La Laguna

El Gobierno, condenado a pagar 7 millones por la expropiación de suelo en La Laguna

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias reprende a las consejerías de Educación y Obras Públicas por desentenderse de dos proyectos del mismo Ejecutivo canario

13.11.2015 | 12:00
Terrenos en Coromoto, justo debajo de la cabecera de la pista de aterrizaje de Los Rodeos.

Las consejerías de Educación y Obras Públicas del Gobierno de Canarias han sido condenadas a pagar casi siete millones de euros al Ayuntamiento de La Laguna y a un grupo de propietarios por la expropiación de 30.748 metros cuadrados de la que ambas áreas del Ejecutivo y la Universidad de La Laguna se desentendieron. Esto determinan dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a las que ha tenido acceso la opinión de tenerife. Este pago millonario que debe afrontar el Ejecutivo con dinero público se suma a los 4,7 millones de euros que debe devolver al Estado por no invertir la ayuda estatal que recibió para la construcción de guarderías en 26 municipios del Archipiélago.

La sentencia con mayor montante es la que tiene que ver con el proyecto de construcción de un polideportivo en el Campus Universitario de Coromoto-Geneto, en el entorno del aeropuerto de Los Rodeos, proyectos que nunca se llevaron a cabo por la crisis. El Gobierno y la Universidad de La Laguna (ULL) habían reclamado la expropiación de 25.274 metros cuadrados para tal fin y así se previó en el Plan General de Ordenación del municipio. El Consistorio lagunero, legitimado para llevar a cabo las expropiaciones aunque el objeto de la instalación fuera universitario, firmó el acuerdo con los propietarios el 12 de diciembre de 2012: pagaría 4,2 millones a los dueños de los terrenos en cuatro anualidades desde 2012 hasta este año, además de 686.000 euros de intereses de demora, cantidad que tendría que cubrir luego la Consejería de Educación.

Sin embargo, este área del Gobierno de Canarias y la ULL se desentendieron de este proyecto pese a las advertencias del Ayuntamiento de La Laguna. Según la sentencia del TSJC, a respuesta de los recursos del Consistorio y los propietarios, la Consejería de Educación "tuvo en todo momento conocimiento de la tramitación del procedimiento expropiatorio desde mayo de 2009". Luego vinieron otras notificaciones del Ayuntamiento tanto a Educación como a la propia ULL. El TSJC concluye que "la no intervención en el proceso expropiatorio de la administración autonómica no puede ser una causa de oposición imputable a la Gerencia Municipal de Urbanismo" de La Laguna.

Instalación universitaria

La Universidad de La Laguna alegó que en realidad era un polideportivo que iba a beneficiar al municipio, más que a sus alumnos, aún formaría parte de un campus. Pero el TSJC entiende que, aunque la gestión la llevara el Ayuntamiento, es una instalación prevista en el PGO para uso universitario y que tiene que ser la Consejería de Educación, y no la ULL ni el Ayuntamiento, la que se haga cargo del pago de las cantidades mencionadas.

La segunda sentencia tiene que ver con un proyecto viario que estaba asociado al Campus Universitario de Coromoto-Geneto que tampoco se hizo: la Ronda Sur del Anillo de La Laguna, una carretera comarcal que iría desde la parte sur del aeropuerto de Los Rodeos hasta el enlace en el que se conectan la TF-5 y la Vía de Ronda, y que estaba previsto que pasara por el campus universitario. De nuevo, el Ayuntamiento inicia un expediente de expropiación pero en este caso de un terreno de 5.774 metros cuadrados y a petición de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno canario. Alcanza un acuerdo con los dueños de esos solares el 12 de diciembre de 2012 para iniciar los abonos anuales del dinero determinado para la expropiación, 921.615 euros más 148.685 de intereses de demora, cantidades de las que luego tendría que hacerse cargo Obras Públicas.

La Consejería, sin embargo, como hizo Educación con el polideportivo del campus, desatendió este proyecto aún habiéndolo diseñado y encargado, y aún sabiendo que tenía que pagar la factura. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias le recuerda que consta que el Ayuntamiento le avisó desde el 7 de mayo de 2009, "de tal manera que su falta de participación no tiene otra justificación que su falta de interés en hacerlo, pues dicha administración (la Consejería de Obras Públicas) era plenamente consciente de la situación que existía", señala la sentencia del alto tribunal canario.

El detalle de las cantidades

La cantidad que debe pagar el Gobierno de Canarias según estas dos sentencias es de un total de 6.011.976 euros, pero ésta ha ido incrementándose teniendo en cuenta que los fallos, aunque se hayan conocido ahora, vienen de hace cinco meses, del pasado mes de junio. Según fuentes del Ayuntamiento de La Laguna, esta cantidad ya se acerca en la actualidad a los 7 millones de euros por los intereses y seguirá creciendo hasta que el Ejecutivo no las haga efectivas.

Tal como precisaron las fuentes municipales, las consejerías de Educación y Obras Públicas tendrán que abonar 4,1 millones al Consistorio lagunero, pues es la cantidad que ha pagado hasta ahora el municipio por las expropiaciones. El resto, cerca de tres millones, tendrá que ser abonado directamente a los propietarios a los que se les expropiaron los solares. El Ejecutivo canario todavía puede recurrir al Tribunal Supremo.

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