Los Silos

El Gobierno canario deberá pagar casi un millón por la tragedia de los Cochinos

El TSJC condena al Ejecutivo y a los propietarios de la galería a indemnizar a los familiares de cinco de fallecidos en la explotación y a tres supervivientes

12.01.2016 | 02:00

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condena al Ejecutivo regional a pagar casi un millón de euros a los familiares de las víctimas y a algunos de los supervivientes de la tragedia ocurrida en 2007 en la galería de Piedra de los Cochinos, en Los Silos. En las sentencias emitidas el pasado mes de diciembre, la sala de lo Contencioso Administrativo considera probada la responsabilidad del Gobierno autónomo y de los propietarios de la instalación en ese suceso, en el que fallecieron seis senderistas al confundir la entrada de esa infraestructura con el túnel de un canal por el que debían pasar durante el recorrido, por lo que fija una indemnización total de 815.600 euros a abonar por la Administración autonómica y otros 144.152 por parte de la comunidad de aguas Heredamientos de Daute.

Tras años de pelea, los padres de cinco de los seis muertos y 10 de los senderistas que resistieron la falta de oxígeno decidieron a acudir a este vía después de que la penal haya sido infructuosa, aunque una de las madres sigue en la lucha y por último ha recurrido a la Audiencia Provincial para intentar reabrir el caso. Los fallos de final de año destacan lo "imposible" que resulta poder "cuantificar económicamente el dolor que supone la pérdida de un hijo", pero no obstante recuerda que la Sala debe acometer la función de fijar una indemnización teniendo en cuenta que esa cuantía "no deja de ser una fórmula de cobertura del daño moral no compensable con ninguna fórmula económica".

Los allegados demandaban responsabilidad patrimonial al Gobierno de Canarias, al Cabildo de Tenerife, al Consejo Insular de Aguas y a la comunidad de propietarios de la galería, mientras que algunos de ellos solicitaban que los organizadores de la excursión –miembros de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN)– fueran declarados responsables civiles.

El Contencioso Administrativo, sin embargo, solo respalda la implicación de la Administración autonómica y de los dueños de la instalación, mientras que desestima los recursos contra el resto. De esta forma, el TSJC establece para los familiares de cuatro de los cinco fallecidos, que demandaron por esta vía, 200.000 euros de indemnización por víctima. A esta cuantía se suman los 15.600 euros por lesiones y daños morales para solo tres de los supervivientes (10.000 para uno, 5.000 para otro y 600 euros para el tercero). Todas estas cantidades deben ser abonadas por el Ejecutivo regional. De igual forma, las sentencias, contra las que no cabe recurso de casación en su modalidad ordinaria, estiman los recursos a los efectos de declarar "la responsabilidad civil extracontractual de la comunidad de aguas Heredamientos de Daute", la cual es condenada como responsable solidario.

En un único caso fija para los propietarios de la galería el pago a una familia de 144.152 euros, ya que los afectados no presentaron el respectivo recurso administrativo ante el Gobierno canario.

Entre los argumentos que señala el TSJC para determinar la responsabilidad del Ejecutivo y de los dueños, destaca que la galería "carecía de puerta de acceso y de cualquier tipo de señalización que hiciese constar que se trataba de una galería de agua subterránea o que avisase del peligro de entrada" en el momento de la tragedia. Los trabajos mineros, además, estaban "totalmente abandonados [...] sin que tuviese sistema alguno de extracción de gases, lo que, unido a la falta de ventilación natural, incrementaba dicha peligrosidad".

La Sala advierte de que existen unas obligaciones propias de la seguridad minera cuyo destinatario es, "en primer lugar, el particular titular de la explotación, pero que se trasladan a la Comunidad Autónoma, que ostenta las competencias al respecto y, entre ellas, la de policía e intervención en cuanto al cumplimiento de esa obligación de señalización claramente visible de las galerías". Por tanto, subraya que son sus competencias, mientras que la posible inacción "no puede trasladarse, sin más, al Cabildo y al Consejo Insular de Aguas por tener transferidas las competencias propias de la Administración hidrológica", de ahí que el Contencioso inadmita los recursos contra la Institución tinerfeña y su organismo.

Respecto a la responsabilidad de los propietarios de la instalación, manifiesta que es posible determinar la existencia de una "clara responsabilidad civil de la comunidad, que consintió no solo la ausencia de cualquier puerta o cierre que impidiese la entrada, sino que dejó de adoptar cualquier medida de indicación de peligro de acceso por simple que fuese".

Sobre la posible responsabilidad de los guías, aclara que la excursión tenía "un claro fin recreativo de disfrute de la naturaleza y sin otro interés que buscar la participación de socios de ATAN y conocidos de socios". Por tanto, "sin dejar de reconocer el error por desconocimiento de la ruta a seguir, la conducta de los guías, que se proyecta a ATAN en cuanto a organizador formal de la excursión, tiene un carácter secundario", añade el Tribunal Superior de Justicia.

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