Santa Cruz

El Consistorio intenta legalizar parte del edificio para destinarlo a aparcamientos

El alcalde aclara que no se ha derribado el trozo que ocupa el dominio público porque el Estado continúa sin aclarar cuál es

12.11.2015 | 02:00

El Ayuntamiento de Santa Cruz derribará la parte del edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto, que invade la zona de servidumbre de protección y dominio público marítimo terrestre pero lo hará cuando la Dirección General de Costas aclare cuál es precisamente ese trozo. En este sentido, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, después de que el martes el Ayuntamiento recibiese un oficio del Juzgado en el que se le ordena que "a la mayor brevedad posible" ejecute la sentencia del mamotreto, dictada hace ya más de un año, anunció ayer que pedirá auxilio a la juez e, incluso, acudirá a la Fiscalía si Costas no contesta de una vez a la solicitud de información realizada por el Consistorio.

Con respecto a la parte del edificio que no ocupa el dominio público, según explicó ayer el alcalde, el Ayuntamiento de Santa Cruz intentará legalizarla para convertirla en un parking, que es a lo que en principio iba destinado este inmueble y porque así se estableció en una ficha del Plan General de Ordenación (PGO) vigente. Y es que , recordó el regidor nacionalista, la propia sentencia del caso mamotreto permite tal posibilidad. En concreto, el fallo firme de fecha 18 de noviembre de 2014 establece que "pudiera dejarse sin efecto el derribo de la parte que no invade servidumbre de protección, en el caso que se acreditara una modificación del planeamiento que haga innecesaria dicha demolición al posibilitar la legalización de la obra".

José Manuel Bermúdez insistió en que existe una "ficha indicativa" en el PGO que prevé un aparcamiento en la cabecera de la playa, "documento ya vigente en el momento de producirse la sentencia". Asimismo, añadió, el Ayuntamiento está redactando en la actualidad un Plan Especial para Las Teresitas que debe desarrollar lo anterior. De todas formas, manifestó el alcalde, la Corporación está a la espera de que los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo determinen si ambas figuras de planeamiento son suficientes para legalizar la parte del edificio no afectada por la servidumbre y para poder mantener su estructura. "Confío en que muy pronto sepamos si es legalizable o no para así poder dejar claro cuál es el camino que tomará el Consistorio", señaló.

"En este asunto todo los pasos que demos deben estar perfectamente fundamentados y claros, porque si derribamos la totalidad del edificio por una decisión política y existiese la mínima posibilidad, tal y como lo establece la propia sentencia, de mantener en pie parte del inmueble, el Ayuntamiento de Santa Cruz podría estar incurriendo en otro tipo de responsabilidades. Si lo demolemos pudiéndolo legalizar, no sería lógico e, incluso, podríamos estar cometiendo un delito", comentó el alcalde del municipio chicharrero.

Bermúdez realizó ayer estas declaraciones un día después de que el Ayuntamiento recibiese un oficio del Juzgado de lo Penal número 5 obligándole a que de manera inmediata ejecute la sentencia firme del caso mamotreto, dictada por la Audiencia Provincial en noviembre de 2014. En dicho fallo judicial se ordenó la demolición del edificio de Las Teresitas y se condenó a penas de cárcel y de inhabilitación, así como a pagar el derribo –que debe ejecutar el Ayuntamiento–, a los exediles nacionalistas Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domínguez, y a los exempleados públicos Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Estos fueron condenados, según el fallo, por haber permitido la construcción ilegal de este inmueble en la playa chicharrera. Pero esta sentencia también abría la puerta a la posible legalización de la parte del edificio que no invade el dominio público, siempre y cuando exista "nueva normativa que lo permita".

El alcalde aseguró ayer que el Ayuntamiento nunca se ha negado a ejecutar esta sentencia, pero insistió en que está a la espera de que Costas delimite exactamente la servidumbre para saber qué parte del edificio hay que derribar. "Nuestros técnicos ya están trabajando en el proyecto de demolición pero aún no hemos recibido respuesta alguna del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno central. Por eso, no descarto pedir auxilio al juez o acudir a la Fiscalía si Costas no contesta, porque considero que todas las administraciones implicadas debemos colaborar en la ejecución de la sentencia", dijo.

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