Güímar

El juicio contra los acusados de extraer áridos de forma ilegal arranca en enero

La Fiscalía y el abogado Carlos Álvarez piden para cada empresario cinco años de cárcel y la restauración del entorno

08.10.2015 | 11:48
Imagen aérea de una de las canteras de áridos en las que se realizaron extracciones ilegales.

El juicio contra los cinco empresarios acusados de extraer áridos de forma ilegal en Güímar y causar un grave daño medioambiental ya tiene fecha: el 19 de enero de 2016. Tal y como adelantó ayer Mírame TV, será a partir de ese día y durante más de un mes cuando el presidente de los constructores de Tenerife, Antonio Plasencia, como propietario de la empresa Áridos del Sur SA; José Enrique Morales Rodríguez, representante de la entidad mercantil Hermanos Morales Martín; Francisco Javier del Rosario Fuentes, de Áridos Atlánticos SL; Fulgencio Díaz Rodríguez, responsable de Áridos Puertito de Güímar SL; y Pedro Sicilia Delgado, dueño de Extracción de Áridos Canarios SA, deberán sentarse en el banquillo. La Fiscalía provincial pide para cada uno cinco años de cárcel por este atentado medioambiental y que se hagan cargo de restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

A esta solicitud el Ministerio Público suma la inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, multa de 30 meses e inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con esta actividad durante cuatro años y el abono de las costas procesales a partes iguales, así como que indemnicen al Consejo Insular de Aguas y al Ayuntamiento por las obras que han tenido que realizar por los daños causados en el dominio público hidráulico, las vías y cualquier otro ámbito.

La Audiencia Provincial será la encargada de dictar sentencia después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Güímar solicitara a los cinco acusados, al establecer como responsables civiles subsidiarias las sociedades a las que cada uno representa, una fianza de 279,3 millones de euros con el objetivo de asegurar las posibles indemnizaciones que se deriven de estos hechos, llevados a cabo desde la década de los 90 hasta al menos 2007, tal y como advierte la Fiscalía en su escrito de acusación. Fue el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, el que presentó la querella hace unos 10 años y, por su parte, pide las mismas penas para los cinco areneros que la Fiscalía Provincial.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Güímar declaró la apertura de juicio el pasado mes de diciembre y derivó la causa a la Audiencia Provincial, la que ha dictado auto de apertura de la vista oral para entre el 19 de enero al 29 de febrero del próximo año.

El empresario Antonio Plasencia podría tener que afrontar a la vez, en estas mismas fechas, el llamado caso Las Teresitas, ya que está previsto que la primera sesión arranque también en enero, aunque oficialmente aún no hay día. Este tiene que ver con una presunta operación de corrupción relacionada con la compraventa del frente de la playa de la capital chicharrera y el proceso cuenta con un total de 13 personas investigadas, entre ellas el presidente de Federación Provincial de Entidades de la Construcción. El Juzgado de Instrucción Número 1 fija para todos ellos una fianza de 109 millones de euros y la Fiscalía solicita para este empresario cuatro años de cárcel. Así, el Ministerio Público solicita para Antonio Plasencia un total de nueve años de prisión por ambos hechos.

Respecto a la causa que tiene que ver con su papel como propietario de la empresa Áridos del Sur SA, las extracciones que tanto él como los otros cuatro investigados llevaron a cabo en los barrancos de Güímar suponen uno de los mayores atentados contra el medio ambiente de Canarias. La Fiscalía Provincial, de hecho, los acusa de cinco delitos contra los recursos naturales ya que no solo explotaron las canteras durante al menos 17 años sin las correspondientes autorizaciones, sino que además dañaron con su actividad el paisaje, el suelo y las especies que habitan en este espacio y pusieron en peligro la vida de los habitantes de los alrededores y sus fincas agrícolas al aumentar el riesgo de riada.

El Ministerio Público advierte de que el peligro "más inminente e importante" derivado de la extracción "sin control" en los barrancos de Güímar es la inestabilidad que presenta el terreno debido a la verticalidad de los taludes y a sus cercanías a linderos de cultivos y de diferentes estructuras. En el escrito que pide la apertura de juicio oral, recuerda, de hecho, que ya se han producido en algunas zonas "desplomes y derrumbes de gran importancia".

Por todos los daños causados, el Ayuntamiento calcula que los cinco acusados debería pagar a la Corporación local 209,5 millones euros. Como actor civil, la Corporación local pide esa cuantía a los empresarios ya que defiende que es "la perjudicada de la delictiva actuación" que ejecutaron.

La acusación pública sostiene que todos ellos operaron de manera "simultánea, continua y sin cobertura legal, por no contar con la totalidad de los títulos que legitimasen estas actuaciones" y recuerda que el Gobierno de Canarias conocía esa situación de ilegalidad. "Ya la Cotmac [Comisión de Ordenación del Territorio del Ejecutivo autónomo, en el año 2003 reconoce de forma expresa que, en las zonas de los barrancos de Güímar, gran parte de las explotaciones mineras allí existentes vienen operando desde hace años con clandestinidad y no cumplen con las autorizaciones preceptivas o incumplen la normativa vigente, así como que ninguna dispone de la oportuna licencia municipal", manifiesta la Fiscalía en su escrito, en el que añade además que la explotación de estos recursos se ha llevado a cabo de "manera poco ortodoxa y caótica, con extracciones diseminadas a lo largo y ancho del valle, bajo ningún control, a base de excavar enormes hoyos, algunos con más de 60 metros de desnivel, con evidente peligro para trabajadores y vecinos, advirtiéndose una importante degradación para el medio ambiente".

Pese al posicionamiento de la Cotmac, el Ministerio Público afirma que la actividad prosiguió hasta al menos 2007, cuatro años después de la advertencia de este órgano regional. La acusación pública, por su parte, lo tiene claro. Las perforaciones llegaron a sobrepasar "con mucho" lo permitido, "con el consecuente efecto de inseguridad, generación de polvo e impacto visual", lo que deriva en un "grave y progresivo deterioro ambiental".

Por estos hechos, la Sección Segunda de la Audiencia sentará en el banquillo de los acusados a los cinco empresarios durante más de un mes y declara pertinentes las pruebas propuestas por las partes acusadoras y la defensa. En este último grupo, el empresario José Enrique Morales solicita la designación de perito topógrafo judicial para que informe sobre la supuesta reanudación de las actividades extractivas en el Barranco de Barajoz en 2005.

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