´Caso Arona´ | Segunda sesión

El exalcalde admite que incumplió el PGO y obvió informes negativos para dar licencias

González Reverón reconoce durante su declaración, de más de tres horas, que existían avisos y reparos de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento

14.01.2016 | 01:13
El exalcalde admite que incumplió el PGO y obvió informes negativos para dar licencias
El exalcalde González Reverón, ayer, durante su declaración como acusado por el ´caso Arona´.

El primer día de declaraciones de los 13 acusados por el caso Arona arrancó ayer con poca fuerza en el Palacio de Justicia. El exalcalde José Alberto González Reverón fue al que le tocó inaugurar la jornada para defender su inocencia ante los presuntos delitos de prevaricación administrativa y urbanística que le achaca la Fiscalía, unos indicios que el Ministerio detecta en la concesión de licencias urbanísticas y en contrataciones y certificaciones de obra. Para el antiguo mandatario no es nada nuevo ser interrogado en una vista y ya en diciembre respondió por una de las piezas separadas de esta causa frente al mismo tribunal, el de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Ante los tres magistrados, el que fuera regidor reconoció que durante su etapa en el Ayuntamiento, cuando ocurrieron los hechos, entre 1999 y 2007, obvió informes negativos de los servicios jurídicos y técnicos y se saltó el Plan General de Ordenación (PGO) para dar vía libre a diversas actuaciones.

González Reverón admitió que expedientes urbanísticos llegaban a las juntas de Gobierno con el visto en contra de técnicos y del secretario y que aún así el órgano local que él presidía daba los permisos, pero restó importancia a esos otorgamientos porque las advertencias, según él, eran subsanadas con posterioridad. Durante su declaración, también dijo que la Junta de Gobierno concedió además autorizaciones pese a ir en contra del PGO en vigor. Su justificación: que eran acordes al nuevo documento en redacción, unos proyectos ajustados a un futuro Plan que más adelante tumbó el Tribunal Supremo (TS).

Entre los motivos que llevaron al TS a declarar nulo ese PGO está que diversas unidades de actuación no eran gestionadas, uno de los argumentos que sirvió a la Fiscalía para intentar demostrar la ilegalidad de las licencias. Para González Reverón, sin embargo, "la realidad se imponía a las normas para concederlas", dijo ante los tres magistrados y a pregunta de la representante del Ministerio, Francisca Sánchez.

El antiguo regidor de Arona defendió que no todos los informes técnicos y jurídicos fueron negativos en los permisos investigados y aseguró que no le llamó "la atención" que estos no coincidieron en algunos casos ante una misma obra. Como arma de defensa, aludió a que las concesiones se hicieron con el visto bueno del secretario del Ayuntamiento, ya fallecido, mientras que los secretarios accidentales, tal y como dijo él mismo, opinaron lo contrario. Ante estos puntos enfrentados, González Reverón solo dio valor al parecer del funcionario titular y argumentó finalmente que las autorizaciones eran dadas "por interés general".

La declaración del exalcalde ante la Audiencia Provincial se prolongó durante más de tres horas y la mayoría de este tiempo se lo llevó el Ministerio Público con sus preguntas, mientras que el procesado no quiso responder a la acusación particular, representada por el letrado Santiago Martínez.

La fiscal Francisca Sánchez no logró arrancar mucho a González Reverón durante su intervención, que la centró sobre todo en el otorgamiento de esas centenares de licencias urbanísticas desde las juntas de Gobierno y dejó menos tiempo para las contrataciones fraccionadas y para algún que otro despiste, como citar hechos que forman parte de piezas separadas. Pese a su falta de laconismo y confusiones, consiguió que al menos el exalcalde no solo reconociera que tenía constancia de que aprobó licencias en contra del planeamiento en vigor, sino que además admitió que eludió los informes negativos y reparos de Intervención.

La acusación pública le recordó que esas advertencias de ilegalidad constaban en las actas de las juntas de Gobierno, donde se daban luz verde a esas adjudicaciones, y que en todos los casos "siempre obra reparo del secretario". Su aviso está "dentro de esas actas", le dijo la representante del Ministerio, a lo que González Reverón le respondió que solo eran contrarios los de los secretarios accidentales.

Aunque ya había admitido tener constancia de esos avisos, el procesado indicó en otro momento del interrogatorio que, pese a que los siete miembros de la Junta de Gobierno recibían las actas de las sesiones, "nunca" eran leídas por sus integrantes, por lo que supuestamente no tenían constancia de la postura del órgano fiscalizador.

Respecto a las unidades de actuación, Francisca Sánchez hizo hincapié en que no estaban gestionadas y que presentaban deficiencias, por lo que el Ayuntamiento no podía conceder esas licencias urbanísticas, mientras que el exalcalde aseguró no tener constancia de esas circunstancias. Todo este caso relativo al otorgamiento de más de 200 permisos ilegales es un "acto administrativo" que debería tratarse en el Contencioso Administrativo, finalizó el investigado.

