Benítez es condenado por contratar a dedo a 145 personas en el Consistorio

El exalcalde no podrá ejercer empleo o cargo público en 12 años, ya que a los siete por el ´caso Varadero´ se suman ahora otros cinco por dar empleo de forma ilegal

24.10.2015 | 02:00
El exalcalde de El Rosario Macario Benítez durante el juicio por Varadero.

El alcalde de El Rosario durante 32 años, Macario Benítez, ha vuelto a ser condenado por prevaricación, aunque esta vez no tendrá que sentarse en el banquillo. Tal y como consta en la notificación recibida ayer mismo por las partes personadas y testigos de esta nueva causa, la Fiscalía Provincial y el exregidor han llegado a un acuerdo, a través del que el acusado asume una pena de cinco años de inhabilitación para empleo o cargo público por contratar de forma ilegal a más de un centenar de personas en el Ayuntamiento. Ante la conformidad de ambas partes, el juicio oral que iba a arrancar pasado mañana por estos hechos ha sido suspendido después de que el juez haya dictado la sentencia in voce (de viva voz).

Aunque el septuagenario Macario Benítez dijo adiós a la política el pasado mayo, justo antes de que tuvieran lugar las elecciones municipales, la realidad es que, aunque quisiera, no podrá ejercer ningún tipo de actividad pública durante un total de 12 años, cinco por emplear de forma irregular a familiares y conocidos y otros siete por el llamado caso Varadero. De hecho, fue hace poco más de una semana cuando salió la sentencia por este segundo delito de prevaricación, que tiene que ver con el intento de construir en esa zona de El Rosario casi un millar de viviendas en contra de la Ley de Moratoria Turística y del Plan Insular de Ordenación de Tenerife. Por esta causa, tanto Macario Benítez como la exconcejal de Urbanismo Ana Lupe Mora y la secretaria municipal, María Anita Alonso, fueron condenados a un total de 21 años de inhabilitación.

Si bien el exalcalde tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados durante el juicio oral por estos hechos, al menos en esta ocasión ha logrado ahorrarse este trago tras el acuerdo de conformidad alcanzado ayer mismo con la Fiscalía Provincial. En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, el Ministerio Público impone al antiguo regidor local una pena de inhabilitación especial para empleo y cargo público por cinco años y el pago de costas procesales ante las contrataciones a dedo de 145 personas en el Ayuntamiento.

Tras la denuncia presentada en 2009 por el que fuera portavoz de Coalición Canaria en el Rosario, José Luis Arregui, la acusación pública manifiesta que el mandatario municipal desde 1983 empleó a toda esa gente de forma ilegal "a pesar de las advertencias efectuadas en numerosas ocasiones", tanto de forma oral como también escrita, "por parte de la secretaria, interventor y técnico de Recursos Humanos" del Consistorio. A través de ellas, se le avisaba de que el acceso a la función pública "debía de hacerse de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, así como el acceso a las administraciones públicas (...), y, por tanto, debía seleccionarse el personal del Ayuntamiento mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso oposición libre en los que se garantice en todo caso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad" exigidos por ley.

Macario Benítez, en contra de esas advertencias, contrató a 22 personas, "la mayor parte vecinos del municipio", sin llevar a cabo "ningún tipo de selección" y sin que se trataran de puestos eventuales, de confianza o de asesoramiento especial, "sino de puestos de carácter fijo". Ante estos hechos, la Fiscalía manifiesta que el exalcalde, "únicamente guiado por un criterio personalísimo y ajeno a lo establecido en la ley, totalmente opaco a pesar de que la normativa aplicable exige un máximo de objetividad y transparencia, así como también exige la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público", decretó las 22 contrataciones entre 1988 y 2009.

El Ministerio Público, además, subraya que el acusado, "con total conocimiento de no cumplir los requisitos legales para ello", también enchufó en el Ayuntamiento a otras 123 personas. Aunque en estos casos "no consta fecha de contratación", los contratos sucesivos "tuvieron que derivar en contratos indefinidos.

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