El Gobierno canario deberá pagar 6 millones a La Laguna por dos expropiaciones

Los espacios estaban destinos a la instalación de un campus universitario en Coromoto con infraestructuras deportivas

12.11.2015 | 11:34

El Tribunal Superior de Justicia ha condenado a las consejerías de Educación y de Obras Públicas del Gobierno de Canarias a abonar más de seis millones de euros al Ayuntamiento de La Laguna (Tenerife) por dos expropiaciones llevadas a cabo en el entorno de Coromoto.

En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC da la razón a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento lagunero en su reclamación por una parte de 4,9 millones de euros y por otra de 1,6 millones por la expropiación de una parcela de más de 30.000 metros cuadrados en la zona de Coromoto.

En una de las demandas, el Ayuntamiento de La Laguna reclamaba a la Consejería de Educación y a la Universidad de La Laguna el pago del justiprecio e intereses derivados de la expropiación de una parcela de 25.274 metros cuadrados, por la que se debía pagar 4,25 millones de principal y 686.491 en concepto intereses de demora.

En esta parcela estaba prevista la instalación de un campus universitario de Coromoto, que incluye infraestructuras deportivas, cuyo uso figura en el plan general del municipio del año 2000.

Tras establecer el Jurado Provincial de Expropiaciones el justiprecio y resolverse varios recursos contenciosos administrativos respecto a la cantidad fijada, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con los expropiados para hacer frente al pago y requirió a la Consejería de Educación y a la Universidad de La Laguna que reintegrasen la parte correspondiente.

Este requerimiento fue contestado por la Universidad con la impugnación del acuerdo al entender que el centro académico no era beneficiario de la expropiación, mismo argumento que utilizó la Consejería de Educación, que entiende que no se trata de un sistema docente sino sociocultural para actividades complementarias.

La sentencia afirma que lo determinante no es lo que finalmente se construya, sino el motivo de la expropiación, y señala que aunque el polideportivo pueda ser gestionado por el Ayuntamiento, la parcela quedaba "claramente afectada" a una instalación de equipamiento universitario.

Agrega que al tener la expropiación como finalidad la dotación y equipamiento universitario, la titularidad corresponde a la Consejería de Educación y recuerda que ni el centro académico ni la administración se personaron en el expediente expropiatorio.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC obliga a la Consejería de Educación a asumir el pago del justiprecio e intereses derivados de la expropiación y le condena a reintegrar a la Gerencia de Urbanismo de La Laguna las cantidades que ya hubieran sido satisfecha por ésta al expropiado.

El segundo fallo judicial condena a la Consejería de Obras Públicas a asumir el pago del justiprecio e intereses derivados de la expropiación de una parcela de 5.474 metros cuadrados y que asciende a 921.515 euros más 148.685 euros de intereses.

Al igual que el caso anterior, la Gerencia de Urbanismo, tras dos sentencias que legitimaban su derecho a la expropiación, llegó a un acuerdo con los expropiados para hacer frente al pago y requirió a la Consejería de Obras Públicas que reintegrara las cantidades ya satisfechas y asumiera el resto del abono pendiente.

Los terrenos expropiados están ubicado junto a la parcela que albergaría el polideportivo del Campus de Coromoto y aunque el suelo tenía una clasificación deportiva, en 2006 se autorizó un nuevo uso para la construcción del sistema viario del Plan Territorial de Ordenación del área metropolitana.

La sentencia señala que, aunque se haya cambiado el uso, el único efecto es "la mutación respecto al beneficiario" que pasa de ser de la Consejería de Educación a la de Obras Públicas.

Por ello el ponente entiende que no es ajustado a derecho querer desmarcarse de la condición de beneficiario de la expropiación y niega validez a argumentos como que la vía que se construirá es de ámbito local, ya que será financiada por el convenio de carreteras suscrito entre el Gobierno de Canarias y el Estado.

El Gobierno de Canarias aún puede interponer recurso ante el Tribunal Supremo contra estos dos fallos del TSJC.

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