Pieza separada del 'caso Arona'

El exalcalde admite que toleró dos obras ilegales y se escuda en el trámite técnico

González Reverón asegura que no actuó a la espera del proceso administrativo

11.12.2015 | 13:44
El exalcalde de Arona José Alberto González Reverón (d) y Antonio Sosa durante la sesión de ayer.

El exalcalde de Arona José Alberto González Reverón y el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente en el mandato 2007-2011, Antonio Sosa, afrontaron ayer la primera sesión del juicio por la presunta comisión de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Durante poco más de cuatro horas, tantos los dos acusados como cuatro testigos respondieron a las preguntas de la Fiscalía, única acusación en esta causa, de los abogados defensores y de la presidenta del tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. Los hechos giran en torno a las supuestas contrataciones a dedo de cuatro personas en el Ayuntamiento, la apropiación indebida de fondos públicos y la no paralización de dos obras ilegales. Respecto a esto último, el regidor local, durante casi una década, admitió ante la sala no haber actuado contra estos trabajos a sabiendas de que eran irregulares.

El Ministerio Público solicita para él nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Si los magistrados lo aceptan, sería la segunda condena que le cae a González Reverón, pues ya en 2012 fue inhabilitado cuatro años y medio por fichar ilegalmente en la Corporación a dos funcionarias.

La petición más dura, sin embargo, recae en Sosa, por aquel entonces de Coalición Canaria y ahora miembro de Unidos con Arona, fuera del Ayuntamiento. La acusación pública pide 10 de inhabilitación por supuestamente enchufar a cuatro personas en la Concejalía de Medio Ambiente y permitir una obra ilegal en un hotel, además de un año de cárcel al cobrar dietas por un viaje pagado por una empresa.

Esta causa surge a raíz de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez que realizó la instrucción del caso Arona, por el que están acusados un total de 17 funcionarios, empresarios y políticos (entre ellos el exalcalde nacionalista y el antiguo edil de Urbanismo y Medio Ambiente). Si bien sus abogados solicitaron ayer la suspensión de esta pieza separada en tanto no se falle ese juicio principal, que arrancará el próximo mes, el tribunal de la Sección Sexta afirmó que el proceso ha sido "debidamente proveído y notificado" a las partes.

Tras la desestimación, la primera sesión por la presunta comisión de delitos de prevaricación por parte de González Reverón y Sosa y malversación de caudales públicos, por parte de este último, comenzó ayer y terminará mañana, cuando quede visto para sentencia.
Hotel Sir Anthony. Uno de los cuatro hechos en los que la Fiscalía detecta indicios de irregularidad es en la obra ejecutada en el Hotel Sir Anthony durante 2008. El Ministerio Público considera que el exalcalde permitió los trabajos en el complejo a pesar de saber que no contaban con la licencia pertinente y durante la sesión de ayer hizo hincapié en la amistad entre el nacionalista y el delegado del grupo empresarial Expohoteles And Resorts en aquel entonces, Rafael Estartús. Aunque ambos, este último como testigo, aseguraron que su relación era "institucional", en las intervenciones telefónicas se detecta contactos cercanos hasta tal punto de que González Reverón llegó a gozar de un trato especial en los establecimientos de la entidad.

Aunque en un principio el antiguo mandatario manifestó que "no sabía" que las obras "no cumplían con las exigencias", gracias a las alusiones del Ministerio Público a esas conversaciones González Reverón admitió que "un compañero" le había "comentado que faltaba algo", de ahí que le dijera al responsable de la empresa que el expediente "estaba incompleto".