Algunos ejemplos

El Ministerio Público mencionó durante la sesión del juicio casos concretos para intentar arrinconar a González Reverón. Una de las autorizaciones que nombró es la que tiene que ver con la empresa Promociones Nak Europa SL, que solicitó permiso para la construcción de un edificio de 27 viviendas y 30 plazas de garaje. El proyecto, según mantiene la acusación pública, incumplía el planeamiento pero. Sin embargo, el procesado Roberto de Luis, para el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel por una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de desbloquear y agilizar los trámites de las licencias, emitió informe favorable en su condición de aparejados municipal.

Otros de los ejemplos usados fue el permiso de obra mayor que pidió Promociones Hijos de Alemán SL para hacer un edificio de seis viviendas, lo que fue concedido pese "al informe desfavorable de los servicios de Urbanismo", sostiene el Ministerio en su escrito.
Lo mismo pasó con la solicitud de la empresa Construcciones Jocusar Tenerife SL para el modificado del proyecto de un edificio con seis viviendas. En este caso, se trata de una unidad de actuación "no debidamente gestionada, tratándose de suelo urbano no consolidado". Pese a que los servicios de Urbanismo dictaron informe desfavorable, la acusación pública recuerda que la Junta de Gobierno le dio el visto bueno a la concesión.

Las defensas

Tras la intervención de Francisca Sánchez, González Reverón respondió a las preguntas de las defensas. En respuesta, recordó que la opinión de los secretarios no es vinculante, sino preceptiva, y que todas las autorizaciones cuentan con sus respectivos informes. Aseguró que ni los partidos de la oposición ni el Cabildo pusieron objeción alguna en ninguno de los casos y que se celebraron diversas reuniones entre técnicos y juristas para buscar soluciones ante los "muchos" debates que se generaron en el Ayuntamiento a cuenta del supuesto fraccionamiento de contratos.

Adjudicaciones

Casi 100 actuaciones, según la Fiscalía, fueron concedidas a dedo desde la Junta de Gobierno, unos contratos que según su representante fueron divididos para no superar el límite legal establecido y así no tener que someterlos a concurso público. Durante su intervención, la representante del Ministerio habló de cuatro empresas beneficiarias y utilizó diversas aprobaciones para intentar demostrar que fueron ilegales.

Uno de los que nombró fue el que tiene que ver con los cuatro contratos que aprobó los siete miembros de la Junta para asfaltar cuatro calles de Cabo Blanco. Estas mejoras fueron otorgadas a una misma entidad privada y superaban los 30.000 euros, cantidad máxima que por entonces imponía la ley para dar actuaciones de forma directa, en caso de que hubieran sido unidas en un mismo expediente.

Lo mismo pasó, según la fiscal, con la construcción de unos 70 nichos de cementerio y la compra de distintos vehículos a una misma empresa, respectivamente, además de que citó otro ejemplo en el que el presupuesto de una reforma adjudicada por la Junta de Gobierno llegó a costar 2,2 millones de euros más de lo previsto inicialmente, algo que iría en contra de la norma al superar el 20% de incremento, un porcentaje límite que desconocía el exregidor, según argumentó él.

El alcalde de Arona durante nueve años, entre 2003 y 2012 porque fue condenado a cuatro años y medio de inhabilitación por enchufar a dos personas en el Ayuntamiento, defendió al respecto que se trataban de trabajos y adquisiciones independientes entre sí pese a que se beneficiaba a una misma entidad y el objetivo era igual entre ellos, por lo que aseguró que no hay fraccionamiento.

Aparte de González Reverón (de CC), también están acusados por estos mismos hechos los otros seis políticos que formaban parte por aquel entonces de la Junta de Gobierno –Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN-CCN), Daniel Martín (CAN), Juan José Alayón (CC por aquel entonces y después de Los Verdes), José Luis González (CAN) y Alfonso Barroso (CC)–. La Fiscalía pide una condena para cada uno de ellos de dos años de cárcel y 20 de inhabilitación, a los que se suman otros cuatro de prisión y otros ocho años de inhabilitación para Félix Sierra por presuntos delitos de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

El resto de acciones que implican al antiguo regidor están en piezas separadas, al igual que los casos del guardia civil José Manuel Rodríguez y la antigua subinspectora de la Policía Local Hortensia García. En lo que se refiere a González Reverón, queda pendiente la sentencia del caso que tiene que ver con la omisión de actuaciones contra dos obras en contra de la norma, cuyo juicio fue en diciembre, y los que están relacionados con otra obra privada ilegal, su mediación para la contratación de seis conocidos en la empresa de limpieza y recogida de basura y para dar a dedo dos plazas públicas, una para la Policía Local y otra para la guardería municipal, así como su intervención para que un vecino no tuviera que pagar una multa de tráfico y la concesión de un puesto de trabajo a una persona a cambio de que se afiliara en su partido (Coalición Canaria).

Félix Sierra

La segunda sesión de este macrojuicio terminó con parte de la declaración del exedil de Urbanismo Félix Sierra, que respondió a las preguntas del Ministerio. La fiscal no logró sacarle ni una confesión ni contradicción. Respecto al presunto delito de cohecho del que se le acusa, afirmó que no le consta que hubiera técnicos municipales que pidieran dinero por las licencias, una presunta trama de la que él supuestamente formaba parte, y aseguró que el incremento patrimonial en sus cuentas se debe a los ingresos que recibía su familia.

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