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Candelaria

El Consistorio ordena el desalojo de Bajo la Cuesta escudado en cuatro informes

El Ayuntamiento acudirá a la Justicia si los vecinos no dejan sus casas en cinco días

05.11.2015 | 12:15
Varias viviendas de Bajo la Cuesta, en Candelaria.

El Ayuntamiento de Candelaria ha vuelto a dar un ultimátum a los vecinos de Bajo la Cuesta para que abandonen sus hogares, y esta vez lo ha hecho con la publicación de la notificación del decreto de desalojo en el Boletín Oficial del Estado, tal y como recoge el anuncio de ayer con fecha del 27 de octubre. De acuerdo al documento, el Consistorio ha establecido un plazo de cinco días hábiles "improrrogables" para que los afectados dejen sus casas. Para justificar su decisión, la Corporación local se escuda en "cuatro informes técnicos que acreditan las posibilidades reales de caídas de bloques rocosos y del riesgo inminente existente", así como en la prueba pericial practicada el pasado 15 de septiembre que de igual forma determina que existen "razones fundadas e indubitadas del riesgo grave de desprendimientos del talud del acantilado".

En caso de que los residentes de este núcleo costero desoigan la orden, la Administración de la Villa Mariana informa de que remitirá el expediente y las actuaciones al juzgado de lo Contencioso-Administrativo que corresponda para que autorice la entrada en los domicilios y poder proceder así "a la ejecución forzosa del presente desalojo provisional". La resolución firmada por la alcaldesa, María Concepción Brito, también recoge que se prohíbe el acceso al barrio de los ciudadanos "en general" y, para señalizarlo, el Consistorio se encargará de colocar "una valla y carteles que adviertan e impidan" la entrada.

El Ayuntamiento, de igual forma, garantiza a los más de 100 afectados que la marcha de sus hogares será temporal, ya que durante su ausencia "los propietarios del acantilado procederán a la ejecución material de las obras necesarias para garantizar la seguridad del mismo conforme a las órdenes de ejecución actualmente en trámite y las multas coercitivas" que les imponga la Administración municipal en caso de que "incumplan sus obligaciones". Por el contrario, en caso de que los residentes no abandonen el medio centenar de viviendas, el Consistorio defiende que "no podrá realizarse" las actuaciones para estabilizar el talud porque "estará en riesgo su integridad física, no solo por los desprendimientos sino por las obras que se lleven a cabo".

Para el abogado que representa a los vecinos, José Ortega, esta consideración carece de sentido y advierte a la Corporación local de que no dejarán sus hogares sin garantías. En palabras del letrado, "lo importante" es que de una vez por todas arreglen el acantilado, ya que recordó que se trata de una cuestión surgida en 2010, con el primer decreto de desalojo firmado por el anterior alcalde, José Gumersindo García. En ese año, según explicó, el Gobierno de Canarias se comprometió a llevar a cabo los trabajos pertinentes para asegurar la zona, pero sin embargo no se han llevado a cabo, así que ha solicitado al presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, que ponga en marcha la actuación, al igual que ha pedido a la regidora local que solicite esto mismo por su parte.

Si bien Ortega apuntó que ha presentado el respectivo recurso de reposición y ha exigido la suspensión cautelar de la orden, el abogado añadió que todo el proceso "se encuentra empantanado" ante el recurso que también han puesto propietarios del talud respecto a la solicitud de costear las obras. "Nadie va a arreglar nada" y, en su opinión, el Ayuntamiento también "le va a costar" conseguir la autorización judicial para poder echar a los afectados de sus viviendas.

Ante este panorama, el letrado es tajante a la hora de afirmar que los residentes no se irán "sin perspectiva ni garantía". "Si empiezan los trabajos y los ven con sus propios ojos, y si hay un compromiso de plazo" para poder volver, entonces "se piensa el desalojo", avisó Ortega.

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