Granadilla de Abona

El alcalde afirma que seguirá en su cargo tras decir que dimitía por estar imputado

La Audiencia ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias y malversación en el Gobierno de 2003-2007

04.12.2015 | 12:54
El alcalde de Granadilla cuando fue a declarar ante los juzgados en 2008.

El Gobierno socialista en Granadilla de Abona ha sufrido un fuerte varapalo judicial. El alcalde, Jaime González Cejas, y los concejales Nicolás Jorge Hernández y Ana Esther Flores están aún más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por conceder supuestamente diversas licencias ilegales. La Audiencia Provincial ha sido mucho más dura en su auto de finales de noviembre que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3, el que lleva el caso, ya que en su auto del pasado mes no solo ve una posible prevaricación en los hechos que tanto ellos como otros exediles protagonizaron durante 2003 y 2007, sino que además ve indicios de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos e incluso señales de delitos relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo. Ante a este golpe judicial, tanto el regidor local como los dos ediles dimitirán, pero solo cuando no les quede más remedio.

Pese a que los socialistas granadilleros aseguraron en un comunicado que tanto el mandatario como los tres ediles investigados iban a presentar su dimisión en los próximos días, González Cejas explicó en la opinión de tenerife, solo unas horas después, que abandonarán sus cargos cuando se abra juicio oral contra ellos. Para el alcalde, que ha llevado las riendas del Consistorio durante 21 años, "igual resulta" que tiene lugar la vista oral en breve, "pero cuidado, como cualquier acto judicial, si dice un disparate se puede recurrir y lo que estamos diciendo es que cuando se produzca de verdad, se hará". "Ahora, vete a saber los años por delante para eso", puntualizó.
El alcalde considera que la causa abierta está en una "incógnita" y defendió su inocencia pese a la dureza de la Audiencia Provincial. Ahora, lo que toca es que la documentación regrese al Juzgado de Primera Instancia para que este solicite al Ministerio Fiscal y a la acusación particular que presenten sus escritos de acusación para la posterior apertura de juicio.

En cuanto tenga lugar este paso, aseguró que tanto él como sus compañeros no van a ser "un tapón" ni se van a "atrincherar", sino que cumplirán con el Código Ético del Partido Socialista (PSC) que es, en su opinión, "tremendamente duro". "Ninguna fuerza política lo tiene y por respeto y coherencia con nuestras ideas, no queremos perjudicar", aseguró González Cejas, quien recordó que este reglamento establece que solo deberán dejar los cargos públicos cuando se abra juicio.

Por lo pronto, informó de que la próxima semana mantendrá una reunión con la Dirección Federal de su formación para informar sobre estos hechos y defender su situación en plena campaña electoral. No obstante, Ferraz podría instarlos a entregar sus actas.

Si se llega a ese punto, el regidor y Ana Esther Flores, en el número dos de la lista municipal socialista, tendrán que dejar sus cargos y al que le tocaría llevar las riendas del Ayuntamiento sería a Óscar David Delgado. Según fuentes consultadas ayer, esta decisión será sometida a una asamblea del PSC. Como la ley establece que sea Delgado, para poder escoger a otra persona este tendría que renunciar.
González Cejas se mostró tranquilo ayer y, para él, la razón de que se haya judicializado la concesión de licencias a empresas con las que tenía "intereses económicos", según la Audiencia Provincial, es que su partido "lleva ganando desde 1991 y, tal vez, ese es el problema, para quitarnos rédito político". "Esta causa empieza simplemente por un tema político para manchar el buen nombre", explicó el regidor, quien recordó que la denuncia fue presentada por Coalición en 2006 y a la que se unió, posteriormente, Sí se puede, única formación política que sigue personada.

La Audiencia, en contra de la postura del alcalde, ve diversos indicios de delito en los actos en los que tanto él como siete ediles y exconcejales participaron entre 2003 y 2007 –Nicolás Jorge Hernández y Ana Esther Flores, aún en el Gobierno, Jorge Fidel Rodríguez, José Alfonso Delgado, José Antonio González Cejas, Rufino Acosta y Ana María Casimiro–, de ahí que haya desestimado sus recursos. Estos hechos los diferencia en seis apartados diferentes.

Costa Atlántica SL. El Gobierno local concedió entre 2006 y 2007 tres licencias a Costa Atlántica SL. Esos imputados, según la Sección Quinta, tenían conocimiento de que Jorge Fidel Rodríguez, el responsable municipal de Hacienda en aquella época, era el administrador mancomunado en esta entidad, aparte de que también guardaba relación, incluso familiar, con otras personas de la empresa, de ahí que resalte su "interés evidente en la concesión".

