Podemos pasa a ser acusación popular en la causa sobre el desfalco de Sinpromi

La formación quiere saber qué falló para que fueran sustraídos 800.000 euros públicos

12.12.2015 | 02:00

El grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife anunció ayer que ya está ya personado como acusación popular en la causa que investiga una malversación de caudales públicos de aproximadamente 800.000 euros en la Sociedad Insular de Promoción de la Discapacidad (Sinpromi), dependiente de la Corporación insular.

Los cinco consejeros de esta formación en la oposición habían pedido el pasado 9 de noviembre formar parte del conocido como caso Sinpromi y de todas sus piezas separadas. Ya esta semana, según informó la agrupación a través de una nota, ha recibido la confirmación de personación desde el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife para los primeros hechos, mientras que aún espera respuesta respecto a la causa judicial abierta a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en el área insular de Carreteras y Paisaje.

La consejera de Podemos Mila Hormiga explica que el fin de la personación en el caso Sinpromi es tener acceso a los detalles de la investigación de ese desfalco de dinero público cometido entre 2007 y 2011 en la sociedad que gestiona los recursos públicos destinados en la Isla a las personas con discapacidad. De esta forma, lo que pretende Podemos es "reforzar como acusación popular la depuración de responsabilidades técnicas y políticas, apoyar al Ministerio Fiscal en lo que sea posible y, al mismo tiempo, saber exactamente qué falló y, si no se ha hecho ya, qué medidas de control hay que tomar para evitar que se repitan este tipo de atracos a las arcas públicas".

Según el grupo en la oposición, el Cabildo detectó y denunció ante la Policía en octubre de 2014 esta presunta malversación de caudales públicos y, en cuanto trascendió el desajuste de cuentas, el exdirector financiero, Andrés Pereira, confesó que se había hecho con la recaudación de tres aparcamientos públicos dependientes de Sinpromi. La formación, de igual forma, indica que parece ser que también se hizo con subvenciones otorgadas al club de fútbol que presidía, el Tenerife Uruguay, el cual ha denunciado que no recibió esas ayudas. Ante estos hechos, Podemos manifiesta que el exdirector financiero de Sinpromi está imputado por malversación de caudales públicos y falsedad documental y en días pasados tuvieron que declarar en calidad de testigos diversas personas vinculadas a la sociedad.

Mila Hormiga indica que la consejera de Acción Social, Cristina Valido (Coalición Canaria), también ha explicado a la prensa detalles de esa malversación y, a petición de Podemos, dio de igual forma explicaciones en el pleno del pasado 27 de noviembre. "Sin embargo, ni ella ni el Gobierno insular [formado por el grupo nacionalista y el Partido Socialista] han puesto a disposición de Podemos documentación alguna sobre el caso, tal como hemos solicitado, ni han aclarado algunas de las dudas que les hemos planteado", comenta.

Entre los asuntos sin respuesta, la consejera de esa fuerza en la oposición cita que una sustracción tan elevada de dinero no fuera detectada en las auditorías que, por ley, se hacen en empresas públicas como esta, si se han pedido responsabilidades a la empresa auditora que no detectó la malversación de fondos y si el Cabildo ha dejado de encargar auditorías a esa entidad privada.

Además de esas preguntas que no han sido aclaradas en el último pleno celebrado en la Corporación insular, Mila Hormiga también destaca que la formación morada tiene dudas sobre los criterios de concesión y fiscalización de las subvenciones de Sinpromi.

Podemos, además, suma a esa falta de información la causa judicial abierta por las presuntas irregularidades detectadas en el área de Carreteras y Paisaje. La consejera recuerda que todavía queda por saber si es aceptada la petición de personación presentada por estos hechos, entre los que está un supuesto fraude de unos 17 millones de euros.

A raíz de que los servicios jurídicos de la Institución tinerfeña detectaran pagos y sobrecostes injustificados, la Fiscalía presentó en julio su correspondiente denuncia ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz. Pese a que han pasado más de cuatro meses, el Gobierno insular aún no ha anunciado si se va a personar o no en este caso.

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