El fiscal cree que el exalcalde recibió dádivas pero mantiene su acusación

Ve indicios de cohecho contra González Reverón por permitir supuestas obras ilegales en un hotel en el que disfrutaba de un cuidado especial

11.12.2015 | 13:44
José Alberto González Reverón (i) y Antonio Sosa (d) al llegar al Palacio de Justicia. | josé luis gonzález

La pieza separada del caso Arona ya está vista para sentencia. El juicio contra el exalcalde de ese municipio José Alberto González Reverón y el edil de Urbanismo y Medio Ambiente entre 2007 y 2011, Antonio Sosa, terminó un día antes de lo previsto ante la ausencia y prescindencia de varios testigos y las pocas preguntas que recibieron los citados ayer. Si estaba previsto que las conclusiones fueran hoy, la Fiscalía y los abogados de los acusados tuvieron que defender sus posturas antes. El Ministerio admitió, en este último punto de la vista oral, tener dificultades para probar dos de los hechos con los que se relaciona al antiguo concejal, pero lo más llamativo de la sesión fue que destapó indicios de cohecho contra el que fuera regidor. No obstante, aunque piense que pudo haber recibido dádivas, no implicará nada. Como ese delito fue descartado en la instrucción, no le quedó otra que limitarse a mantener su acusación contra él por presunta prevaricación continuada.
La Fiscalía permaneció firme en las penas que solicita para González Reverón y Sosa (ambos cargos públicos de Coalición Canaria en aquel entonces) pese a que los argumentos contra este último perdieron peso. Para el primero pide nueve años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por tolerar dos supuestas obras ilegales.

Uno de esos trabajos fue en un hotel de un complejo en el que el exalcalde recibía un trato especial, de acuerdo a las intervenciones telefónicas realizadas durante la investigación del caso Arona. En este caso, el fiscal Jaime Serrano-Jover, a quien le tocó representar al Estado en este juicio pero que no llevó directamente la instrucción, hizo alusión a un informe de una inspectora municipal en el que consta que la reforma del establecimiento Sir Anthony, realizada en 2008, empezó sin contar con licencia.

"La ilegalidad comienza desde el primer momento", pero además esa actuación era de envergadura. Como al grupo empresarial "no" le iban a aceptar el permiso ante la falta de documentación, el Ministerio Público sostiene que la solicitud para esa ejecución no se realiza por registro de entrada, sino que "pasa a lo que estamos acostumbrados a ver en el caso Arona", una presunta trama de corrupción sobre 80 contratos a dedo y unas 200 licencias ilegales cuyo juicio arrancará en enero y por la que están acusados 16 políticos (entre ellos González Reverón), empresarios y funcionarios.

A través de "atajos", el fiscal subraya que se lleva a cabo la remodelación del Sir Anthony de forma irregular con la supuesta permisividad del exregidor local y del antiguo edil de Urbanismo. La acusación pública manifestó que incluso el propio delegado del grupo empresarial del que depende ese hotel, Rafael Estartús, declaró durante el juicio con "claridad" que el exalcalde era "perfectamente consciente" de esa situación y que las obras "eran visibles".

Si esta reforma empezó en 2008, no fue hasta enero de 2009 cuando se paralizó. El Ministerio recordó que la orden de suspensión se podía haber dictado desde que comenzaron los trabajos y tumbó los argumentos del mandatario municipal al indicar que "no es cierto que deba esperar a los técnicos" para actuar ante una circunstancia así, aparte de que también podía habérselo "comentado al concejal" del área.
Aunque Antonio Sosa permanece acusado de prevaricación continuada por estos hechos, durante su declaración aseguró que no se enteró del expediente hasta que le llegó del departamento de disciplina urbanística en enero de 2009, aunque estaba listo desde noviembre, y la realidad es que el fiscal admitió ayer que no está claro que el exconcejal tuviera constancia de la supuesta obra ilegal.

Por el contrario, no dudó de la tolerancia de González Reverón respecto a estos trabajos y a los que su primo segundo realizó en una vivienda. Jaime Serrano-Jover consideró que también hay indicios de prevaricación en esta segunda actuación, ya que al antiguo mandatario nacionalista "le consta" que un vecino "denunció con fotos" y que, tal y como declaró este testigo, le comunicó la infracción. Entre sus argumentos, también aludió a las conversaciones telefónicas intervenidas en las que consta que el regidor era consciente de la irregularidad. El Ministerio Público fue contundente a la hora de aseverar que el acusado no hizo nada por suspender la ejecución, pese a que tenía "la posibilidad de avocar" las competencias de Urbanismo para paralizarla y de estar "autorizado para mandar a los técnicos".

En el caso del antiguo edil de esa área y Medio Ambiente, Jaime Serrano-Jover lo tuvo más difícil, pues reconoció que no solo su conocimiento sobre la obra ilegal del hotel no está tan claro, sino que además afirmó que "no tiene mucho recorrido" su acusación por malversación de caudales públicos.

El fiscal, no obstante, mantiene las penas para Antonio Sosa. Solicita un año de cárcel por ese último delito y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la presunta prevaricación respecto a la reforma del complejo y, además, por las supuestas contrataciones ilegales de cuatro personas. Sus conclusiones, de hecho, se centraron en argumentar que existe un "fraude de ley" en la incorporación de estos trabajadores para prestar servicios externos.

Esos empleados por el área de Medio Ambiente pasaron por la sala ayer en calidad de testigos y todos coincidieron en que de forma eventual iban al Ayuntamiento por motivos de trabajo. Uno de ellos, incluso, dijo que mientras realizaba los estudios encargados por el Consistorio también colaboraba con empresas. Todos, de igual forma, coincidieron en que fue Antonio Sosa quien los escogió y dos de ellos reconocieron que no tenían formación académica vinculada al medio ambiente. Fue ahí donde la acusación pública incidió, pues en su opinión "no se puede contratar cualquier cosa", y más cuando algunos de los encargos "eran muy técnicos".

Aunque también mantiene la petición de un año de prisión para Antonio Sosa por el cobro de dietas, después devueltas, por un viaje a Múnich que fue costeado en su totalidad por una empresa privada, el fiscal admitió que "no tiene mucho recorrido". Aparte, el representante de la entidad privada que declaró ayer como testigo afirmó que el exedil "insistió varias veces" en pagar su parte y una funcionaria del Ayuntamiento confirmó que le fue firmada la comisión de servicios.

El abogado del acusado, Fredy Santos, defendió que en este último caso no cabe delito porque el viaje "estaba justificado" y, sobre las cuatro personas empleadas, respondió al fiscal que "no se cumplen los principios de igualdad porque los contratos menores son una excepción a esos principios". En cuanto a la reforma del hotel, no ve "lógico" que su representado tenga que saber el estado administrativo de todas las obras. "La paralización y sanción se dictaron" y, aunque admitió que fueron "tardías", ya que esa decisión se tomó cuando estaban prácticamente acabadas, alega que ahí "no encaja" la prevaricación.

Tanto este letrado como la abogada que defendió a González Reverón, Olga López, pidieron la libre absolución para sus clientes. Esta última aprovechó la ocasión para poner en tela de juicio la instrucción llevada a cabo en el caso Arona, por lo que pedirá la nulidad de las intervenciones telefónicas. Respecto a las dos obras por las que se acusa al exalcalde, si bien reconoció que hay irregularidades, les quitó importancia diciendo que son de carácter administrativo y que no hay "acción delictiva", además de que defendió que ambas ejecuciones eran "legalizables" y que terminaron en sanciones. La demora en dictar las multas, según ella, se debió a que el Ayuntamiento tenía una "organización cero", por lo que deja los hechos en "meras irregularidades".

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