En la tramitación y otorgamiento de las autorizaciones para la construcción de edificaciones "cabe apreciar la concurrencia de indicios" de prevaricación y tráfico de influencias, así como delitos relativos a la ordenación del territorio y urbano. La Junta de Gobierno, tal y como recoge el auto, votó a favor "a pesar de los evidentes reparos de legalidad" y la arquitecta técnica municipal ayudó a dar "cierta cobertura" con un informe favorable.

El tráfico de influencias, que aprecia la Audiencia, afecta a Nicolás Jorge Hernández al "intentar influir en las técnicos" del Ayuntamiento para que emitiesen informes "más flexibles", aunque este punto ha quedado sobreseído "en tanto que no ha sido objeto de impugnación".
Vimédano SL. González Cejas, en su condición de alcalde y concejal de Urbanismo, era propietario de 440 acciones de Médano Beach SA, con un valor de 13.222 euros. Esta participación fue adquirida en 2006 por Vimédano SL por algo más de 220.000, "multiplicando así, de manera muy evidente, su inicial valor una vez fueron concedidas por la Junta de Gobierno local cuatro licencias". De igual forma, la Audiencia destaca que el Ayuntamiento también aprobó el Plan Parcial Médano Park, lo que guarda relación con gente de esa misma empresa. De esas conexiones se desprende "un interés evidente" en otorgar esas autorizaciones para desarrollar construcciones y dar luz verde al documento de ordenación pese a los informes desfavorables.

Por estos hechos la Sección Quinta ve indicios de prevaricación, tráfico de influencias, delitos sobre la ordenación del territorio y urbanismo. Respecto a los permisos, fueron aprobados de manera "arbitraria" y a ello contribuyó una vez más, a fin de otorgar a la Junta de Gobierno local "cierta cobertura", la arquitecta técnica.

Plan Parcial Médano Park. Los terrenos a los que se refiere ese plan fueron adquiridos por la entidad Médano Beach Sur –en la que el alcalde era accionista– y tenían una calificación inicial de suelo rústico. Tras aprobarse el Plan General de Granadilla, pasó a suelo urbanizable, incrementando el valor del espacio. Cuando la empresa presentó al Ayuntamiento ese plan, González Cejas, "careciendo de la necesaria competencia al respecto", dictó dos decretos en diciembre de 2004 y junio de 2005 a través de los que aprobaba de manera "inicial" y "provisional" el documento, aceptándose posteriormente por la Junta del Gobierno local.

La urbanización de dichos terrenos, además, se efectuó mediante el sistema de ejecución por concierto y la Audiencia aprecia en todos estos hechos malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Destaca que el regidor actuó de manera arbitraria "teniendo interés directo", ya que después vendió sus acciones a la entidad Vimédano por un precio muy superior al valor inicial. La Sección Quinta recuerda que ese aumento se deriva de la revalorización del suelo con la aprobación de ese plan parcial.

Televisión Digital Terrestre. La Audiencia se limita a confirmar que en este punto, al igual que el Juzgado de Primera Instancia, existen indicios de prevaricación por parte de Nicolás Jorge Hernández. Estos hechos están relacionados con la adjudicación sin concurso público de la TDT.

ITER. El Ayuntamiento otorgó licencia para que el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) instalara 130 placas fotovoltaicas en terrenos del Polígono Industrial de Granadilla pese a dos informes técnicos desfavorables. La Junta de Gobierno acordó llevarlo a cabo metiéndolo en el orden del día como un punto urgente, según la Sección Quinta. En este caso aprecia posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, ordenación del territorio y urbanismo. Una vez más, establece "directa vinculación" del alcalde y sus "intereses económicos" al papel de la arquitecta para dar cobertura legal.

Cultura. La Audiencia termina con las adjudicaciones de contratos y concesión de subvenciones por parte de Ana María Casimiro, edil de Cultura, durante 2005, 2006 y 2007. Especifica que la exposición de hechos realizadas por la acusación particular llevan a que cabe derivar "indicios de la posible comisión de hechos susceptibles de integrar los tipos penales de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos", lo que implicaría una investigación "a fin de su total esclarecimiento". Por este motivo, acuerda la continuación de las actuaciones por el trámite de las diligencias previas.

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