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´Caso Arona´ | Sesión quinta

El aparejador afirma que la Junta le ordenó informar en un proyecto a golpe de decreto

La Fiscalía sostiene que el expediente obtuvo el visto bueno porque el denunciante, que promovió la obra, les amenazó con una grabación sobre comisiones ilegales

20.01.2016 | 02:20
El aparejador afirma que la Junta le ordenó informar en un proyecto a golpe de decreto

Más de tres horas duró el interrogatorio al exaparejador municipal Roberto de Luis. El antiguo técnico local es una de las piezas principales del caso Arona y la Fiscalía Provincial solicita para él la condena más dura, ocho años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho al encabezar, junto al arquitecto del Ayuntamiento Eliseo de la Rosa y el exconcejal de Urbanismo Félix Sierra, una supuesta trama de comisiones ilegales a cambio de la concesión de licencias desde el Consistorio. El Ministerio Público sostiene que estos acusados mantuvieron bloqueado el expediente urbanístico del denunciante de estos hechos precisamente porque este se negó a pagar, y no fue hasta que el empresario les amenazó con una grabación telefónica cuando decidieron aprobar el proyecto de obra. Para darle luz verde, según declaró el funcionario, la Junta de Gobierno le ordenó emitir su respectivo informe en 2005 a golpe de "decreto" y a pesar de su criterio contrario.

Roberto de Luis manifestó ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que ese expediente llegó a su mesa con "el visto bueno de la Corporación" local y que la Junta, formada por los siete exediles acusados, le impuso un plazo para que informara "sí o sí". El aparejador dio el visto bueno a la propuesta urbanística, pero dejó por escrita la "salvedad" de que la urbanización residencial que quería construir el denunciante, José Ramón Ansorena, era incompatible con el uso hotelero que presentaba la parcela donde se había planificado esta actuación.

La Fiscalía recuerda en su escrito que el arquitecto municipal dio su conformidad al informe de De Luis, mientras que al día siguiente la jefa del servicio de Urbanismo emitió una propuesta "desfavorable", planteó denegar la licencia y destacó cómo "paradójicamente" el área técnica daba su visto bueno "pese a que en el mismo informe dice que no cumple con ese parámetro". El acusado que declaró ayer agregó al respecto: "Eran muchos informes y es posible que me equivocara, pero nunca de forma consciente".

Finalmente, el expediente obtuvo la aprobación de las administraciones públicas superiores al considerar que en ese suelo se permitía el uso mixto.

Si el aparejador se limitó a decir en la sesión quinta del juicio que fue la Junta la que le ordenó que se pronunciara sobre esta propuesta, el argumento de Ansorena es bien distinto, pues asegura que el procesado se negó a apoyar la actuación porque el promotor, supuestamente, se habría negado a pagar los 45 millones de pesetas( 270.455,45 euros) que le pidieron como comisión. Tal y como recoge el escrito de la Fiscalía, la solicitud de esa cuantía la hizo de forma directa Arsenio Zamora, uno de los 13 acusados en esta causa y el presunto intermediario, quien "actuó por cuenta de los técnicos municipales" investigados "y del concejal de Urbanismo" e indicó al denunciante que "debía entregar la cantidad para conseguir agilizar los trámites y se procediera a la concesión".

El aparejador local admitió ayer conocer a Arsenio Zamora, porque "era un promotor con intereses" en Arona, pero tachó de "totalmente falso" haberle dicho que pidiera dinero a los empresarios. En la grabación telefónica, el denunciante se niega supuestamente a abonar los 45 millones de pesetas a Zamora y De Luis confirmó que tuvo constancia de esa cinta porque el propio Ansorena le informó. Según él, este nombró como miembro de esta presunta trama al arquitecto municipal y le animó a denunciar los hechos, pero "yo creo en mi compañero, no en Ansorena", al que se le trató a "cuerpo de rey", agregó.

La Fiscalía Provincial, sin embargo, no solo defiende que De Luis cobró comisiones ilegales por parte de promotores sino también por parte de tres arquitectos privados. Por estos supuestos hechos también están acusados Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio Luis González Tolosa, ya que el Ministerio Pública ve indicios de que estos pagaron al aparejador municipal a cambio de que les pusiera en contacto con constructores para conseguir trabajos.

El funcionario del Ayuntamiento de Arona hasta 2012 reconoció haber recomendado a arquitectos a empresarios, pero porque según él estos le pedían asesoramiento, y negó haber "presionado" a ninguno de ellos para que contrataran los servicios de alguno de estos tres, que participaron en diversos proyectos que precisamente necesitaban el visto bueno del Consistorio.

El Ministerio Público asegura que el exaparejador local ingresaba el dinero de esas comisiones a través de la sociedad Proyectos y Diseños Cram 4 SL, entidad creada con su mujer mediante la que "simulaba" colaborar con profesionales como Zenón Rodríguez. De Luis afirmó que contaba con un informe elaborado por un letrado "de reconocido prestigio" que avalaba la compatibilidad entre su función como funcionario y su trabajo privado y aseguró que los ingresos que percibía su empresa procedían de los encargos, mediciones y control de presupuestos.

Al ser preguntado por la fiscal Francisca Sánchez sobre su patrimonio e ingresos procedentes de Zenón Rodríguez, el técnico especificó que de los 267.000 euros que facturó por realizar trabajos, "solo 30.000 eran en Arona". "He declarado hasta el último céntimo" cobrado y "jamás aceptaría de nadie dinero ni la más mínima insinuación", resaltó el acusado, quien aprovechó la ocasión para atacar a su sobrino, quien hizo pública esta presunta trama y quien, según él, presionó a promotores haciéndose pasar por él porque tenía una inmobiliaria.
De Luis contestó a las preguntas del Ministerio y de las defensas durante poco más de tres horas negando todo tipo de cobro ilegal, mientras que se negó a responder a las de la acusación particular, representada por el abogado Santiago Martínez, quien hizo constar sus cuestiones y quien aludió a distintas escuchas telefónicas, como en la que el edil procesado Juan José Alayón decía que "el sobrino de Roberto, el recaudador, fue sustituido por Zamora", aseguró.

Aunque el técnico municipal fue el protagonista en la quinta sesión del juicio por el caso Arona, a Zenón Rodríguez le dio tiempo ayer de hacer frente a las primeras preguntas de la acusación pública. Durante su media hora de intervención, admitió haber tenido relación profesional con De Luis y que, aunque a su estudio llegaban personas recomendadas por el funcionario, "eran muchas más" las que venían de parte de otro aparejador que terminó trabajando con posterioridad en el Ayuntamiento, Víctor Hernández.

Pese a que la Fiscalía establece un vínculo de supuestas comisiones ilegales entre el arquitecto y el aparejador local, el primero siguió la misma línea que el segundo y negó la existencia de una red de cobro, pues según él los pagos de los que habla el Ministerio Público responden a trabajos que le prestó De Luis.
Está previsto que el interrogatorio a Zenón Rodríguez termine hoy y que después declare Arsenio Zamora, el supuesto intermediario.

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