´Caso Arona´ | Primera sesión

Las defensas piden la nulidad del juicio y denuncian negligencias en la instrucción

La fiscal y la acusación particular defienden la legalidad del proceso

13.01.2016 | 08:31
Las defensas piden la nulidad del juicio y denuncian negligencias en la instrucción
Multitud de medios captan imágenes del exalcalde.

El Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife acogió ayer la primera sesión del caso Arona, una presunta trama de corrupción que tiene que ver con la concesión de más de 200 licencias urbanísticas ilegales y casi un centenar de contrataciones a dedo desde el Ayuntamiento.
Si en un principio 15 políticos, funcionarios y empresarios eran los acusados, finalmente el número se ha visto reducido a 13 al quedar fuera el guardia civil José Manuel Rodríguez y la subinspectora de la Policía Local cuando se produjeron los hechos, Hortensia María García. El resto, entre los que se encuentra el exalcalde José Alberto González Reverón, escuchó desde el banquillo los argumentos que sus seis abogados expusieron ante el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial para defender a sus clientes. Todos ellos coincidieron a la hora de denunciar supuestas negligencias durante la fase de instrucción de esta causa y, por este motivo, solicitaron a la Sala la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo durante ese procedimiento.

Argumentos de los procesados. Olga López fue la letrada más vehemente en ese aspecto. La representante del antiguo regidor municipal (de Coalición Canaria) y del resto de concejales procesados que formaron parte del Gobierno local entre 1999 y 2007 –Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN-CCN), Daniel Martín (CAN), Juan José Alayón (CC por aquel entonces y después de Los Verdes), José Luis González (CAN) y Alfonso Barroso (CC)– no se cortó a la hora de criticar al juez instructor de la causa, Nelson Díaz, al que acusó de falta de imparcialidad.

En opinión de la abogada, debería de haberse abstenido durante la investigación de los hechos que desde ayer se juzgan en la Audiencia porque era vecino de Los Cristianos y conocía a algunos de los acusados. De sus actuaciones denota, según ella, "manipulación" durante los 10 años de proceso. Tampoco entiende el motivo de los pinchazos telefónicos que autorizó a sus clientes, ya que considera que se esta operación se llevó a cabo "masivamente" cuando la realidad es que el denunciante, José Ramón Ansorena, solo achacaba indicios de delito al exedil de Medio Ambiente y Urbanismo de aquel entonces, Félix Sierra.

Con estos planteamientos, Olga López solicita la nulidad de todas las actuaciones ya que considera que los interrogatorios realizados durante la instrucción, en los que según ella se preguntaban por cuestiones "familiares" a los investigados, las intervenciones telefónicas y el registro llevado a cabo en la vivienda de Félix Sierra son nulos de pleno derecho, estos dos últimos porque cree que eran "innecesarios". El mismo parecer mantiene para la grabación de la que brotó el caso Arona, presentada por el denunciante como prueba y que para ella es "ilícita". De la cinta se desprende una presunta trama de comisiones ilegales protagonizada, según la Fiscalía Provincial, por el concejal de Urbanismo y dos funcionarios del Ayuntamiento ( el arquitecto Eliseo de la Rosa y el aparejador Roberto de Luis).

Por otro lado, la letrada solicitó al tribunal que el antiguo edil Juan José Alayón pudiera ausentarse de la mayoría de las audiencias ante la "enfermedad irreversible" que padece, a lo que, de comprobarse, no se opusieron la Fiscalía Provincial y la acusación particular. Para comprobarlo, la Sala ha encargado a un médico forense su evaluación para determinar si está en condiciones o no de acudir a todas las vistas señalas, que previsiblemente se prolongarán hasta el mes de mayo.

La acusación particular fue toda una sorpresa después de que el abogado Felipe Campos, que ha llevado el caso desde el inicio, renunciara al caso. Se esperaba que el Ministerio Público ejerciera en solitario esa responsabilidad, representado por Francisca Sánchez, pero finalmente contó con la ayuda de la acusación particular. Ambos intentaron tirar por tierra los argumentos de las defensas, quienes no pasaron por alto la incorporación de un nuevo letrado en esa última condición.

Tanto Olga López como otros dos compañeros pusieron en tela de juicio que José Ramón Ansorena se haya personado en el caso como afectado. El abogado y exmagistrado Juan Manuel Fernández del Torco, en representación de los acusados Eliseo de la Rosa (arquitecto municipal) y Antonio Luis González Tolosa (arquitecto), defiende que el denunciante solo puede figurar como acusación popular y, en caso de que se mantenga como particular y su cliente Eliseo de la Rosa sea condenado a pagar indemnizaciones, afirma que la cuantía resultante se cubriría con el seguro que tiene contratado el Ayuntamiento porque el acusado era funcionario.

Fernández del Torco también pide la nulidad de la cinta presentada por el denunciante como prueba a pesar de no "aparecer en la conversación", ya que considera que al estar fechada de antes de 2010 "quebranta el principio de proporcionalidad por los años transcurridos", lo que supone "una vulneración fragante" y lo que le lleva a pedir que no sea un documento "válido" en el juicio.

