Adeje

El Estado deberá pagar parte de la edificación del hotel de lujo Sheraton

El Supremo condena al Gobierno a abonar a la empresa Artusa cuatro millones más los intereses legales producidos en 10 años

29.10.2015 | 02:20
Hotel Sheraton La Caleta, en Costa Adeje.

El Tribunal Supremo condena al Gobierno central a pagar parte de la construcción del hotel de lujo Sheraton La Caleta, en Adeje. Tal y como establece en su sentencia de este mismo mes, el Estado tendrá que abonar a la empresa promotora, Archipiélago y Turismo SA (Artusa), cuatro millones de euros más los intereses legales que se han producido desde 2005, cuando la Justicia emitió la primera de sus resoluciones por este caso. La entidad decidió acudir al Contencioso Administrativo después de que el Ministerio de Economía y Hacienda le denegara una subvención para ayudar a edificar el complejo. Pese a su negativa a concederle incentivos regionales para realizar el proyecto, el Alto Tribunal le obliga ahora a costear el 19,45% de la inversión, que alcanzó los 20 millones de euros.

Ese porcentaje lo establece a partir de los 863.714,50 euros que supuso la compra de los terrenos y del importe por el concepto de bienes de equipo, situado en los 19.186.666 euros. Fue en el año 2000 cuando Artusa decidió solicitar esta ayuda al Estado al amparo del real decreto de delimitación de la Zona de Promoción Económica de Canarias, pero el Ministerio desestimó en 2005 la concesión de esta ayuda. Esta decisión fue impugnada ante el Contencioso-Administrativo por parte de la constructora, dándole la razón el Supremo en su sentencia de 2010 al establecer que la orden había sido dictada por un órgano incompetente. A raíz de este primer fallo judicial, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos volvió a reiniciar el expediente y, de igual forma, en 2011 denegó por segunda vez la subvención a Artusa "por considerar que el proyecto de inversión no cumple" los requisitos establecidos al tratarse de un complejo turístico con características que "no se ajustan a las exigencias de las instalaciones localizadas en las zonas de alta densidad turística".

El Alto Tribunal, por segunda vez, vuelve a darle la razón a la empresa, pero esta vez de una forma más contundente. En su sentencia de 2013, recuerda que el hotel de lujo fue edificado e inaugurado precisamente en 2005 y que, desde entonces, "funciona satisfactoriamente, cumpliendo las condiciones que se requerían", por lo que considera que denegar esta ayuda supondría "una decisión irrazonable y arbitraria".

De esta forma, las razones expuestas por Artusa para defender su derecho a recibir la subvención "justifican sobradamente la estimación del recurso por estar basada la denegación en motivos no fundamentados". La Sala, de hecho, establece que el informe en el que se basa el Estado para rechazar la aportación del dinero se basa en "críticas infundadas" y, aún así, el Gobierno central lo utiliza "sin la menor reelaboración o contraste con la realidad en la fecha en que se debió resolver de nuevo".

En su falló de 2013, por tanto, anula el acuerdo de la Comisión de 2011 a través del que volvía a negar los incentivos y reconoce el derecho de Artusa a recibir la subvención. En su dictamen, sin embargo, no establece la cuantía que la entidad privada debe recibir, lo que provocó que la empresa acudiera por tercera vez ante la Justicia.

La demandante impugnó el acuerdo estatal de ese año que fijaba los fondos a percibir por la construcción del Sheraton, ya que discrepaba sobre la inversión que el Gobierno central tiene que costear en función del desembolso total que implicó la edificación. Si el Estado determinó que le correspondía abonar el 10% del presupuesto, para la promotora ese porcentaje debía situarse en el 30. Ante esta discrepancia, el Supremo le da la razón a Archipiélago y Turismo SA en su sentencia de este mismo mes, aunque en parte. Por un lado, reconoce los importes relativos a la adquisición del terreno y los bienes de equipos, 20.050.380 euros de inversión, pero por otro, determina que el porcentaje subvencionable por parte del Estado es del 19,14%, es decir, 3.899.798 euros de ese total.

El Alto Tribunal, además, estima la demanda por parte de Artusa en cuanto a la reclamación de daños y perjuicios. Recuerda que la pretensión indemnizatoria se fundamenta en que, desde que se presentó la solicitud de incentivos en 2000 hasta el momento en que el Gobierno cuantifica la subvención, han pasado 14 años durante los cuales la entidad privada ha tenido que interponer tres recursos contencio-administrativos desde 2005.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine