´Caso Áridos´

Arranca el juicio contra empresarios que explotaron las canteras de Güímar

Cuatro areneros están acusados por posibles delitos medioambientales - 95 testigos, entre ellos Ricardo Melchior, son llamados a declarar

15.01.2016 | 12:57
Una de las canteras explotadas en los barrancos de Güímar.

La sala del Palacio de Justicia que ha acogido a lo largo de esta semana el famoso caso Arona, una presunta trama de corrupción relacionada con 13 políticos, empresarios y funcionarios, volverá a llenarse hoy, pero por una causa diferente. Arranca el juicio contra cuatro de los cinco areneros que durante años explotaron los barrancos de Güímar de forma ilegal, ya que el quinto ya fallecido. En el banquillo se sentarán el expresidente de los constructores de Tenerife Antonio Plasencia (que también tiene pendiente la macrovista oral por el caso de Las Teresitas), José Enrique Morales Rodríguez, Francisco Javier del Rosario Fuentes y Pedro Sicilia Delgado.

Para este juicio, que previsiblemente se prolongará hasta el mes de abril, están llamados a declarar un total de 95 personas en calidad de testigos. Entre ellos se encuentra el antiguo mandatario del Cabildo de Tenerife y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Ricardo Melchior, a petición de Antonio Plasencia.

La Fiscalía Provincial pide para cada uno de los procesados cinco años de cárcel por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y que se hagan cargo de restaurar el equilibrio ecológico perturbado. El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial será la encargada de emitir sentencia y está previsto que la primera sesión comience hoy a las 09:45.

Si el Ministerio ejercerá como acusación pública, la acusación particular y popular (ejercida por uno de los agricultores afectados por las extracciones y por personas que formaron parte de la Corporación en el mandato 1999-2003) estará representada por el abogado Carlos Álvarez, que ha llevado este caso desde su inicio, hace poco más de una década. El letrado afirmó ayer que se trata de una vista oral "histórica para hacer justicia por una actividad clandestina" y confía en que no se produzcan dilaciones durante el proceso.

El Ayuntamiento de Güímar también está personado y solicita a los acusados 209 millones de euros. De hecho, la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, también está llamada a declarar como testigo.

En el pasado mes de octubre, l Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Güímar embargó todos los bienes que los acusados tienen a su nombre. Esta decisión respondió a la negativa a abonar las cantidades solicitadas a cada uno.

En el caso del expresidente de la patronal tinerfeña de la construcción, le corresponde poner 66,4 millones de euros para responder ante la posible responsabilidad civil que le piden tanto la Fiscalía como la acusación particular y popular, pero Francisco Javier del Rosario es el que tiene que hacer frente a la mayor cuantía, 69, 6 millones de euros. Por su parte, José Enrique Morales le tocan casi 63 millones de fianza y a Pedro Sicilia Delgado 39 millones.

Según afirma la Fiscalía Provincial en su escrito de acusación, desde la década de los años 90 hasta al menos 2007, estos cuatro areneros explotaron las canteras en una zona de gran potencial agrícola en Güímar de forma "simultánea, continua y sin cobertura legal por no contar con la totalidad de los títulos que legitimasen estas actuaciones".

Por su parte, el Juzgado de Instancia e Instrucción Número 2 de Güímar también afirmó que estos hechos "revisten las características de delito" y que "las actuaciones ofrecen méritos suficientes para exigir responsabilidad a determinadas personas que se concretan en la acusación".

Millones de euros de indeminzación

El Ayuntamiento de Güímar calcula que los cuatro areneros acusados de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (Antonio Plasencia, José Enrique Morales Rodríguez, Francisco Javier del Rosario Fuentes y Pedro Sicilia Delgado) deberían pagar a la Corporación local 209,5 millones euros. Tal y como también pide la Fiscalía Provincial, el Consistorio también considera que los empresarios tienen que indemnizar a la Administración por los daños que causaron en los barrancos con la extracción de áridos. Como actor civil, la Institución municipal solicita esa cuantía a los representantes de las sociedades que realizaron esa actividad entre la década de los años 90 y al menos 2007 defendiendo que es "la perjudicada de la delictiva actuación" que llevaron a cabo los procesados.

El Ministerio Público, además, ve la necesidad de indemnizar al Consejo Insular de Aguas de Tenerife, organismo dependiente del Cabildo, por las obras de reparación que tuvo que hacer a causa de los daños provocados en el dominio público. Según cifras aportadas por la propia entidad de la Corporación insular, la cifra alcanza los 2.389.462 euros por los trabajos realizados en el cauce del Barranco Badajoz.

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