Güímar

Un informe jurídico descarta indemnizar a los areneros si se prohíbe la extracción

Avisa de que para explotar los áridos hay que cumplir las exigencias legales y que el único con título minero activo no tiene otros permisos administrativos ni licencias

07.12.2015 | 23:01

Un informe jurídico solicitado por el Cabildo de Tenerife determina que los empresarios que explotaron los barrancos de Güímar no tendrían derecho a ser indemnizados si el Gobierno de Canarias y el Estado aprueban prohibir la actividad en esa zona. Según la documentación, en la actualidad, solo existe un arenero con título administrativo minero en vigor que pudiera verse afectado por esa restricción, pero como "carece de los restantes títulos administrativos y licencias necesarias" para poder obtener material de las canteras, no cabría reclamación.

La Corporación insular promovió hace más de un año en el Parlamento de Canarias una proposición de ley para ordenar y restaurar los espacios del municipio sureño afectados por la extracción. A través de ella, defiende que sean declaradas de interés autonómico la recuperación y ordenación de los barrancos para restablecer los valores ambientales y paisajísticos originales y, para lograrlo, solicita que se suprima la explotación minera, lo que implicaría que el suelo sea recategorizado como rústico de protección ambiental.

Ya en un primer momento la Consejería de Industria rechazó esa posibilidad y ahora la Institución tinerfeña ha vuelto a intentar sacar adelante esta iniciativa legislativa con la entrada del nuevo Gobierno regional. A principios de noviembre, el Ejecutivo aceptó estudiar el plan para restaurar los barrancos de Güímar, pero con reparos.

La principal preocupación de la Comunidad Autónoma es que la prohibición de la actividad desemboque en indemnizaciones que tendría que asumir la propia Administración canaria. Si bien aprobó manifestar un criterio favorable a la toma en consideración de la proposición del Cabildo, avisa de que no existe un estudio económico que determine esas posibles cuantías a abonar a los areneros al poner fin a las extracciones, llevadas a cabo supuestamente de forma ilegal entre la década de los 90 y al menos 2007, tal y como recoge la Fiscalía en su escrito de acusación contra los cinco empresarios que explotaron las canteras y que deberán afrontar el juicio por presuntos delitos contra el medioambiente el próximo mes.

La iniciativa legislativa planteada por la Corporación insular declara extinguidos "todos los títulos mineros otorgados y vigentes" a la entrada en vigor de esta normativa. Esto es lo que preocupa al Gobierno canario, ya que en noviembre señaló que podría derivar "en impactos presupuestarios en los gastos públicos si se encomendaran a la Administración autonómica objetivos específicos dentro del Plan de Restauración Medioambiental y Paisajístico del ámbito especial protegido, así como de un eventual pronunciamiento judicial a favor de los titulares de los títulos mineros declarados a extinguir".

Como el Ejecutivo regional ve "preocupante la falta de informes jurídicos sobre la existencia de derechos subjetivos cuya lesión pudiera dar lugar a posibles reclamaciones de responsabilidad patrimonial por actos legislativos y, en su caso, las valoraciones económicas que procedan", plantea si la finalidad perseguida con la proposición de ley no se puede alcanzar utilizando otros medio y defiende la necesidad de contar con un estudio económico-financiero a través del que se determinen las indemnizaciones que podrían derivar de la prohibición de la actividad minera.

El consejero de Política Territorial del Cabildo de Tenerife, Miguel Ángel Pérez, informa de que esta institución trabaja en la actualidad en el desarrollo de ese informe y espera poder sentarse con la Comunidad Autónoma en enero. "O vamos de la mano o esto no sale. El Gobierno tiene que ser consciente de que esto es una petición del pueblo de Tenerife y se tiene que mojar", subraya el responsable del área.

Para él, tanto las administraciones públicas implicadas como los empresarios tienen la "culpa" de la situación en la que se encuentran los barrancos de Güímar, ya que la explotación sin control que se produjo allí es considerada como uno de los mayores atentados contra el medioambiente en la Isla. Ante este panorama, es partidario de que la recuperación del espacio sea costeada por los areneros, porque "no cumplieron con una parte importante de la autorización ya que las concesiones les obligan a restaurar y el daño y el lucro lo han hecho ellos", y deja claro que lo que se pretende es que Güímar "no siga siendo ámbito extractivo, y la única manera es cambiando la ley".

Sobre la autorización aún vigente en la cantera de El Fregenal (cuyo titular es Francisco Javier del Rosario), manifiesta que habría que valorar si cabe indemnización si se tiene en cuenta que el empresario no contaba con licencia municipal para desarrollar la actividad y, además, no cumplió con la restauración del medio a medida que obtenía el material. Por lo pronto, un informe jurídico que ya está en manos del Gobierno canario determina que no hay razones para pagar.

Argumentos

Francisco José Villar, catedrático de Derecho Administrativo, fue el encargado de analizar este caso. Primero, elaboró un estudio preliminar en 2011 sobre las consecuencias indemnizatorias que puede acarrear la exclusión de los barrancos de Güímar de los ámbitos extractivos. En él, recuerda que las canteras de esa zona tienen autorización de la sección A de la legislación minera pero ninguna posee licencia municipal, aparte de que todos ellas están paralizadas.

Sobre los efectos de la supresión de la actividad, alude a la jurisprudencia para determinar que el derecho a extraer requiere el cumplimiento de todas las exigencias legales, "lo que supone no solo tener el título habilitante minero, sino además el cumplimiento a la normativa ambiental y la adecuación a la legislación urbana –licencia municipal urbanística–". "Solo en estos casos es posible reclamar indemnización tanto por el daño emergente como por el lucro cesante", advierte.

En un informe posterior, de 2014 y en el que se trataba la proposición de ley promovida por el Cabildo, subraya de igual forma que en la actualidad solo existe un extractor con título administrativo minero en vigor que pudiera resultar afectado por la prohibición, pero "carece de los restantes títulos administrativos y licencias necesarios para llevar a cabo la actividad".

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