El Cabildo destinará un millón a arreglar las viviendas de familias sin recursos

La Corporación insular activa el consejo formado por administraciones y diversos colectivos para ayudar a los ciudadanos con dificultades a tener un hogar digno

10.11.2015 | 02:00
De izquierda a derecha, José Gregorio Pérez, Aurelio Abreu e Inma Évora en la presentación de ayer.

El Cabildo de Tenerife ayudará a personas con escasos recursos a rehabilitar sus viviendas durante el próximo ejercicio. El vicepresidente insular, Aurelio Abreu, informó ayer de que la previsión inicial de la Corporación es destinar una partida de un millón de euros a este concepto y detalló que, en el próximo mes de enero, habrá una reunión con los 31 municipios de la Isla para acordar la distribución de los recursos entre los distintos territorios solicitantes. La intención es que sean los servicios sociales y las oficinas técnicas de los ayuntamientos los que valoren cada uno de los casos en función de las características del inmueble y de las necesidades de las familias que piden la ayuda.

La finalidad, según destacó, es poner en el mercado ese patrimonio y adaptarlo a la normativa vigente para que los beneficiarios puedan disfrutar de un hogar en condiciones dignas. Aunque especificó que será en ese encuentro de dentro de dos meses en el que se consensúe el reparto de fondos a ese Plan de Rehabilitación de Viviendas, especificó que este asunto también sería tratado por el Consejo Insular de la Vivienda en su primera sesión, que tuvo lugar ayer por la tarde.

Aunque este órgano –formado por diversas organizaciones y administraciones, como los ayuntamientos y el Gobierno canario, así como por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Tenerife (PAH)– fue creado en 2014, es ahora cuando entrará en activo después de que el grupo Podemos solicitara su puesta en marcha.

Los miembros de la mesa podrán aportar "sus experiencias" y en ella también se tendrá en cuenta "esa defensa a ultranza del derecho a la vivienda y que sea un lugar digno y un derecho", destacó Aurelio Abreu antes de la reunión.

Si el Cabildo prevé destinar al menos un millón a la rehabilitación, el también consejero insular que se encarga de este área en la Corporación insular espera que el presupuesto pueda crecer con el apoyo del Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para reactivar un plan que "hace 10 años estaba en marcha en la Comunidad Autónoma". Respecto a la lucha contra los desahucios, uno de los principales objetivo del nuevo Consejo de Vivienda, Aurelio Abreu recordó que la Institución tinerfeña ya establece cláusulas sociales con las entidades bancarias al poner como "condición" para sus operaciones de crédito que estas no desahucien a las personas por el impago de sus hipotecas.

Por su parte, la portavoz de PAH-Tenerife, Inma Évora, resaltó que la posición del colectivo es "clara" respecto a las entidades bancarias. Advirtió que "tienen que apostar por sociabilizarse" y defendió la aplicación de la dación en pago con efecto retroactivo y que pongan las viviendas vacías que tienen en su poder en alquiler social.

Por su parte, el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez, departamento del Gobierno autónomo que también forma parte del Consejo Insular de la Vivienda, afirmó que se produce una situación de "desequilibrio de fuerzas" entre las entidades financieras y los ciudadanos y, ante esta situación, destacó el papel que juega la oficina de intermediación que funcionará de forma coordinada con este nuevo órgano colegiado.

Este departamento se encargará de asesorar a las familias en riesgo de ser desahuciadas y facilitará a los 5.654 demandantes, que existen en la Isla, el acceso a una vivienda pública.

Aparte de la implicación de esta oficina, del Ejecutivo regional, el Consejo Insular también estudiará la supresión de las relaciones comerciales con los bancos que dejen sin hogar a personas sin recursos y solicitará a las entidades financieras con las que el Cabildo trabaja que paralicen los desalojos en caso de que el afectado no tenga dónde vivir.

La intención es que todos los miembros de este organismo se reúnan cada seis meses, a no ser que algunos de sus integrantes convoquen la mesa, como por ejemplo, para realizar un seguimiento de nuevos casos.

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