´Caso Arona´ | Sesión séptima

Técnicos municipales confirman que las licencias dadas por la Junta violan la norma

Defienden la validez de sus informes jurídicos desfavorables

26.01.2016 | 10:08
Técnicos municipales confirman que las licencias dadas por la Junta violan la norma
Los 13 acusados en el ´caso Arona´, ayer, en el banquillo de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

Después de que los 13 acusados por el caso Arona fueran interrogados ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, ayer comenzó el turno de los más de 200 testigos que han sido citados en esta causa para esclarecer si el Gobierno local concedió casi 300 licencias y contratos ilegales entre 1999 y 2007. Los primeros en ponerse ante el tribunal fueron Francisco García Santamaría, concejal en la oposición por aquel entonces que además denunció los hechos ante la Fiscalía, y cinco técnicos que defendieron a capa y espada la labor que desempeñaron en el Ayuntamiento. Si dos de ellos no entraron en el grueso de la cuestión, tres confirmaron que no cabía la concesión de autorizaciones en las unidades de actuación investigadas porque iban contra el ordenamiento, de ahí que sus informes jurídicos fueran negativos.

Este parecer, tal y como recordaron ayer, chocó de lleno con el área técnica, de la que formaban parte dos de los procesados, el arquitecto municipal Eliseo de la Rosa y el aparejador del Consistorio Roberto de Luis. El motivo de que se pronunciaran de forma favorable, según las acusaciones pública y particular, es que ambos formaban parte de una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de desbloquear y agilizar permisos a diversos empresarios.

Dos de las funcionarias que declararon como testigos, Carmen Ana Díaz y Manuela Lidia Melo, calificaron incluso de habitual que los informes jurídicos y técnicos no coincidieran en este aspecto y fueron las más claras a la hora de ratificar sus propuestas para desestimar las licencias. Pese al punto de visto negativo de este servicio, la Junta de Gobierno de 2003-2007, formada por los siete políticos que se sientan hoy en el banquillo, dio luz verde a esas autorizaciones refugiándose, tal y como declararon los exconcejales, en el parecer técnico y en el del secretario municipal que ya falleció.

Por el contrario, Carmen Ana Díaz no dejó margen de error en su trabajo y confirmó que era "habitual" que los informes jurídicos y técnicos fueran contrarios, por lo que no le llamaba la "atención", ya que además estos últimos "no se extralimitaban en su función". En su opinión, cada servicio tenía su criterio, y el de ella lo tenía "claro". Era "categórico" que no cabía licencia en las unidades de actuación, ratificó.

Para emitir estos pronunciamientos contrarios, la funcionaria aseguró haber seguido a rajatabla el Plan General de Ordenación (PGO) en vigor, del que también debía valerse el área técnica de Urbanismo, y "fundamentalmente" el Texto Refundido. Si bien manifestó que su función no era hacer "advertencias de ilegalidad" ni poner "reparos", recordó que su responsabilidad consistía en proponer a la Junta de Gobierno la denegación de las licencias y se refugió en que "nunca" ha visto una "sentencia contraria" a sus informes.

El incumplimiento en las unidades de actuación es "categórico", insistió ella, un parecer que "no" coincidía con el del aparejador municipal Roberto de Luis y sí con el de los secretarios accidentales, que hicieron "suyos" los puntos de vista desfavorables del servicio jurídico, advirtió Carmen Ana Díaz.

Tanto ella como Manuela Lidia Melo, jefa del Servicio de Planificación, descartaron haber sufrido presiones para cambiar ese criterio negativo y esta última siguió la misma línea que su compañera para justificar su postura. Del mismo modo, esta jurista aseguró ante el tribunal que "no se podían" dar licencias porque las unidades de actuación "no estaban gestionadas". Ese condición "es por ley", de ahí sus informes negativos y que ese asunto no se pudiera "consensuar con nadie porque no procede". Apuntó, de hecho, que solo ha tenido un criterio diferente al respecto "con Eliseo de la Rosa" [el arquitecto municipal acusado] porque, pese a que ella no presenta dudas sobre este asunto, "siempre eran favorables en un lado [los técnicos] y desfavorables en el otro [los jurídicos]".

De igual forma, esta funcionaria considera que las autorizaciones investigadas son "nulas de pleno derecho" y defendió la labor que desempeñó en lo que estuvo al frente del servicio, entre otras cosas porque no tiene constancia de que haya sentencias contrarias a sus informes, pero sí del dictamen judicial que dice que "hay que revisar todas las licencias" de esos ámbitos, precisamente, por no estar gestionadas esas unidades de actuación, tal y como determinó entre sus argumentos el Tribunal Supremo al tumbar el PGO de 2011 el pasado año.

Alicia Rodríguez, una de las técnicos de Disciplina Urbanística, también se mostró segura del trabajo que realizó en el Ayuntamiento por esa época y fue tajante a la hora de indicar que si sus informes fueron desfavorables es porque "estaba segura" de que iban contra la normativa.

A sus declaraciones de ayer se sumaron las de los funcionarios Lidia Esther Cáceres y Víctor Manuel Roén, que no entraron en el fondo de la cuestión, y hoy les siguen otros testigos.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine