´Caso Arona´ | Inicio de las sesiones

Arranca el macrojuicio contra 15 políticos, funcionarios y empresarios por corrupción

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial acoge a partir de hoy la vista oral, que podría durar hasta mayo

12.01.2016 | 01:58
El exalcalde José Alberto González Reverón durante el juicio por la pieza separada del ´caso Arona´.

Arranca una de las mayores causas de presunta corrupción que se conocen en Canarias, el llamado caso Arona. A partir de hoy y podría prolongarse hasta mayo, un total de 15 políticos, empresarios y funcionarios deberán sentarse en el banquillo por su implicación en la concesión de más de 200 licencias ilegales y casi un centenar de contrataciones a dedo. A la Fiscalía Provincial le tocará intentar arrinconar en solitario a todos los acusados para esclarecer esos hechos, en los que ve indicios de hasta seis delitos diferentes: prevaricación administrativa y urbanística, cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y abuso en el ejercicio de su función, tráfico de influencias y coacciones. Por todo ello solicita condenas que suman 49,6 años de prisión y 172 de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público, además de multas millonarias.

La mayor pena de prisión recae en el que fue aparejador municipal Roberto de Luis, para el que el Ministerio pide ocho años, dos por prevaricación urbanística y seis por cohecho –cuando un funcionario o autoridad acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo–. En el caso Arona también están implicados otros tres funcionarios –la antigua jefa de la Policía Local Hortensia María García García, el arquitecto del Ayuntamiento Eliseo de la Rosa González y el guardia civil José Manuel Rodríguez–. En lo que respecto al ámbito privado, forman parte de esta presunta trama otras cuatro personas: los arquitectos Zenón Rodríguez Neris, Jorge Menéndez Díaz y Antonio Luis González Tolosa, además del empresario Arsenio Zamora Toledo.

A estos ocho acusados se suman el alcalde de Arona entre 2003 y 2012, José Alberto González Reverón (CC), más otros seis políticos que constituían el Consistorio entre 1999 y 2011, periodo en el que tuvieron lugar los hechos investigados: Félix Sierra Melo (PP), Manuel Barrios Rodríguez (CAN-CCN), Daniel Martín Navarro (CAN), Juan José Alayón Beltrán (CC por aquel entonces y después integrado en Los Verdes), José Luis González Rodríguez (CAN) y Alfonso Barroso Armas (CC).

Sebastián Martín (CC) y Antonio Sosa (antes de CC y ahora en Unidos con Arona y fuera del Ayuntamiento) también estaban en esa lista, pero el primero ha fallecido y el segundo ya se sentó en el banquillo en diciembre por la pieza separada del caso Arona, por la que la Fiscalía pide para él un año de cárcel y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que lo deja fuera del grueso de esta causa y aún espera por la sentencia.

Antonio Sosa afrontó esa vista oral en la misma sala que acoge a partir de hoy el caso Arona junto al exregidor, también acusado en esa primera parte y por la que el Ministerio Público solicita para él nueve años de inhabilitación por tolerar dos supuestas obras ilegales. A esta condena para González Reverón habría que sumar la que pide por su implicación en la macrocausa, más dura que la anterior al alcanzar los cuatro años de cárcel y 26 de inhabilitación. El antiguo alcalde, además, ya tuvo que dejar la política municipal en 2012 tras ser condenado a cuatro años y medio de inhabilitación por enchufar a dos personas en el Ayuntamiento y aún tiene pendientes otros juicios.
La vista oral que comienza hoy por la supuesta concesión ilegal de licencias y contrataciones a dedo, denunciadas por el Partido Socialista en Arona, se prolongará previsiblemente hasta el mes de mayo y las tres primeras sesiones de esta semana serán para las cuestiones previas de las partes, de acuerdo a las estimaciones. Posteriormente, el tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia tomará declaración tanto a los 15 acusados como a los más de 200 testigos que han sido citados a declarar.

Funcionarios. La mayor pena que solicita el Ministerio Público recae en el aparejador municipal Roberto de Luis, con ocho años de prisión y 20 de inhabilitación por presuntos delitos de prevaricación urbanística y cohecho. La Fiscalía ve indicios de la existencia de una trama orquestada entre él, el arquitecto Eliseo de la Rosa y el exedil de Urbanismo Félix Sierra para desbloquear y agilizar en el Ayuntamiento licencias urbanísticas de privados a cambio de dinero, unas comisiones ilegales que eran repartidas entre los tres. Por estos hechos, acusa a Eliseo de la Rosa de los mismos delitos que a Roberto de Luis y pide para él seis años de cárcel y 20 de inhabilitación.

La antigua jefa de la Policía Local Hortensia María García se sentará en el banquillo por prevaricación y el Ministerio pide para ella ocho años de inhabilitación por supuestamente beneficiar a un policía local interino en una oposición para cubrir 10 plazas de agentes.
Para el guardia civil José Manuel Rodríguez solicita seis meses de prisión por mediar a favor de un empresario para que este consiguiera licencias de obras con informes jurídicos desfavorables.

Privados. El empresario Arsenio Zamora debe hacer frente a la petición de tres años de cárcel y 10 de inhabilitación por cohecho y el arquitecto Zenón Rodríguez Neris a cuatro de prisión y otros 10 de inhabilitación por el mismo delito. El Ministerio solicita para sus compañeros de profesión Jorge Menéndez Díaz y Antonio Luis González Tolosa las mismas condenas al también ver indicios de cohecho en su proceder. Respecto a los diseñadores, la acusación pública considera acreditado que estos se beneficiaron de la trama organizada por el aparejador De Luis, quien, supuestamente, facilitaba los trámites de las licencias de proyectos que desarrollaban estas personas y les conseguía trabajos a cambio de dinero.

En el caso de Arsenio Zamora, la Fiscalía cree que este sirvió de intermediario para agilizar el expediente relacionado con la construcción de un edificio en Costa del Silencio.

Políticos. De los siete políticos que formaron parte del Ayuntamiento de Arona entre 1999 y 2011, la Fiscalía solicita las mayores condenas de cárcel para el exalcalde y el concejal de Urbanismo y miembro de la Junta de Gobierno entre 1999 y 2003, Félix Sierra, con cuatro y seis años de cárcel, respectivamente. El primero de ellos está acusado de delitos continuados de prevaricación, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y coacciones por colocar a seis conocidos en la concesionaria de los servicios de limpieza y recogida de basura y mediar para otorgar a dedo dos plazas, una para la Policía Local, en la que participó la acusada Hortensia María García, y otra en la guardería municipal. A estos hechos se suman, según la Fiscalía, su mediación para evitar que un vecino pagara sus multas de tráfico, el puesto de trabajo que le consiguió a una persona a cambio de que esta se afiliara en su partido (CC) y obviar una obra ilegal de un familiar.
En el caso del antiguo edil Félix Sierra, el Ministerio Público lo acusa de cohecho, prevaricación administrativa y urbanística y de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Este caso está relacionado con el supuesto cobro de comisiones ilegales mediante la presunta trama orquestada con el arquitecto y el aparejador municipales.

Los otros cinco políticos (Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón, José Luis González y Alfonso Barroso) que se sientan a partir de hoy en el banquillo lo hacen por presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa y urbanística. Su implicación tiene que ver con la aprobación de licencias, proyectos y contratación de obras pese a incumplir la normativa, según defiende en su escrito de acusación la Fiscalía.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine