´Caso Arona´ | Sesión tercera

Exediles se escudan en el secretario fallecido tras admitir reparos en licencias y contratos

Afirman que el funcionario respaldó las concesiones, pero su parecer no está por escrito

15.01.2016 | 02:20
Exediles se escudan en el secretario fallecido tras admitir reparos en licencias y contratos
El exedil Félix Sierra, ayer durante el final de su declaración, y el resto de acusados en el banquillo.

Al parecer, ninguno de los siete políticos acusados por el caso Arona nunca se molestó en leer las actas de la Junta de Gobierno de la que formaban parte, en las que constan de forma explícita los informes negativos y reparos que los servicios del Ayuntamiento hicieron a más de 200 licencias de obras y casi un centenar de contrataciones. Eso es lo que dijeron seis de ellos durante las sesiones del macrojuicio del pasado miércoles y ayer y, al menos uno, reconoció sentir "vergüenza" de ello. Ese fue el argumento que utilizaron con la intención de demostrar que no tenían constancia de las advertencias de ilegalidad, pero la mayoría cayó en la contradicción. Todos, menos Félix Sierra, admitieron saber que existían y, una vez en ese hoyo, se refugiaron en el secretario municipal José Ángel Álvarez. Según aseveraron, este siempre avaló las concesiones investigadas, pero esa afirmación implica dos problemas: uno, que el parecer del funcionario, para bien o para mal, no consta en ninguno de los documentos y, dos, que no puede defenderse porque ya falleció.

Los 13 procesados por esta causa, entre los que también hay empresarios y técnicos del Consistorio, tuvieron que sentarse ayer por tercer día consecutivo en el banquillo de los acusados por los hechos detectados entre 1999 y 2007. Si en la segunda sesión fue interrogado el exalcalde José Alberto González Reverón y el antiguo edil de Urbanismo Félix Sierra contestó a las preguntas de la Fiscalía, ayer finalizó su turno y dio paso a otros cuatro concejales de aquel entonces: Manuel Barrios (que también llevó Urbanismo), Daniel Martín, Juan José Alayón y José Luis González.

Para cada uno de ellos, y para Alfonso Barroso, el único político que falta por declarar, el Ministerio Público pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística, a lo que hay que sumar otros cuatro de prisión y otros ocho de inhabilitación para Félix Sierra por cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

Durante la jornada de ayer, la fiscal encargada del caso, Francisca Suárez, logró mejores resultados que en la primera día de interrogatorios y centró su intervención en las juntas de Gobierno donde todos ellos dieron luz verde a unas 300 licencias y contrataciones ilegales. Los acusados intentaron seguir una misma línea argumental para defender su inocencia, pero la realidad es que más de uno reconoció tener constancia de las advertencias que hicieron los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento a esas autorizaciones.

El alcalde de Arona entre 2003 y 2012 y en esos momentos presidente de la Junta de Gobierno, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Manuel Barrios admitieron dar permisos a sabiendas de que existían esos informes negativos y reparos y se refugiaron en el supuesto apoyo del representante del órgano fiscalizador fallecido. Pero la Fiscalía Provincial lo tiene claro: "¿Quién le ha dicho que el parecer del secretario prevalece a los informes técnicos y jurídicos?", preguntó en un momento de la sesión a ese último. Su respuesta fue totalmente subjetiva: "Pensaba que era el máximo de la Corporación por ser del Cuerpo Nacional y que era el más que sabía de eso", respondió.

Manuel Barrios no solo formó parte de la Junta de Gobierno sino que además fue edil de Urbanismo entre 2003 y 2007. Durante esta etapa, el Ministerio Público le recordó una de las licencias que este apoyó, incluso interviniendo "para que se omitiera el trámite del informe jurídico para agilizar" el proceso, a pesar de ir contra la ley al tratarse de una unidad de actuación que, según subrayó ella, no estaba gestionada. El antiguo concejal tenía el argumento claro, el secretario avaló esa y otras autorizaciones, aunque con posterioridad incluso el Tribunal Supremo tumbó el Plan General de Ordenación precisamente porque no estaban gestionadas.

En contra de las advertencias de ilegalidad, leídas en las juntas de Gobierno, tal y como afirmó él mismo, Manuel Barrios indicó que siempre era el parecer del funcionario el que prevalecía, el cual siempre era a favor de esas concesiones, según él. Por el contrario, cuando este representante del órgano fiscalizar se ausentó del Ayuntamiento durante distintas etapas, el punto de vista desfavorable de los secretarios accidentales, como reconoció el propio exalcalde, sí quedó reflejado en las actas.

En esas sesiones entre 2003 y 2007, los miembros de la Junta de Gobierno también aprobaron contrataciones de obra de forma fraccionada, de acuerdo a la Fiscalía, para evitar los concursos públicos y así beneficiar a cuatro empresas. El exedil de Urbanismo no se cortó a la hora de indicar que eran "temas diferentes" a pesar de que, a modo de ejemplo utilizado por el Ministerio Público, se hicieron cuatro contratos diferentes a una misma entidad privada para hacer nichos o cinco para hacer mejoras en una misma rotonda. Estas adjudicaciones dependían de las áreas que gestionaban Juan José Alayón y José Luis González que, pese a que la Fiscalía informó de que estuvieron en las juntas de Gobierno en las que se aprobaron, dijeron simplemente que no recordaban nada.

De lo que se acordaba el primero de ellos, tal y como declaró él mismo, es que existían informes jurídicos negativos respecto a unidades de actuación y que, aunque no se leían en las juntas, sí se decía el sentido de cada uno de ellos. Sin embargo, hubo conversaciones con el "secretario y nos daba la razón", aseguró.

Algo parecido declaró José Luis González, quien señaló que el día de la reunión "se decía" el punto de vista de esas resoluciones, aunque los informes "no se leían", y que solo se tenía en cuenta si el informe técnico era favorable y si estaba apoyado por el funcionario.

Daniel Martín, por el contrario, manifestó que no solo se leían sino que además avisaban de que iban en contra de la normativa, pero no recuerda "que se hiciera de viva voz" por parte del representante del órgano fiscalizador. ¿Y por qué no se abstuvo o votó en contra de la concesión de licencias y contratos? "De qué vale, se hacía por unanimidad", respondió.

Félix Sierra, concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003 y posteriormente miembro de la Junta de Gobierno, parece haber vivido en una realidad paralela. Según él, no recuerda "que se pusieran reparos" porque él acudía "a la hora justa" a las sesiones, ya que en esa última etapa no tenía concejalía.

Respecto al presunto delito de cohecho, afirmó que "jamás ha recibido un dura de nada ni de nadie, salvo el de por mi actividad".
Aunque ninguno de los procesados interrogados hasta el momento respondió a las preguntas de la acusación particular, el letrado representante, Santiago Martínez, quiso hacer constar que diversas informaciones en la prensa informaban sobre esas supuestas ilegalidades unos cinco años antes de que se denunciaran estos hechos, por lo que dio a entender que los investigados eran conscientes de los hechos.

Las declaraciones continuarán el próximo lunes.

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