La Laguna

Sin desahucios en las casas públicas

La medida, rubricada por el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional, beneficiará a los vecinos de las 119 viviendas de San Matías, que deben a Visocan 85.000 euros de alquileres

25.09.2015 | 00:43
De izq. a dcha. el director general de Vivienda, José Gregorio Pérez; el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, y la edil de Servicios Sociales, Flora Marrero.

Ninguna familia con dificultades económicas que le impidan asumir el pago del alquiler de una vivienda pública será desahuciada en La Laguna. Ese fue uno de los compromisos que rubricaron ayer el alcalde lagunero, José Alberto Díaz, y el director del Instituto Canario de la Vivienda, José Gregorio Pérez. La medida beneficiará a los ocupantes de las 1.002 viviendas que tiene la empresa pública Visocan en el municipio, entre ellas 119 del barrio de San Matías, en Taco, donde la semana pasada los vecinos se manifestaban para pedir rebajas en los precios de sus alquileres, que oscilan entre los 200 y 300 euros mensuales, al verse incapaces de pagarlos, dado que la mayoría están en el paro, tienen hijos menores a cargo, y sus ingresos se limitan a ayudas sociales que no superan los 400 euros.

Según apuntó José Gregorio Pérez, en estos edificios de San Matías, que se concedieron hace dos años, hay 30 inquilinos que deben más de 1.000 euros de alquileres, entre ellos algunos adeudan 21 de las 22 mensualidades que deberían haber abonado en este periodo. No obstante, el director general de Vivienda apuntó que los vecinos de esta promoción deben en total a Visocan alrededor de 85.000 euros.
Para estudiar los motivos de esta morosidad, la Comunidad Autónoma ha encargado a los Servicios Sociales municipales que realicen un análisis de cada familia. Esa información será compartida por ambas administraciones en una mesa de trabajo que quedó constituida ayer y la que se decidirá si las familias necesitan que se cambie su contrato para adaptarlo a su situación económica. Pérez también indicó que se estudiará "la viabilidad jurídica" de cambiar el régimen de esta promoción.

Visocan compró los edificios de Residencial Tagoror con un crédito hipotecario que el Gobierno esperaba pagar, aunque sea en parte, con lo que se recaudara de los alquileres. Por eso se concedieron en régimen general, y no como pisos de protección oficial. Lo único que hizo la administración fue fijar un precio un poco por debajo del que había en el mercado libre. Pérez detalló que, según la normativa, si estos fueran alquileres sociales no podrían superar, en ningún caso, el 12% de los ingresos de la unidad familiar. En cambio, en San Matías, se da la paradoja de que algunos inquilinos reciben al mes 360 euros de ayuda social y deben pagar a Visocan 300 euros de alquiler, recordó Carlos García, portavoz de los vecinos de este barrio de Taco, que ayer también compareció ante los medios junto a José Gregorio Pérez, José Alberto Díaz y la concejal de Servicios Sociales de La Laguna, Flora Marrero.

El alcalde y el responsable regional de Vivienda también acordaron que se pondrán a disposición de las familias necesitadas las ayudas municipales al alquiler y cualquier otro tipo de recurso asistencial que pueda brindar el Gobierno canario ya sea a través de las empresas de vivienda Visocan (del Ejecutivo regional) o Muvisa (de La Laguna). A través de estas empresas también se acometerán las obras de mejora y rehabilitación que sean necesarias en los edificios. En San Matías, los vecinos se quejaban días atrás de que sus hogares tienen humedades, que las paredes no tienen ningún tipo de aislamiento y de que al tener patios interiores sin techar, cuando llueve los pasillos se llenan de agua y sus viviendas se inundan. También mencionaron que Visocan tardó varios días en arreglar los portones eléctricos de los garajes, lo que les impidió sacar sus coches.

En respuesta a esas reclamaciones, José Gregorio Pérez aseguró ayer que Visocan ha recibido 760 solicitudes de arreglos de los edificios de San Matías, de las que 699 fueron atendidas y el resto desestimadas. Asimismo, apuntó que el Gobierno dispone de una partida de 45.000 euros para el mantenimiento de estos inmuebles.

"No se trata de una operación de maquillaje, realmente queremos afrontar y solucionar los problemas que tienen estas familias", recalcó el portavoz del Ejecutivo canario.

En La Laguna hay un parque público de 1.600 viviendas en alquiler, la mayoría en régimen de tipo social, que tienen una cuantía de alrededor de 50 euros al mes.

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