Güímar

El Gobierno acepta con reparos el plan para restaurar los daños de la extracción de áridos

El Cabildo propone declarar de interés autonómico la recuperación de los espacios sin contar con que la Justicia exige a los que hicieron las actividades ilegales que la costeen

01.11.2015 | 02:00

El Gobierno de Canarias teme que la prohibición de extraer áridos en los barrancos de Güímar, como ha pedido el Cabildo de Tenerife, pase factura a las arcas autonómicas. En una reunión mantenida el pasado 15 de octubre, el Ejecutivo regional aprobó manifestar un criterio favorable a la toma en consideración de esta proposición, impulsada por la Corporación insular, para la ordenación y restauración del espacio afectado por la actividad minera, aunque eso no quiere decir que el Ejecutivo regional tenga clara su viabilidad, ya que avisa de que no existe un estudio económico de ese plan. Este documento es "obligatorio" en cumplimiento de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible, que "exige que las disposiciones legales valoren sus repercusiones y efectos, de forma que se garantice la sostenibilidad presupuestaria".

El acuerdo del Gobierno, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, también hace mención al informe de principios de ese mes elaborado por la Dirección General de Planificación y Presupuesto, no sin antes recordar que la iniciativa legislativa a petición del Cabildo pretende "esencialmente" impedir las extracciones en esos barrancos, dañados por las canteras presuntamente ilegales que estuvieron activas entre la década de los 90 y al menos 2007. Ante el grave impacto causado en el territorio, la Corporación insular también solicita que se declare de interés autonómico la restauración y ordenación de este espacio para "restablecer sus valores ambientales y paisajísticos" mediante la elaboración de un plan.

Para dar cumplimiento a estos objetivos, la proposición de ley planteada por la Institución tinerfeña modifica los planeamientos insular y municipal y declara extinguidos "todos los títulos mineros otorgados y vigentes" a la entrada en vigor de esa normativa, pero todo este proyecto choca con el juicio que arrancará en menos de tres meses contra los empresarios que explotaron ese territorio de forma ilegal durante ese tiempo. Tanto la Fiscalía Provincial como la acusación popular piden para Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña, y los también empresarios José Enrique Morales, Francisco Javier del Rosario y Pedro Sicilia cinco años de cárcel para cada uno por presuntos delitos contra el medio ambiente. El quinto de los areneros, Fulgencio Díaz, ha fallecido.

Ambas partes también solicitan que sean los propios acusados los que restauren el medio ambiente. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Güímar, de hecho, pide a los areneros, al establecer como responsables civiles subsidiarias las sociedades extractivas a las que cada uno representa, una fianza de 279,3 millones de euros con el objetivo de asegurar las posibles indemnizaciones que se deriven de estos hechos. Como ninguno de ellos abonó el dinero que le correspondía, ya se ha procedido al embargo provisional de sus bienes de cara a la vista oral, que tendrá una duración de cuatro meses.

El Ayuntamiento calcula que los acusados deberían pagar a la Corporación local 209,5 millones euros, ya que defiende que es "la perjudicada de la delictiva actuación" que ejecutaron y, además, las partes personadas también ven necesario indemnizar al Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo.

Pese a las peticiones de la Fiscalía y la acusación popular, el Cabildo ha impulsado una proposición de ley para restaurar el medio perturbado a través de la que declarar extinguidos los títulos mineros "otorgados y vigentes". Ese último punto preocupa al Gobierno canario, ya que afirma que podría derivar "en impactos presupuestarios en los gastos públicos si se encomendaran a la Administración autonómica objetivos específicos dentro del Plan de Restauración Medioambiental y Paisajístico del ámbito especial protegido, así como de un eventual pronunciamiento judicial a favor de los titulares de los títulos mineros declarados a extinguir", tal y como recoge el acuerdo del pasado mes. El Ejecutivo teme, por tanto, que tenga que pagar indemnizaciones que, en caso de que se dé esa posibilidad, podrían quedar embargadas por decreto judicial ya que ninguno de los implicados en estos hechos pagó la fianza solicitada.

Esta percepción tropezaría con el planteamiento de las partes personadas en la causa judicial. El Ministerio Público, de hecho, en su escrito de acusación contra los cinco areneros es rotundo a la hora de señalar que todos ellos explotaron los barrancos durante casi dos décadas de manera "simultánea, continua y sin cobertura legal por no contar con la totalidad de los títulos que legitimasen estas actuaciones".

La Fiscalía Provincial, de igual forma, recuerda incluso que la propia Comunidad Autónoma conocía esa situación de ilegalidad, pues "ya la Cotmac [Comisión de Ordenación del Territorio del Ejecutivo autónomo], en el año 2003 reconoce de forma expresa que, en las zonas de los barrancos de Güímar, gran parte de las explotaciones mineras allí existentes vienen operando desde hace años con clandestinidad y no cumplen con las autorizaciones preceptivas o incumplen la normativa vigente, así como que ninguna dispone de la oportuna licencia municipal", agrega en su escrito de acusación.

Aunque este caso está a la espera de juicio oral y, por consiguiente, de una sentencia que determine las posibles condenas, la Institución tinerfeña impulsa esta proposición de ley que tramita tanto el Parlamento como el Gobierno canario. Está previsto que los cuatro constructores se sienten en el banquillo a partir del próximo 15 de enero y y la vista tendrá una duración de cuatro meses.

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