Santa Cruz

Ferrovial y Hábitat, condenadas a pagar cuatro millones por las obras de la Torre I

El Juzgado sentencia, a raíz de las denuncias presentadas por la comunidad de propietarios, que las empresas ejecutaron incorrectamente los trabajos contratados

24.10.2015 | 02:00

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santa Cruz de Tenerife, a raíz de la denuncia presentada por la comunidad de propietarios de la Torre I de la capital, ha condenado a la constructora Ferrovial Agroman y a la promotora Hábitat a pagar cuatro millones de euros por haber ejecutado "incorrectamente las obras contratadas", en el marco de la Ley de Ordenación de la Edificación y acción de responsabilidad civil por incumplimiento contractual derivado de defectos de construcción.

Las Torres de Santa Cruz son un complejo residencial compuesto por dos torres gemelas ubicadas en la capital, en Cabo Llanos, que miden cada una 120 metros de altura. Fueron diseñadas por el arquitecto tinerfeño Julián Valladares en el periodo 2004-2006. Entre los años 2004 y 2010, fue el complejo residencial más alto de España. Sin embargo, actualmente ocupan el sexto lugar en esta categoría y son el decimonoveno edificio más alto del país. Sí son los inmuebles más altos de toda Canarias.

Aunque las obras de acondicionamiento del espacio en el que se iba a construir el complejo residencial comenzaron en 2001, los trabajos de la primera torre no terminaron hasta 2004. Los edificios no se construyeron a la vez, ya que la Torre I se terminó hace una década y la Torre II en 2006. Asimismo, se diferencian en que la primera construcción estuvo a cargo de la empresa Ferrovial, mientras que su gemela fue construida por la empresa Candesa.

Problemas

Tras la inauguración de estos dos edificios, la capital chicharrera fue víctima de temporales que también afectaron a las Torres de Santa Cruz. Durante estas tormentas, se produjeron problemas con los anclajes de las placas de la fachada al soporte en la Torre I. La comunidad de vecinos de este inmueble decidió acudir a la Justicia porque empezaron a detectarse otros problemas en la construcción. Estos alegaron que "había vicios constructivos y patologías que afectan gravemente a la habitabilidad y vida útil de las viviendas".

La Justicia ha dado la razón a los vecinos, condenando a las citadas empresas, además, a ejecutar los trabajos necesarios para resolver los problemas detectados en la Torre I. En concreto, se tendrá que llevar a cabo una "intervención integral, desmontando las placas de piedra de la fachada, volviendo a chapar de nuevo, pero intentando que se pueda reutilizar cuantas más mejor, es decir, todas aquellas cuyas condiciones lo permitan, según el criterio del perito". Asimismo, la sentencia determina que "en el caso de reutilización de placas, se debe efectuar una limpieza de las mismas".

Por otra parte, y según se indica en el fallo, el riesgo de nuevos desprendimientos del aplacado en la Torre I de la capital tinerfeña, "con el evidente peligro en la seguridad de las personas, tal y como se ha reconocido por los distintos peritos, exigía la adopción de medidas de seguridad, como es la instalación de redes de protección en las fachadas, al punto de que Promociones Hábitat muestra su voluntad inequívoca de asumir dicha actuación". Al margen de los avatares acaecidos, se añade en la sentencia judicial, "lo cierto es que las redes son finalmente instaladas por la comunidad de propietarios del citado edificio, que por tanto ha de se reintegrada de su coste, el cual asciende a un total de 10.030 euros".

La constructora Ferrovial y la promotora Hábitat, según se establece en el fallo judicial, deben asumir las obras de reparación y subsanación de los vicios y defectos detectados en las viviendas y zonas comunes de la Torre I del complejo residencial; los trabajos de sustitución del mobiliario de cocina; los honorarios de la dirección facultativa a la que se encargue el proyecto y la dirección de las obras de reparación , así como el importe de las tasas y licencias de todo tipo que fueran necesarias para la ejecución de los trabajos; los gastos que se produzcan durante el periodo de ejecución de las obras por mudanzas y almacenamientos de muebles y privación temporal del uso de vivienda o de cualquier otro espacio cuando fuere necesario para la ejecución material de los trabajos; las reparaciones que hayan sido ejecutadas con carácter de urgencia y los daños morales.

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