Respecto a por qué no actuó si tenía constancia de que la intervención carecían de cobertura legal, defendió que el procedimiento administrativo para paralizar la actuación "va reglado" y defendió que acabó en sanción.
La acusación pública también destacó que Estartús no se dirigiera en ningún momento al concejal de Urbanismo para tramitar el permiso pertinente o que simplemente presentara la solicitud por registro, como es lo "normal". El delegado explicó que la intención era hacer una reforma "total" del hotel y reconoció que era consciente de que "no estaba toda la documentación preparada" como para poder llevar a cabo esa mejora, de ahí que pidiera un permiso de obra menor "para ganar tiempo" y que lo hablara con el alcalde porque tenía "más relación con él".
La inspectora urbanística en el Ayuntamiento, que en 2008 hizo un informe de los trabajos, recordó ayer que en esa visita apreció "irregularidades", pues "las obras ya se estaban haciendo" a pesar de que "no tenían concedida la licencia, solo la habían solicitado", recordando que ya en esa fase "inicial" se puede suspender la actuación.

Una vez culminada la ejecución de obra menor, pidió una licencia de obra mayor, pero el Ayuntamiento "contestó que faltaba documentación", reconoce el delegado de la empresa. Estartús manifestó además que cualquiera que pasara por allí podía ver la intervención y afirmó que el alcalde "siempre insistió en que presentara los papeles porque [la obra] no estaba legalizada, y si me lo decía, claro que lo sabía [que era irregular]", añadió. De hecho, indicó que incluso en una ocasión se citaron para hablar del tema.

El edil del Urbanismo por aquel entonces, también acusado de prevaricación por estos hechos, defendió ayer que no se enteró del expediente hasta enero de 2009, cuando le llegó del área de disciplina, a pesar de que fue en noviembre de 2008 cuando un técnico advierte de la necesidad de suspender las obras. "No sé dónde estuvo" durante ese tiempo, declaró, para añadir que "en base" a una nueva "inspección", se tomaría una decisión. El fiscal Jaime Serrano-Jóver, sin embargo, le recordó que para tomar esa decisión "no es necesaria" esa tramitación. No fue hasta esa fecha, enero de 2009, cuando se dictó la paralización, justo después de que la Justicia solicitara el expediente al Ayuntamiento.

Vivienda de un primo. Respecto a los indicios de una ejecución ilegal en 2008, González Reverón admitió saber que un vecino había denunciado en diversas ocasiones ante la Administración municipal los trabajos que llevaba a cabo su primo segundo en una vivienda y, de hecho, hay conversaciones telefónicas en las que él comenta esa actuación con su allegado. Aunque el denunciante declaró ayer que tanto el exregidor como Sosa tenían constancia de esa supuesta irregularidad, además de que esa casa "está cerca" de la del antiguo mandatario, el nacionalista admitió que no hizo "nada" y lo justificó diciendo que "eso sigue un procedimiento formalizado" y que "son los técnicos los que marcan las pautas".
Viaje. La Fiscalía también solicita para el exedil de Urbanismo y Medio Ambiente un año de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos a raíz de un viaje en 2008 que le pagó la concesionaria de los servicios de limpieza y recogida de basura, Camilo Álvarez y Clusa, a Múnich (Alemania). A pesar de que fue a una feria vinculada a su área en esa ciudad sin tener que poner un céntimo, el Ministerio Público ve señales de que se apropió de forma indebida de fondos públicos al reclamar y cobrar las dietas por alojamiento y manutención. El antiguo concejal devolvió el dinero al Consistorio tres meses después.

Aunque Sosa dijo que junto a él solo viajaron dos funcionarios por parte de la Corporación local, a pregunta de la presidenta de la sala reconoció que fue una tercera persona, pero "por cuestiones por la empresa". Esta persona, sin embargo, fue una de las cuatro que él contrató en su departamento.

Incorporaciones. El exedil supuestamente incorporó de manera irregular a cuatro empleados en área de Medio Ambiente. En el juicio, admitió que fue él quien los seleccionó y que no manejó "otras opciones" porque entendió que estaban cualificados. Aunque el fiscal le recordó que esos contratos no podían durar más de un año y que existen facturas posteriores, Sosa defendió que eran en "otro concepto" e independientes, por lo que no habría que respetar ese plazo.

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