Santa Cruz

La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Zerolo por el 'caso Las Teresitas'

El Juzgado de Instrucción número 1 abre el juicio oral y da 24 horas a los 13 imputados, entre los que se encuentran exediles, técnicos y empresarios, para que aporten una fianza de 109 millones de euros

29.09.2015 | 12:23
Playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ya ha abierto el juicio oral por el caso de Las Teresitas, en el que se investiga la operación de compraventa con la que en 2001 el Ayuntamiento de la capital pagó 53 millones de euros a la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia por 11 parcelas de la playa chicharrera, 34 millones más del valor establecido por la exarquitecta municipal Pía Oramas. En el auto, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, ya aparece Miguel Zerolo, exalcalde nacionalista de Santa Cruz, entre los imputados, pues la causa que se instruye contra él ha pasado del Supremo al juzgado de la capital tras perder su condición de aforado, pues el mismo dimitió como senador. La Fiscalía pide para Zerolo ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación.

Asimismo, la juez María de los Ángeles Zabala da 24 horas a los 13 imputados, entre los que se encuentran exediles, empresarios y técnicos municipales, y a las entidades Inversiones Las Teresitas, Promotora Victoria y Promotora Punta Larga para que aporten una fianza de 109,4 millones de euros. Les advierte de que si no lo hacen, se procederá entonces al embargo de sus bienes en cantidad bastante para cubrir dicha suma o, en su caso, "se acreditará su insolvencia en forma". Además de Zerolo, y tal y como ya adelantó este periódico en marzo, la Fiscalía pide también ocho años de cárcel para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, de CC, condenado ya a tres años de prisión por el caso mamotreto (edificio de aparcamientos de Las Teresitas), y cuatro años de cárcel para el resto de imputados, que son los exediles Emilio José Fresco, del PSOE, y José Emilio García Gómez, del PP; el exgerente de Urbanismo, José Tomás Martín; los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate Peraza de Ayala, Antonio Messía y Yraola y José Luis Roca; y los empresarios Ignacio González Martín, Pedro González Santiago, Antonio Plasencia Santos y Carlos Plasencia Romero.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía exige que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la cantidad de 39,4 millones de euros por el perjuicio ocasionado a las arcas municipales. La acusación particular, formada por la Asociación Justicia y Sociedad, que pide ocho años de cárcel para cada uno de los políticos involucrados; seis para los técnicos Martín y Reyes; cinco para los técnicos Peraza, Messía y Roca, y siete años para los empresarios, exige una indemnización para el Consistorio chicharrero de 52,5 millones de euros.

En el auto con el que se declara la apertura del juicio oral –el cual podría celebrarse en enero, según prevé el abogado de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura–, también se incluyen por primera vez en este procedimiento a las Promotoras Victoria (propiedad de Ignacio González) y Punta Larga (propiedad de Plasencia) como responsables civiles junto a Inversiones Las Teresitas (empresa de González y Plasencia), tal y como lo solicitó el Ayuntamiento de Santa Cruz. Los abogados del Consistorio chicharrero indicaron en el escrito de acusación, también adelantado por la opinión de tenerife en julio, que "no hay dudas de que las tres sociedades resultaron beneficiadas del ilícito penal objeto de la acusación contra sus administradores y apoderados, quienes las utilizaron para ingresar la totalidad del dinero que percibieron del Ayuntamiento en 2001 por la operación de compraventa de la playa".

Por lo tanto, y aunque la operación solo ser realizó entre la Corporación local en Inversiones Las Teresitas, el Ayuntamiento considera que las otras dos empresas también son responsables civiles en este caso por haberse beneficiado del dinero obtenido. El Consistorio exige una indemnización de más de 82 millones de euros y está de acuerdo "con el relato de los hechos, la calificación y los autores de los delitos" expuestos en los escritos de acusación presentados por el Ministerio Fiscal y por la Asociación Justicia Sociedad, en los que se piden entre cinco y ocho de años de cárcel para los 13 imputados.

Estos tienen ahora un plazo de 45 días para que presenten escrito de defensa frente a la acusación formulada. La juez aclara que contra este auto, con el que se abre el juicio oral por el caso Las Teresitas, ya no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal del acusado, en cuyo caso se permite recurso de reforma en el plazo de tres días. La juez ha considerado que hay indicios de que se pudo haber cometido delitos de prevaricación y malversación de fondos en la operación de compraventa de los terrenos del frente de la playa chicharrera.

Es más, la juez acusa al Consistorio de plegarse en 2001 con esta operación a los intereses de la empresa Inversiones Las Teresitas. "El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife afrontó un gasto muy considerable sin que existiera causa alguna que lo justificara", ha apuntado la magistrada. Y es que los servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo aceptaron una valoración externa de los terrenos de Las Teresitas que triplicaba la valoración realizada por una técnica propia, Pía Oramas, y la dieron por buena. Según se establece en los autos judiciales, el Consistorio pagó mucho más dinero de lo que correspondía y, además, a pesar de que varias parcelas ya pertenecían al dominio público de Costas y de que podrían haber adquirido la totalidad "sin coste alguno".

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