El letrado que representa al aparejador municipal Roberto de Luis, al que la Fiscalía Provincial le pide la mayor pena de los 13 procesados, ocho años de cárcel, también aludió a la póliza para hacer frente a esas posibles indemnizaciones y denunció negligencias en la instrucción, como que el interrogatorio a su cliente no se realizó de forma incorrecta y que el organismo judicial encargado de este proceso llevó una acción que manifiesta "arbitrariedad".

Al igual que su compañero Esteban Sola, en nombre de Jorge Menéndez, invocó la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley, al considerar que los hechos investigados ya eran conocidos por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arona y, por tanto, no se tendrían que haber abierto las diligencias que llevó directamente Nelson Díaz.

El abogado de Roberto de Luis también puso en duda los planteamientos por los que la Fiscalía acusa a su cliente de prevaricación urbanística, ya que sostiene que el escrito elaborado por el Ministerio Público "no especifica en ningún párrafo" la conducta o el acto del que se desprenden indicios de ese delito, al igual que tampoco esclarece cómo "facilitaba los trámites" de licencias urbanísticas a cambio de comisiones ilegales, tal y como defiende la acusación. Por todo ello, plantea que existe una vulneración del derecho.

Los letrados que defienden al arquitecto Zenón Rodríguez y al empresario Arsenio Zamora siguieron en grandes rasgos la misma línea argumental que los anteriores. Ambos también piden la nulidad de las actuaciones y el primero manifiesta que las acusaciones por cohecho, como es el caso de su representado, deberían haberse juzgado en una pieza separada al ser hechos "heterogéneos" al resto que figura en el escrito de la Fiscalía.

Por su parte, la abogada de Arsenio Zamora considera vulnerado el derecho a la intimidad, a la defensa y reserva de su cliente a raíz de la cinta presentada como prueba por parte de su cliente y por su detención durante 72 horas. Al igual que el resto, opina que las actuaciones son nulas de pleno derecho y, además, que el denunciante no puede personarse en la causa como perjudicado.

Fiscalía Provincial. La fiscal Francisca Sánchez respondió uno a uno a los argumentos presentados por las defensas para intentar tirárselos abajo. Por un lado, recuerda los letrados respecto a la supuesta parcialidad del juez instructor que en ningún momento ninguno de ellos presentó "nada" por esa arbitrariedad y, por otro, afirmó que existe una conexión entre los hechos que llevan a la necesidad de continuar con el proceso sin que se desgajen en piezas separadas.

No tuvo duda de que toda la instrucción se llevó a cabo de acuerdo a la ley, por lo que resalta que la nulidad de las actuaciones que solicitan las defensas no tiene razón de ser. Entre sus justificaciones, responde a la letrada Olga López que el ordenamiento judicial para el registro a la vivienda de Félix Sierra se realizó con "todas las garantías", al igual que ocurrió con los interrogatorios realizados, a los que tampoco ha visto "ninguna objeción" por los letrados durante el proceso.

Respecto a la presencia de la acusación particular, tachó de "diabólica" la pretensión del abogado Fernández del Torco y descartó que la póliza de su cliente pueda ser utilizada para el pago de posibles indemnizaciones.

El Ministerio Público también se detuvo en defender los actos y conductas que llevan a esta parte a ver un presunto delito de prevaricación urbanística en el proceder de Roberto de Luis y en la validez de la cinta como prueba, a la que se suman "más indicios".
Para fiscal, el contenido de esa grabación era "incidiariamente delictivo" y, ante un asunto de este calibre, "no se debe privar" de un documento así. En este caso, prevalece su valor ante cualquier invocación del derecho a la intimidad, tal y como asegura uno de los letrados defensores.

Francisca Sánchez, además, recordó que las escuchas telefónicas solo deben ser notificadas a las partes cuando cesan, de acuerdo a la Constitución, con lo que quiso desmontar el planteamiento de los letrados que solicitan la nulidad de las intervenciones. Respecto a la inexistencia de un auto que prorrogaba esos pinchazos, subrayó que el acto está registrado en el sistema informático desde 2008.

La fiscal terminó su intervención con la solicitud al tribunal de que resuelva todas estas cuestiones previas antes de que comience la toma de declaración de acusados y más de 200 testigos, una respuesta que previsiblemente se dé hoy por parte de los tres magistrados.

Acusación particular. La misma postura mantuvo el abogado de la acusación particular, quien tampoco ve recorrido a la nulidad de las actuaciones, por un lado, porque las defensas ni siquiera especifican que autos sobre las escuchas consideran nulos, sino que lo hacen de forma "genérica". Les recordó que la supuesta parcialidad del juez instructor ya fue resuelta en un auto de esa misma Sala en 2013 y defiende la validez tanto de la grabación aportada como de los registros realizados durante el proceso, ya que considera que había indicios "suficientes", además de que fueron acompañados con las correspondientes órdenes judiciales.

De igual forma, sostiene que los acusados tuvieron la posibilidad de no contestar a las preguntas durante los interrogatorios y, sin embargo, los letrados de los procesados acusan al juez instructor de "coacciones para que contesten". Tampoco se ha "recurrido" la personación de esta parte como acusada en su momento, siendo "firme en derecho" su presencia en el caso, añade.

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