'Caso Áridos'

Plasencia acepta 1 año y 3 meses de condena y 52 millones para eludir la cárcel

Este viernes se ha celebrado la primera sesión del juicio por la extracción de áridos de los barrancos de Güímar

15.01.2016 | 13:27
Antonio Plasencia, durante la vista oral hoy en la sala 11 del Palacio de Justicia.

Antonio Plasencia, expresidente de Fepeco, la patronal de la construcción de Tenerife, aceptaría una condena de un año y tres meses de prisión, así como pagar una indemnización de 52 millones de euros, para eludir su entrada en la cárcel en caso de ser condenado en el juicio por la extracción de áridos de los barrancos de Güímar.

En la primera sesión del juicio, en el que junto a Plasencia se sientan en el banquillo los empresarios José Enrique Morales, Francisco Javier del Rosario y Pedro Sicilia, la vista ha quedado suspendida hasta el 28 de enero a la espera de que se cierren los flecos de un posible acuerdo de la fiscalía y de la acusación particular y popular con los imputados.

Según fuentes jurídicas, de momento tres de los cuatro acusados, todos menos Francisco Javier del Rosario, estarían dispuestos a declararse culpables a cambio de una condena de un año y tres meses de prisión, lo que les permitiría eludir el ingreso efectivo en la cárcel por carecer de antecedentes penales y ser la pena inferior a dos años.

Además, uno de los acusados, Antonio Plasencia, estaría dispuesto a indemnizar a las administraciones afectadas por el daño medioambiental al menos con los 52 millones de euros en activos inmobiliarios embargados como fianza, de acuerdo con las mismas fuentes.

El problema para cerrar el acuerdo entre las partes tiene que ver con las dificultades de los demás acusados para hacer frente a las indemnizaciones.

En esta causa, la fiscalía y la acusación particular, que representa a un exconcejal y a un agricultor afectado por las extracciones, piden inicialmente cinco años de cárcel para cada uno de los acusados y un total de 279 millones de euros de indemnización.

Las extracciones presuntamente ilegales objeto de este juicio, que han causado un gran daño ecológico, se llevaron a cabo entre los primeros años noventa y el 2007 y fueron denunciadas por el abogado Carlos Álvarez en nombre del exconcejal Francisco Javier Hernández y del agricultor Jesús Segundo Jorge Díaz, que ejercen las acusaciones particular y popular.

Al comienzo de la primera sesión de la vista oral en la sección segunda de la Audiencia Provincial, el fiscal del caso, Jaime Serrano, dio cuenta de las conversaciones entre las partes para un acuerdo de culpabilidad y pidió la suspensión del juicio a la espera de resolver "unos flecos".

Todas las partes estuvieron de acuerdo con la suspensión y el magistrado Joaquín Luis Astor, que preside el tribunal, las citó para el 28 de enero.

En caso de culminar el acuerdo previo con todos los acusados, el juicio no seguiría adelante, aunque se pueden alcanzar acuerdos individuales, con lo que cabe la posibilidad de que continúe con algunos imputados.

En esa sesión del 28 de enero, deberán dirimirse también las cuestiones previas planteadas por las defensas, que van desde la petición de nulidad de actuaciones por presunta vulneración de derechos fundamentales de algún acusado hasta la prescripción del delito.

La defensa de Francisco Javier del Rosario adujo que el acusado no era representante legal de la empresa Áridos del Atlántico cuando sucedieron los hechos, sino un apoderado sin capacidad decisoria.

El abogado de Pedro Sicilia argumentó que los supuestos delitos habrían prescrito, pues las extracciones se llevaban a cabo desde décadas antes de los hechos denunciados y en todo caso los terrenos ya estaban completamente deteriorados.

Al concluir la sesión, el letrado de la acusación popular y particular Carlos Álvarez se mostró satisfecho del reconocimiento de culpabilidad, que supone el ofrecimiento de un acuerdo, porque es "rendirse" ante el hecho de que se ha cometido un delito ecológico.

"Güímar está hoy de enhorabuena después de once años de instrucción penal", aunque está por ver si se cierra un acuerdo que compense desde el punto de vista medioambiental y técnico y que el dinero sea suficiente, apuntó el letrado.

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