Santa Cruz

El alcalde espera que el Ayuntamiento recupere el dinero que gastó en Las Teresitas

Bermúdez, ante la apertura del juicio oral, defiende la presunción de inocencia de los 13 imputados en la operación de compraventa de los terrenos realizada en 2001

01.10.2015 | 01:41
Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

Tras la apertura del juicio oral por el caso Las Teresitas, el cual se prevé que tenga lugar en enero, el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que la misión del Ayuntamiento en este procedimiento es recuperar el dinero que este gastó en 2001 en la compra de la playa. Aún así, el regidor defiende la presunción de inocencia de los 13 imputados, entre los que se encuentran el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, ambos también de Coalición Canaria, "hasta que no haya una sentencia firme". Parejo ya ha sido condenado a tres años de cárcel por el caso mamotreto (edificio de aparcamientos y locales comerciales de la Playa de Las Teresitas).

El alcalde recuerda que el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha personado en la causa penal del caso Las Teresitas como actor civil con el objetivo de conseguir el dinero que en su día se invirtió en dicha operación de compraventa. En concreto, el Consistorio chicharrero, en el escrito de acusación que presentaron sus abogados y que adelantó la opinión de tenerife en julio, reclama 82 millones de euros, de los cuales 52,5 millones corresponden a la cantidad que en 2001 fue entregada por la Corporación local, con el exalcalde nacionalista Miguel Zerolo al frente, a la empresa Inversiones Las Teresitas, de los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia. Los 29,4 millones de euros restantes se corresponden con los intereses al tipo legal computados desde que se efectuaron los distintos pagos hasta el día de la presentación de dicho escrito.

Y aunque José Manuel Bermúdez defiende la presunción de inocencia de los imputados en este caso –en el que se investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Ayuntamiento pagó 52,5 millones de euros a la empresa de González y Plasencia por 11 parcelas de la playa, 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas–, los abogados contratados por el Ayuntamiento han indicado que están conformes "con el relato de los hechos, la calificación y los autores de los delitos" expuestos en los escritos de acusación que ya han presentado el Ministerio Fiscal y la Asociación Justicia y Sociedad, en los que se piden entre cinco y ochos años de cárcel para los imputados.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz, tal y como lo adelantó ayer la opinión de tenerife, ya ha abierto el juicio oral por el caso Las Teresitas, 14 años después de que se llevara a cabo la operación de compraventa de los terrenos de la playa. En el auto de apertura del juicio, dictado el pasado 25 de septiembre, ya aparece Miguel Zerolo entre los imputados, pues la causa que se instruye contra él ha pasado del Supremo al juzgado de la capital tras perder su condición de aforado, pues el mismo dimitió como senador. La Fiscalía pide para Zerolo ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

En dicho auto, la juez María de los Ángeles Zabala exige a los 13 imputados, entre los que se encuentran exediles, empresarios y técnicos municipales, y a las entidades Inversiones Las Teresitas (empresa de Ignacio González y de Antonio Plasencia), Promotora Victoria (propiedad de González) y Promotora Punta Larga (propiedad de Plasencia) que aporten una fianza de 109,4 millones de euros. Les advierte de que si no lo hacen, se procederá entonces al embargo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir dicha suma o, en su caso, "se acreditará su insolvencia en forma".

Además de Zerolo, y tal y como ya adelantó este periódico en marzo, la Fiscalía pide también ocho años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, de CC, y cuatro años de cárcel para el resto de imputados, que son los exediles Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín; los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía y Yraola y José Luis Roca; y los empresarios Ignacio González Martín, Pedro González Santiago, Antonio Plasencia Santos y Carlos Plasencia Romero.

La juez acusa al Consistorio chicharrero de plegarse en 2001 con la operación de compraventa a los intereses de la empresa Inversiones Las Teresitas. "El Ayuntamiento de Santa Cruz afrontó un gasto muy considerable sin que existiera causa alguna que lo justificara", ha apuntado la magistrada. Y es que los servicios de la Gerencia de Urbanismo aceptaron una valoración externa de los terrenos de Las Teresitas que triplicaba la valoración realizada por una técnica propia, Pía Oramas, y la dieron por buena. Según se establece en los autos judiciales, la Corporación local pagó mucho más dinero de lo que correspondía y, además, a pesar de que varias parcelas ya pertenecían al dominio público de Costas y de que la totalidad de los terrenos podría haberse adquirido "sin coste alguno".

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