El Rosario

La Justicia condena a Benítez, Mora y a la secretaria a 21 años de inhabilitación

El exalcalde, la antigua edil de Urbanismo y la funcionaria intentaron urbanizar de forma "arbitraria" El Varadero

16.10.2015 | 12:46
De izquierda a derecha, Macario Benítez, Ana Lupe Mora y María Anita Alonso.

El exalcalde de El Rosario, Macario Benítez, la actual concejal de Vecinos por El Rosario, Ana Lupe Mora, y la secretaria municipal, María Anita Alonso, han sido condenados a siete años de inhabilitación cada uno para empleo o cargo público, 21 en total, por prevaricación. El Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife notificó ayer a las partes su fallo, contra el que cabe recurso de apelación en un plazo de 10 días. Según consta en la sentencia, los tres tramitaron y aprobaron el Plan Parcial de El Varadero para intentar urbanizar esta zona protegida del municipio a pesar de ser una decisión "torticera que tuerce el derecho, clamorosamente injusta" y "sin que en ningún momento se tratara de una resolución teóricamente justificable".

La juez, por el contrario, absuelve a Andrés Hernández, Abel Acosta, María Elba Delgado y Laurentino Quintana – cuatro ediles que formaron parte del Gobierno dirigido por Macario Benítez entre 2003 y 2007– porque aprecia que ellos votaron a favor de la construcción de casi 1.000 viviendas en este espacio natural al actuar movidos por "la exposición positiva" que al respecto llevaron a cabo Ana Lupe Mora, en su condición de concejal de Urbanismo por aquel entonces, y María Anita Alonso.

Si la Fiscalía no vio indicios de delito en la actuación de estos, la acusación popular, representada por el partido Iniciativa por El Rosario-Verdes, interesó su condena, pero la juez estima "la temeridad invocada" ya que considera que la acusación de los mismos se llevó a cabo "sin sustrato jurídico suficiente, razón por la que la acusación popular debe asumir las costas causadas a su instancia".

Los hechos se remontan a 2001, cuando se planificó en El Varadero un complejo de uso turístico que chocaba de lleno con dos normativas, la Ley de la Moratoria, que prohibía precisamente ese tipo de uso, y el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), que estaba a punto de entrar en vigor y que declaraba la zona suelo rústico protegido, por lo que en él no cabía ningún tipo de construcción. Si bien ya existen diversas sentencias que declaran ilegal el Plan Parcial, ahora el Juzgado de lo Penal Número 5 sentencia que tanto el exalcalde como Ana Lupe Mora y la secretaria intentaron sacarlo adelante "con plena conciencia de que el proyecto no podía ser tramitado".

La juez afirma que en todo este entramado la funcionaria jugó un papel fundamental y, de hecho, su fallo de 69 páginas se centra sobre todo en ella, ya que la ve como una "cooperadora necesaria" para redactar un informe "de complacencia con base en afirmaciones que no eran ciertas". En su dictamen se refugiaron el regidor de El Rosario durante 32 años y la concejal de Urbanismo de aquel entonces durante sus declaraciones para justificar la aprobación de ese planeamiento en el pleno de 2004, pero la cuestión es que los tres obviaron los diversos reparos que rodearon al proyecto urbanizador.

Por un lado, la sentencia determina que actuaron con el "ánimo de eludir o dilatar todo pronunciamiento" en el que se manifestara la imposibilidad de tramitar el Plan, llegando incluso a eludir requerimientos por parte de las administraciones superiores. Por otro, Benítez, Mora y la secretaria también "promovieron, impulsaron, informaron y aprobaron" el documento en la sesión de 2004 por silencio administrativo positivo pese a ser "conscientes de la omisión de trámites esenciales", todo ello con el fin "de imponer su voluntad particular en contra del interés general que supone garantizar el cumplimiento de la normativa".

La juez recuerda que incluso María Anita Alonso se limitó a llevar a cabo "una interpretación de la normativa de aplicación muy discutible" y tiene claro que su actuación "solo pudo llevarse a cabo con la conciencia, anuencia y conocimiento de quienes, en aquel momento, se encontraban al frente de la Alcaldía y Urbanismo", ya que además "ocultó información" pese a tener constancia de los reparos puestos por la arquitecta municipal y por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac).

De la misma forma "arbitraria e intencionada", la secretaria "ocultó en su informe de 2004 la petición de paralización del expediente interesada por el Ayuntamiento", lo que sirvió para que el exalcalde y la edil aprobaran de forma ilegal el Plan refugiándose en el silencio administrativo positivo de la Cotmac. Pero la titular del Juzgado subraya que este órgano del Gobierno canario no llegó a emitir su informe preceptivo precisamente porque el regidor local solicitó a través de un fax, y acudiendo incluso a la sede, que se dejara sobre la mesa ese asunto, ya que tenía conocimiento de los informes negativos de los técnicos, tal y como señalaron durante el juicio dos de los testigos. Ante estas consideraciones, la juez ve "evidente que cuando Macario Benítez votó en el pleno de 29 de junio de 2004 a favor de la aprobación del Plan Parcial de El Varadero por silencio administrativo positivo incurrió en prevaricación en tanto que fue consciente de la arbitrariedad (...) y ello con la finalidad de mantener la calificación del suelo en dicho sector como urbanizable, en contra de las determinaciones del PIOT".

Estas actuaciones, de igual forma, "se llevaron a cabo, sin duda, contando con el consentimiento y anuencia de quien era la concejal de Urbanismo", indica la titular, que hace un repaso de las contradicciones en las que cayó Ana Lupe Mora durante el juicio.

La juez dictamina que los tres acusados "desarrollaron una conducta, como rectores municipales –en el caso del alcalde y de la edil– y como garante de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico –en relación a la secretaria– merecedora de reproche penal" y los dos primeros "se ampararon en su condición de responsables políticos para entender que desconocían las incidencias del expedientes". Subraya, sin embargo, que el hecho de que sean "políticos no les exime de responsabilidad penal y no cabe duda de que los acusados votaron a sabiendas de la injusticia y arbitrariedad de la resolución adoptada".

Por todo ello, los tres son condenados a un total de 21 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, lo que comprende la privación de los cargos electos así como la "incapacidad para obtener durante un plazo de siete años cualquier cargo o empleo público en el ámbito municipal, insular, autonómico y estatal".

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