciones que supuestamente fueron fraccionadas y aprobadas para no ser sometidas a concurso público, Hernández Velázquez manifestó sobre uno de los casos, el de la adjudicación del asfaltado de cuatro calles en un mismo núcleo, que se trataba de "una única obra" porque este tipo de trabajos "solían venir todos en bloque", a lo que se suma que eran en "un mismo barrio y no hubo razón de emergencia", apuntó.

"Advertía de que se vulneraba la norma y era una valoración legal, es una aplicación de la normativa", sentenció Hernández Velázquez para defender su labor, quien además denunció haber soportado presiones por pronunciarse en determinados expedientes y una denuncia "falsa" después de iniciarse este procedimiento.

A Arama Fuentes también le tocó hacer de secretaria accidental en periodos entre 2004 y 2006. Esta funcionaria declaró ayer como testigo ante el tribunal y durante su intervención aseguró, al igual que su compañero, haber leído en las Juntas los informes técnicos y jurídicos preceptivos. De esta forma, informó sobre el sentido de estos e hizo suyo el punto de vista desfavorable de los juristas, ya que es el que "prevalece" al proponer el acuerdo a adoptar por los miembros de ese órgano municipal. "Hacía constar en que podían incurrir en responsabilidad" si se acordaba dar esas licencias aunque las unidades de actuación no estuvieran gestionadas, indicó ella, para posteriormente recordar que con el actual reglamento no existen las advertencias de ilegalidad y que de todas formas los concejales no le solicitaron nunca que hiciera una valoración específica al respecto.

Si todas estas afirmaciones fueron a raíz de las preguntas de la fiscal Francisca Sánchez, el letrado de la acusación particular, Santiago Martínez, hizo especial hincapié en una de las conversaciones telefónicas que mantuvo el exregidor José Alberto González Reverón con el antiguo concejal Antonio Sosa (procesado en una pieza separada de este caso). En esa grabación, manifestó que el antiguo alcalde investigado daba preferencia a esta funcionaria como secretaria accidental, pero ella aseguró desconocer por qué ya que "informaba lo que había" y descartó haber sido más o menos benevolente.

Los otros tres que sirvieron como secretarios accidentales y que declararon ayer como testigos (José Javier Bethencourt, Carmen Teresa Hernández y Javier García Doncell) confirmaron las palabras de sus compañeros a la hora de manifestar que los informes desfavorables no solo eran leídos en las Juntas de Gobierno, sino que además los hicieron suyos, un parecer del que todos dejaron constancia en las actas de esas sesiones.

Adjudicaciones

Por otro lado, el que fuera interventor de fondos del Ayuntamiento entre 1998 y 2005, Miguel Ángel Rojo, también fue ayer como testigo por la concesión de casi un centenar de contrataciones supuestamente ilegales. Según expuso, puso "multitud de reparos" porque en su opinión se crearon diferentes contratos "para un objetivo determinado".

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