Santa Cruz

El 'mamotreto' ha costado a la capital 2,2 millones desde que se pararon las obras

El edil de Urbanismo indica que se ha iniciado el expediente de derribo de parte del edificio de Las Teresitas, pero insiste en que se está a la espera del informe de Costas

13.11.2015 | 12:00
Edificio de aparcamientos de la Playa de Las Teresitas.

El edificio de aparcamientos y de locales comerciales de la Playa de Las Teresitas, conocido popularmente como mamotreto, ha costado unos 2,2 millones de euros a los chicharreros desde que se pararon las obras en el año 2008. El concejal de Urbanismo en Santa Cruz, Carlos Garcinuño, del Partido Popular (PP), informó ayer, durante una Comisión de Control y a raíz de una pregunta formulada por Izquierda Unida (IU), que el Ayuntamiento en la vigilancia del inmueble se gastó al mes más de 29.600 euros entre 2008 y 2012, y más de 30.190 euros al mes entre 2012 y mayo de 2014. A estas cantidades hay que sumar los 167.535 euros que el Consistorio invirtió el año pasado en el cerramiento del edificio para precisamente poder dejar de pagar dichos servicios de vigilancia mientras se investigaba en el Juzgado la construcción de este inmueble.

Aunque ya en la actualidad el Ayuntamiento no gasta en esta infraestructura ni un solo euro, los partidos de la oposición no entienden a qué está esperando el Gobierno local, formado por CC y PP, para cumplir la sentencia firme del caso mamotreto, dictada hace ya un año, y sobre todo después de que el Consistorio recibiese el pasado martes un oficio del Juzgado de lo Penal número 5 ordenándole que derribe de manera inmediata el edificio. El portavoz de Izquierda Unida, Ramón Trujillo, criticó ayer que la Corporación local se haya gastado tanto dinero en vigilar una construcción "ilegal" en lugar de haber procedido a su cerramiento desde que se pararon las obras y se inició la investigación judicial. Asimismo, denunció que el Gobierno local no proceda "ya" a demoler todo el mamotreto.

"Ahora dicen, a pesar del oficio del Juzgado, que solo derribarán una parte, la que invade el dominio público, aunque también aseguran que no pueden hacerlo hasta que la Dirección General de Costas no aclare cuál es la zona de servidumbre. Y con respecto al resto del edificio, lamentamos que manifiesten que pueden salvarlo cuando no existe normativa alguna que lo permita. Quieren salvar el 90% de esta construcción a través de una interpretación forzosa de la sentencia", apuntó el portavoz de Izquierda Unida ayer durante la Comisión de Control del Ayuntamiento.

Por su parte, el concejal de Urbanismo quiso dejar claro que el Consistorio chicharrero no tiene otra intención que la de ejecutar la sentencia. Aseguró que ya se ha iniciado la tramitación del expediente de demolición, aunque insistió en que el Ayuntamiento no puede hacer nada hasta que la Dirección General de Costas no aclare cuál es la parte del edificio que invade el dominio público. "Por ello, no podemos decir cuándo se procederá al derribo", añadió Garcinuño.

En relación a la parte del inmueble que no invade zona de servidumbre, ya el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha manifestado que los servicios jurídicos están estudiando si se puede legalizar para destinarla a aparcamientos, pues es una posibilidad que "permite la propia sentencia".

La sentencia firme de noviembre de 2014 ordenó la demolición del edificio de Las Teresitas y condenó a penas de cárcel , así como a pagar el derribo -que debe ejecutar el Ayuntamiento-, a los exediles de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez, y a los exfuncionarios Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Fueron condenados, según el fallo, por haber permitido la construcción ilegal del inmueble. Pero la sentencia también abría la puerta a la posible legalización de la parte del edificio que no invade el dominio público.

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