´Caso Arona´ | Sesión cuarta

El arquitecto local endosa la culpa de las licencias y contratos ilegales a los exediles

De la Rosa defiende que la Junta aprobó las concesiones y que los técnicos "no se meten" en esas decisiones

19.01.2016 | 03:05
El arquitecto local endosa la culpa de las licencias y contratos ilegales a los exediles
El exconcejal Alfonso Barroso, ayer, durante su declaración ante el tribunal.

La mayoría de los acusados por el caso Arona ya tienen a sus culpables. Si todos los exediles procesados menos Félix Sierra, que simplemente dijo no recordar ningún tipo de reparo o advertencia por parte de los servicios del Ayuntamiento, se escudaron durante sus declaraciones en el secretario municipal fallecido y en los documentos técnicos favorables, el antiguo arquitecto del Consistorio Eliseo de la Rosa echó la culpa ayer a los siete concejales que se sientan junto a él en el banquillo. Durante la cuarta sesión del juicio por esta causa, relacionada con la concesión de más de 200 licencias y casi un centenar de contrataciones ilegales entre 1999 y 2007, el técnico defendió que fueron estos políticos los que dieron luz verde a esas autorizaciones a través de la Junta de Gobierno, mientras que él, "como técnico," no se metió "en eso" y se limitó a hacer los informes de esas concesiones, la mayoría de ellos positivos y contrarios al punto de vista jurídico.

Es por esta razón por la que la Fiscalía solicita para el funcionario una de las penas más duras, seis años de cárcel y 20 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho. Según el Ministerio Público, Eliseo de la Rosa encabezó, junto al exedil de Urbanismo Félix Sierra y el aparejador municipal Roberto de Luis, una supuesta trama para agilizar y desbloquear autorizaciones a cambio de dinero, de ahí que estos tres se lleven las peticiones de condena más graves.

Si el antiguo concejal ya declaró la pasada semana y no soltó prenda al respecto, lo mismo pasó ayer con el arquitecto del Ayuntamiento. Aunque tanto ellos como el resto de investigados que ya han sido interrogados –en total ocho de 13– respondieron a las preguntas de la acusación pública, esta, representada por Francisca Sánchez, está teniendo serios problemas para lograr algún tipo de confesión, en especial respecto al presunto cohecho.

En el caso de ayer, al técnico municipal le bastó con negar los hechos, sobre todo si se tienen en cuenta las preguntas tan directas que le hizo el Ministerio Público, como si había solicitado dinero para "mover voluntades" o si se utilizó al empresario Arsenio Zamora como intermediario para pedir al promotor denunciante de estas supuestas comisiones ilegales, José Ramón Ansorena, el pago de cuantías a cambio de una licencia.

Eliseo de la Rosa solo afirmó durante su interrogatorio que Zamora y él solo comentaron esas acusaciones durante el tiempo que estuvieron en prisión por este asunto, porque ahí les dio "tiempo de hablar de todo", y aseveró que este último le dijo que "nunca había pedido nada". El empresario, para el que la Fiscalía pide tres años de cárcel por presunto cohecho al servir supuestamente de intermediario, es otra de las 13 personas que se sientan en el banquillo por esta causa y que deberá declarar ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial previsiblemente hoy, después de que lo haga Roberto de Luis, para el que se solicita la pena más dura: ocho años de cárcel por los mismos delitos que se les achacan a Félix Sierra y Eliseo de la Rosa.

La prueba contra ellos que más se ha mencionado durante el juicio es una grabación telefónica aportada por el denunciante, que refleja la supuesta trama de comisiones ilegales formada por Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis con sus informes técnicos favorables a cambio de dinero, que luego era ingresado presuntamente en determinadas empresas, como la que tenía la hija del primero.

Según dijo el arquitecto ayer, fue el exalcalde, el procesado José Alberto González Reverón, el que le informó sobre la existencia de esa cinta sin que este, según él, le especificara a quién se escuchaba. Fue ahí donde se contradijo con su declaración en la instrucción, cuando señaló que el antiguo regidor le comunicó que él era aparecía en ella, tal y como le recordó la Fiscalía.

El arquitecto municipal estuvo sentado ayer durante más de una hora frente a los tres magistrados de la Sala pese a que solo quiso responder a las preguntas de la Fiscalía y de su abogado, Juan Manuel Fernández del Torco. Aunque la mayoría del tiempo se lo llevó el Ministerio, del técnico obtuvo poca información y el funcionario, de hecho, quiso dejar claro que no intervino en "todos los expedientes" que se investigan y que, en el caso de las contrataciones, "hay bastantes" que se encargaron a servicios externos.

El interventor del Ayuntamiento, según él, "nunca" lo avisó de los reparos que emitió respecto a esas adjudicaciones y aseguró no haber recibido presiones por parte de la Junta de Gobierno para emitir informes técnicos favorables. De todas formas, aunque fueran negativos estos o los del servicio jurídico, la Junta es "el órgano superior" y, "como técnicos, no nos metemos" en sus decisiones, justificó.

Uno en los puntos en los que la Fiscalía ha sido más incisiva es en las licencias que se concedieron en diversas unidades de actuación pese a ir en contra de la normativa, entre otras cosas porque no estaban gestionadas, según defiende. Respecto a esas autorizaciones, el acusado siguió la misma línea argumental que los exediles y aseguró que la Junta podía conceder los permisos aún sin cumplir este aspecto siempre que se tratara de zonas "urbanizadas y consolidadas en más del 80%". Fue esta afirmación la que llevó a actuar por primera vez en lo que va de vista al tribunal, preguntándole que si aparte de existir otras deficiencias no debían cumplir otros requisitos para tener esa consideración, como la constitución de las juntas de compensación.

Respecto a esa puntualización, Eliseo de la Rosa se limitó a decir que esas cuestiones son un tema "jurídico, no técnico", y que él solo tiene "conocimiento técnico" pese a destacar durante su declaración su dilatada experiencia.

Aunque el interrogatorio del arquitecto municipal era uno de los más esperados, ayer también declaró el último de los siete exediles que quedaban pendientes, Alfonso Barroso. Aunque este, al igual que sus compañeros, defendió que las licencias tenían el visto bueno del secretario fallecido y que tampoco disponía de tiempo para leer las actas de las juntas de Gobierno, ratificó que los informes jurídicos eran leídos en esas sesiones, tal y como ya indicaron Juan José Alayón y Daniel Martín (otros dos antiguos concejales), por lo que tenían constancia de las advertencias de ilegalidad. Barroso, no obstante, afirmó que "nunca" pensó estar al margen de la ley y que ahora ve que se les acusa "bárbaramente de prevaricar".

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