El Cabildo sanciona a casi 200 empresas por transportar turistas de manera ilegal

La Institución detecta en los últimos meses a personas de origen rumano que carecen de permiso de residencia y alquilan vehículos para trasladar a visitantes sin autorización

26.09.2015 | 23:25

El Cabildo de Tenerife ha sancionado a casi 200 empresas en menos de dos años por transportar turistas de manera ilegal. Se trata de un tipo de intrusismo profesional contra el que lucha la Corporación insular en colaboración con la Guardia Civil, las policías locales e Inspección de Trabajo, con el fin de poner fin a esta problemática. Según recoge el Plan de Inspección de Transportes de Canarias para este ejercicio, en los últimos años han proliferado este tipo de servicios sin autorización y, en el caso de la Isla, la Institución ha detectado en los últimos meses personas de nacionalidad rumana que alquilan vehículos para trasladar a los visitantes sin el correspondiente permiso, tal y como recoge un informe elaborado por el servicio de Movilidad y Proyectos Estratégicos.

Estas prácticas se realizan sobre todo en el Sur y durante el pasado ejercicio, los agentes y los cuatro inspectores dependientes del Cabildo realizaron 45 controles a través de los que revisaron centenares de vehículos. La mayoría de ellos tuvieron lugar en el Aeropuerto Reina Sofía (21), pero a estos se suman los 12 llevados a cabo por la Guardia Civil de Tráfico, los nueve de la Policía Local de Adeje, dos por Inspección de Trabajo y uno por los efectivos de Santiago del Teide. A raíz de ese casi medio centenar de intervenciones, la Corporación insular abrió 41 actas de infracciones.

Entre enero y el pasado mes de agosto, ya se han hecho casi la misma cantidad de controles que en todo el ejercicio pasado (41) y más de la mitad tuvieron lugar en el aeródromo (15), lo que ha derivado en 25 empresas ilegales sancionadas por la Institución tinerfeña.
Todas estas cifras solo están relacionadas con los vehículos con menos de nueve plazas y es precisamente en los de mayor ocupación donde se registran más actividades irregulares. De acuerdo a los datos aportados por el servicio de Movilidad del Cabildo, durante 2014 se abrieron 101 expedientes, mientras que en lo que va de ejercicio ya van por los 31. Si se tienen en cuenta todas las actas de infracción entre enero del año pasado y agosto, la Corporación ha multado a 198 entidades. Del total, 132 usaban micros y guaguas para transportar a los turistas y 66 utilizaban coches.

El director insular de Movilidad, Manuel Ortega, explica que el intrusismo –cuando una persona se dedica a transportar turistas cobrándoles un precio individual sin tener permiso– no solo afecta al sector del taxi, sino también al transporte discrecional turístico "en pleno".
"Ahí se juntan varias cosas", asegura Ortega. Por un lado, el permiso administrativo para prestar esta oferta lo pueden tener taxistas, agencias de viajes para llevar a sus clientes al hotel o a una excursión –aunque en estos casos no se le puede cobrar porque el precio va en el paquete turístico– y en tercer lugar un servicio que es nuevo: el de ocio y turismo. Se trata de empresas que normalmente ofrecen actividades deportivas y que reciben el consentimiento por parte de las administraciones públicas para poder trasladar a clientes y los correspondientes materiales que necesiten para realizar un turismo activo, como parapente e inmersiones con bombona, por ejemplo. Para estos casos, Ortega detalla que el Cabildo ya ha concedido 80 tarjetas.

Si bien el director insular manifiesta que los propios taxistas tienen "su propia guerra", porque consideran que "es un error" permitir la entrada en el sector a otro tipo de colectivo, el responsable del área establece una diferencia clara entre estos grupos (intrusismo legal) y los que no cuentan con autorización para poder prestar este tipo de servicios (el ilegal).

Es a través de los controles realizados por los inspectores y agentes cuando se ha comprobado que los conductores que ejercen la actividad en contra de la normativa intentan ofrecer una imagen de normalidad. Durante esas revisiones, el servicio de Movilidad que dirige Ortega afirma en su informe que los pasajeros "no son clientes, sino amigos, pero la situación real difiere mucho", ya que el personal se ha percatado de que continúan haciendo traslados continuos con un mismo vehículo o bien "se constata que los conductores incluso desconocen el nombre de las personas que han denominado como amigos, indicios de que estamos ante una actividad ilegal no ampara por autorización administrativa alguna".

"Eso es intrusismo ilegal. Rumanos que van a una empresa de coches de alquiler, lo alquilan un mes y desde una web creada en Rumanía venden un servicio de transfer", como, por ejemplo, "desde el aeropuerto al hotel, cuatro personas, por 15 euros", declara el director insular. Según detalla, estas personas dan de alta la página desde su país de origen e incluso emiten la factura y el contrato desde allí. "El problema es que el cliente, por internet, no sabe dónde está comprando el servicio e imprime la reserva". Entonces, cuando llega al aeródromo tinerfeño, "encuentra al señor con un cartel y sube". "Eso es totalmente ilegal. El rumano da apariencia de legalidad, porque da un volante, el coche es de alquiler... Hace lo posible por aparentar una situación como mínimo alegal, pero es ilegal directamente".
Cuando los inspectores o agentes los detectan, se le requisa el coche y el Cabildo sanciona pero "como son personas que no está dada de alta y ni siquiera residen oficialmente en la Isla, al día siguiente van a otro rent a car y vuelven al negocio". En estos casos, ¿qué hace el Cabildo? Se lo dice a la Policía Local correspondiente, Guardia Civil e Inspección de Trabajo.

Ortega indica que "últimamente" son personas de nacionalidad rumana las que llevan a cabo estas prácticas ilegales, ya que es un "modus operandi que comparten entre ellos". "Su país no tiene una legislación armonizada con el resto de Europa en materia de transporte y preferentemente trabajan en el Sur, en el 90% de los casos", especifica.

"A veces, incluso, los conductores pagan dinero a los recepcionistas de los hoteles para que los dejen operar allí, bien sea para llevar a los clientes al aeropuerto y porque los turistas quieren hacer alguna actividad de ocio o de recreo y necesitan transporte". En la mayoría de estas situaciones, "son los propios taxistas los que dan la voz de alarma", y entonces es cuando se realizan los controles sorpresa.
Casi todas las actas de infracción concluyen en que se incautan los vehículos durante un mínimo de seis meses y en ocasiones también la propia oficina, y la persona es denunciada ante los tribunales. "Si no paga la multa, el Consorcio de Tributos embarga la empresa". La cantidad a pagar por ejercer esta actividad ilegal oscila entre los 1.000 y los 4.600 euros.

El Cabildo cuenta con medios desde 1998 para hacer frente al intrusismo y en la actualidad dispone de cuatro inspectores y dos automóviles. El director insular de Movilidad considera "proporcionado" el personal y alude a las cifras para defenderlo. De los 45 controles hechos en 2014, se multaron a 41 empresas, así que no le parece "que esté fuera de control".

De todas formas, según declara, esta actividad, "comparada con el tamaño del sector, es mínima". "El intrusismo existe pero, comparándolo con la magnitud del sector del transporte no es un problema que ponga en riesgo al sector. Es una práctica ilegal que hay que extirpar, pero el Cabildo, junto a las policías locales, la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo, llevamos años atacando eficazmente", sentencia.

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