Comienza el juicio contra Reverón y Sosa por prevaricación y malversación

La Fiscalía pide para el exalcalde nueve años de inhabilitación y 10 para el edil, al que le suma un año de cárcel

09.12.2015 | 16:05
José Alberto González Reverón (c), junto a Antonio Sosa (d), cuando la Justicia le obligó a dejar la Alcaldía.

El exalcalde de Arona José Alberto González Reverón y el antiguo edil de Urbanismo Antonio Sosa se sientan entre hoy y el viernes en el banquillo por realizar contrataciones a dedo, no paralizar una obra ilegal en un hotel y cobrar dinero público de forma arbitraria. La Fiscalía Provincial acusa al regidor local, durante nueve años y medio, y al concejal de prevaricación continuada, aunque a este último también le achaca un presunto delito de malversación de caudales públicos.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial acogerá a partir de hoy las sesiones por las que pasarán no solo los procesados, sino también diversos testigos relacionados con unos hechos que forman parte del conocido caso Arona, una supuesta trama de corrupción protagonizada por un total de 17 políticos, funcionarios y empresarios y que gira en torno a unos 80 contratos a dedo y 200 licencias irregulares realizados durante el mandato entre de 2003 y 2007.

Si bien fueron los abogados Felipe Campos y Antonio Espinosa los que denunciaron esta causa, para la vista oral de estos tres días será el Ministerio Público el que asuma en solitario el papel como acusación, tal y como ha podido saber la opinión de tenerife. El juicio se centrará en una pieza separada del ´caso Arona´ que engloba cuatro actuaciones diferenciadas que tienen como protagonistas al exalcalde de Coalición Canaria y al entonces edil de Urbanismo, también de CC. El Ministerio Público solicita por todo ello nueve años de inhabilitación para González Reverón y 10 para Antonio Sosa, aparte de un año de cárcel para este último.

El antiguo mandatario municipal debe sentarse en el banquillo por dos de esos hechos. El primero de ellos, se remonta a 2008 y tiene que ver con las obras de mejora que llevó a cabo el Hotel Sir Anthony. La Fiscalía determina que el nacionalista consintió los trabajos en el complejo, donde él recibía un cuidado especial, a pesar de saber que no tenía los permisos pertinentes. Manifiesta que el exregidor de Arona disfrutaba de un "tratamiento VIP" en los establecimientos y que consintió, al igual que Antonio Sosa, la reforma del alojamiento a pesar de que no contaba con licencia urbanística ni autorización del Cabildo de Tenerife.

De esta situación de irregularidad sabía "el propio alcalde", ya que el propio apoderado del hotel le informó de la situación, "con quien mantenía relaciones de amistad y recibía del mismo un tratamiento VIP en el complejo hotelero". A pesar de que el servicio de Urbanismo del Ayuntamiento detectó estas presuntas obras ilegales, González Reverón "se abstuvo de ordenar la persecución y sanción de la infracción".
En su escrito acusa al antiguo mandatario municipal y al edil responsable del área, Antonio Sosa, de "encubrir y tolerar esta situación de ilegalidad", porque ambos "toleraron y encubrieron esta situación de ilegalidad porque nunca se llegó a dictar la orden de suspensión" de las obras.

La segunda actuación, en la que el Ministerio Público también ve que González Reverón pudo haber incurrido en ese mismo delito, es en el intento de favorecer a un allegado que llevó a cabo unos trabajos supuestamente irregulares en una vivienda.

El allegado realizó en 2008 una actuación en su casa sin haber obtenido la preceptiva licencia municipal. La Fiscalía señala que el exregidor, teniendo plena constancia de la ilegalidad, dejó de promover las acciones oportunas para paralizar y sancionar por el techado y construcción de una segunda planta en una antigua vivienda sin haber obtenido permiso alguno.

El Ministerio Público pide por estos hechos para González Reverón nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Justicia, además, ya obligó en 2012 al mandatario municipal, durante nueve años y medio, a dejar su cargo en el Ayuntamiento precisamente por enchufar a dos funcionarias en el Consistorio. En esa ocasión, fue condenado a cuatro años y medio de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público en la Corporación local por este caso continuado de prevaricación.

Por su parte, Antonio Sosa, encargado del área de Urbanismo y Medio Ambiente durante el mandato de 2008 y, en la actualidad, miembro de Unidos por Arona, no solo debe sentarse en el banquillo por las obras en el Hotel Sir Anthony, sino también por las contrataciones a dedo de cuatro personas en el Consistorio y por la supuesta apropiación indebida de fondos públicos. Este último es el más grave, ya que la acusación pública solicita por este presunto delito de malversación de caudales públicos un año de cárcel, y está relacionado con su asistencia a una feria en Múnich (Alemania).

En su escrito, manifiesta que la empresa concesionaria de los servicios de limpieza y recogida de basura del municipio, Camilo Álvarez y Clusa, regaló al edil y a otros tres funcionarios, entre ellos una de las personas que enchufó en el Consistorio, un viaje a la ciudad germana con todos los gastos pagados para acudir a ese evento junto a un representante de la empresa.

Según afirma, todos los gastos que se derivaron del traslado y estancia en Múnich fueron "efectivamente satisfechos" por la adjudicataria, pero el concejal, "con la intención de obtener un beneficio económico, decidió solicitar al Ayuntamiento que le pagara los gastos del viaje a pesar de que, en verdad, no le costó ni un céntimo". La Fiscalía indica que el edil reclamó el pago de dietas por los cuatro días en Alemania, 398 euros por el hotel y 238 por la comida.

Aunque la Corporación local le ingresó el dinero, Antonio Sosa tuvo que devolver los 398 euros por el alojamiento porque "no pudo justificar" esa cuantía, la cual pidió "y cobró para sí pese a que del citado viaje y estancia no se derivó gasto alguno que no fuera satisfecho por la empresa".
Al año de prisión que solicita el Ministerio Público por estos hechos se suman los 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por la contratación presuntamente ilegal de cuatro funcionarios. La Fiscalía asegura al respecto que esas personas accedieron al empleo a partir de 2007 para desempeñar funciones prolongadas en el tiempo "bajo la cobertura formal de la contratación para trabajos específicos y concretos", con el objetivo de no tener que someter esas plazas al proceso selectivo legalmente establecido.

Afirma que esos acuerdos se prolongaron en el tiempo a pesar de que ese tipo de contrato solo pueden durar un año como máximo, aparte de que se trataban de acuerdos "verbales" para realizar trabajos "inconcretos o indefinidos". El Ministerio Público subraya que incluso Antonio Sosa encomendó estudios especializados a quien "carecía de titulación académica y profesional adecuada y, por tanto, de dudosa solvencia técnica o profesional para la prestación del servicio".

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