´Caso Áridos´ | Primera sesión

Plasencia se declara culpable para evitar la cárcel por atentar contra el medio ambiente

El empresario asume un año y tres meses de prisión y el pago de 52 millones para restaurar el entorno dañado

16.01.2016 | 00:18
Antonio Plasencia, ayer, sentado en el banquillo de los acusados junto a los otros tres procesados.
Ylenia Lorenzo

Antonio Plasencia cometió delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Así mismo lo reconoció el expresidente de los constructores de Tenerife que, a través de su abogado, cerró un principio de acuerdo con la Fiscalía Provincial antes de que arrancara ayer el juicio por obtener áridos de forma ilegal durante años. Ese pacto, que aún no está formalizado y que además debe ser rubricado por las acusaciones particular y popular y el actor civil, implica que el propio empresario se declare oficialmente culpable y que asuma un año y tres meses de prisión, además del pago de 52 millones de euros para restaurar el entorno natural de Güímar afectado por sus extracciones. El lado bueno para él es que así evitaría la cárcel, de ahí que sea el que ha promovido el acercamiento.

Según fuentes jurídicas consultadas, otros dos de los cuatro procesados por estos mismos hechos también negocian con el Ministerio Público (representado por Jaime Serrano-Jover), el abogado Carlos Álvarez (en nombre de las acusaciones particular y popular) y el letrado del Ayuntamiento, como actor civil, un posible acuerdo de conformidad que tendría las mismas condiciones que el de Plasencia: un año y tres meses de cárcel y el pago de la recuperación del espacio en función de los daños que ocasionaron cada uno de ellos.

Los que están dispuestos a oficializar su culpabilidad para evitar entrar en prisión son José Enrique Morales y Pedro Sicilia, mientras que el letrado del cuarto, Francisco Javier del Rosario, no aludió a esa vía y defendió ayer durante las cuestiones previas la inocencia de su cliente. Según él, el investigado "no representa a la empresa" que explotó los barrancos de Güímar, sino que simplemente era "un apoderado que no tuvo capacidad decisoria".

El más adelantado para conseguir un pacto es el expresidente de la patronal de la construcción porque ya cuenta con la aprobación de la Fiscalía, pero la realidad es que aún debe tener el visto bueno de las acusaciones particular y popular y de la Corporación local, personada como perjudicada.

De no lograrse un acuerdo entre todas las partes y no firmarse esa fórmula para cada uno de ellos, el juicio continuará con el procesado correspondiente que no disponga de esa conformidad, hasta acabar en un principio en abril.

Los cuatro empresarios ya tuvieron que sentarse en el banquillo ayer durante la primera sesión de la vista oral, pero por muy poco tiempo. Aunque todos los abogados tuvieron la oportunidad de exponer las cuestiones previas, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial decidió suspender la jornada para que puedan proseguir las negociaciones entre los implicados.

En el caso de Plasencia, si su letrado, Esteban Sola, informó sobre la propuesta de su cliente antes del arranque del juicio para evitar que su cliente vaya a la cárcel, la cuestión es que no logró la firma de las partes. Este podría ser el más interesado en que salga bien, ya que al no tener antecedentes penales no entraría en prisión y pondría punto final a una de las causas que tiene pendientes.

Si así no correría el riesgo de ser castigado por estos hechos a cinco años de cárcel, lo que solicita el Ministerio para cada acusado por estos presuntos delitos medioambientales, su realidad es más complicada por el famoso caso de Las Teresitas. Está previsto que el juicio sea este ejercicio y la Fiscalía pide para él otros cinco años entre rejas por presuntas prevaricación y malversación de caudales públicos.

Las negociaciones entre Plasencia, el resto de interesados en acogerse a esa fórmula y las otras partes deberán continuar para intentar llegar a un pacto antes del próximo día 28, cuando tendrá lugar la siguiente sesión. Así lo anunció el presidente de la Sala, el magistrado Joaquín Luis Astor, quien además les recordó que existe un auto de 2008 de esa misma Sección en el que el tribunal hace constar que existe "de forma indiciaria responsabilidad penal" por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Dos de los puntos más complicados para terminar de cerrar ese trato es el dinero que debe poner cada uno de los procesados para restaurar el medio natural dañado y cómo se recuperará el espacio. Tal y como informaron ayer fuentes jurídicas, las administraciones públicas con responsabilidad en los barrancos de Güímar que fueron explotados (El Río, Badajoz, Los Guirres y Fregenal) deberán conocer oficialmente esos acuerdos de conformidad, así como elaborar los proyectos para restablecer los terrenos y determinar el coste de los trabajos, una actuación que muchos ven difícil en su totalidad ante la profundidad de los hoyos que causó la actividad minera durante casi 20 años.

La Fiscalía Provincial ya ha realizado su cálculo. Un dictamen pericial encargado por el Ministerio Público establece en 279 millones de euros el dinero que deben poner los areneros –69,6 millones Francisco Javier del Rosario, Antonio Plasencia 66,4, José Enrique Morales casi 63 y Pedro Sicilia 39 millones, sin contar al quinto implicado fallecido–. A estas cifras habría que sumar los 209 millones que pide el Ayuntamiento como actor civil y la indemnización que solicita el órgano estatal para el Consejo Insular de Aguas de Tenerife.

Según fuentes consultadas, el expresidente de los constructores solo podría pagar 52 de los 66,4 millones que fija la acusación pública al disponer de un patrimonio inmobiliario valorado en ese importe, mientras que los otros tres procesados se declararon insolventes.

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